Dueña de un campo en Ruta 12 niega el corte y denuncia robos y amenazas
Actualidad19/03/2026
Sergio BustosEl conflicto en torno a un tramo de la Ruta 12, camino a Gualjaina, sumó una nueva voz en medio de versiones cruzadas. Luciana Zárate, co-propietaria del campo donde se ubica el acceso, salió a responder públicamente y negó que exista un corte del camino.
La mujer sostuvo que el paso no está interrumpido y que la situación fue informada a distintas autoridades. “Nunca se cortó la ruta 12, informe a las autoridades como el juzgado de paz, la policía y vialidad provincial”, afirmó.
El caso generó repercusiones en redes sociales, donde circularon críticas hacia los propietarios del campo. Frente a eso, Zárate rechazó las acusaciones y cuestionó la forma en que se instaló el tema. “Cuando hablan de terrateniente no sé de adónde sacan. Somos gente trabajadora”, expresó.
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En su relato, también hizo referencia a un conflicto puntual con otra familia de la zona. Según indicó, mantienen problemas con la familia Castillo, lo que suma tensión a una situación que ya generaba controversia.
Sobre el acceso al lugar, explicó que existe un portón, pero aclaró que no está bloqueado. “El portón está abierto sin candado”, dijo, al intentar despejar dudas sobre una posible restricción de circulación.
La preocupación de la propietaria no se limita al conflicto territorial. Zárate aseguró que el clima generado en redes sociales le provoca temor. “Hoy no me siento protegida, los comentarios en las redes dan miedo”, manifestó.
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Otro de los puntos que planteó es la situación legal del camino. Según explicó, el tramo en cuestión no fue expropiado formalmente por el Estado. “No está expropiado el camino, el asfalto está en nuestro campo y cuando sea expropiado se llegará a un acuerdo con el Estado”, señaló.
En ese contexto, justificó la colocación de una tranquera en el lugar. Aseguró que la medida responde a hechos delictivos que vienen afectando al establecimiento. “Armamos la tranquera porque nos han robado más de 30 animales”, indicó.
El caso deja expuesta una disputa que combina reclamos de acceso, conflictos entre particulares y cuestionamientos en el plano público. Mientras tanto, la situación continúa abierta y bajo la mirada de las autoridades.
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