El fiscal sostuvo que el proceso administrativo condicionó decisiones clave y defendió el manejo de la información sensible en la investigación.
Fiscal Taiano
El fiscal federal Eduardo Taiano salió a dar explicaciones sobre el ritmo de la causa en la que interviene y atribuyó las demoras a un factor externo que condicionó el avance de algunas medidas. En un contexto de cuestionamientos, el funcionario buscó aclarar el estado del expediente y el criterio adoptado durante la investigación.
Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, indicó que el proceso se vio impactado por un sumario administrativo dispuesto por el procurador general Eduardo Casal. Según planteó, esa instancia obligó a revisar decisiones y a suspender acciones en curso.
El fiscal explicó que uno de los puntos centrales de la causa fue el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados, una tarea que quedó a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Ese trabajo técnico demandó tiempos específicos antes de poder avanzar con conclusiones.
En ese marco, detalló que el 17 de noviembre de 2025 se elaboró un informe preliminar que no contenía resultados definitivos. “Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador”, señaló, al justificar la reserva de esa información en una etapa inicial.
Posteriormente, el informe final fue elevado a la fiscalía el 13 de enero de 2026 y quedó incorporado al sistema judicial el 24 de febrero, momento en el cual las partes tuvieron acceso a su contenido. Ese proceso, según explicó, se completó antes de la difusión pública de documentación vinculada a la causa.
Otro de los puntos abordados por Taiano fue la citación de la periodista Natalia Volosin, una medida que generó repercusiones en el ámbito judicial y mediático. El fiscal aclaró que la convocatoria respondió a un pedido de una de las partes querellantes.
“La citación testimonial no tuvo otra finalidad que hacer lugar a una medida solicitada”, indicó, al intentar desactivar cuestionamientos sobre el alcance de esa decisión dentro del expediente.
Sin embargo, esa medida fue dejada sin efecto tras conocerse la apertura del sumario administrativo por parte de la Procuración. La investigación por la presunta filtración de información quedó radicada en otro juzgado federal.
El sumario, identificado como Res PER 171/2026, abrió una nueva línea de investigación sobre posibles irregularidades en el manejo de documentación sensible. Este escenario impactó directamente en el desarrollo de la causa principal.
Taiano sostuvo que todas las decisiones adoptadas buscaron preservar la integridad del proceso y garantizar las condiciones necesarias para avanzar sin afectar derechos. En ese sentido, defendió el manejo de la información en etapas clave de la investigación.