La situación que involucra al abogado Martín Castro sumó un nuevo capítulo con fuertes repercusiones dentro y fuera del ámbito judicial. Mientras avanza la investigación penal, desde la Fiscalía de Estado no solo confirmaron medidas internas, sino que además plantearon la necesidad de que intervenga el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Trelew.
El fiscal de Estado, Andrés Meiszner, fijó una postura clara sobre el caso y dejó en evidencia la gravedad institucional del hecho. Castro formaba parte del organismo desde hace más de una década y tenía un rol activo en causas penales donde la Provincia intervenía como querellante. Esa trayectoria quedó abruptamente interrumpida tras conocerse la denuncia.
“Obviamente que, al tomar conocimiento de esa situación, lo que corresponde es una investigación y el inicio del sumario, por una falta ética, y también se lo ha suspendido sin goce de haberes por 30 días”, explicó Meiszner. La medida, según indicó, podría extenderse hasta los 90 días en función del avance administrativo y judicial.
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El expediente interno ya está en marcha y, en paralelo, se desarrolla una investigación penal encabezada por el fiscal Rodríguez. El desenlace de esa causa será determinante para definir el futuro laboral del abogado dentro del organismo, donde por ahora quedó completamente apartado de sus funciones.
Las causas en las que intervenía Castro ya fueron reasignadas a otro profesional del equipo. “El doctor Castro obviamente no puede actuar de aquí en adelante”, señaló Meiszner, dejando en claro que la desvinculación operativa es inmediata mientras se esclarecen los hechos.
El impacto del caso también se sintió dentro del propio ámbito profesional. Según el fiscal de Estado, hubo una reacción interna entre colegas que consideraron inapropiado el comportamiento atribuido al abogado. “No es una actitud digna en el ámbito de la profesión, sus compañeros de trabajo así me lo han hecho saber”, sostuvo.
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Uno de los puntos que abre otra línea de análisis es el ámbito en el que habría ocurrido el hecho denunciado. Castro tenía habilitada la posibilidad de ejercer de manera privada, ya que su matrícula no estaba restringida. Sin embargo, desde el organismo entienden que lo ocurrido trasciende esa esfera.
“La tramitación de lo que surge en los videos es un accionar o el ejercicio de la profesión en el ámbito privado, que obviamente también repercute en el ámbito público”, explicó Meiszner. Esa conexión es la que, según su visión, justifica la intervención de otros organismos.
En ese sentido, fue directo al señalar quién debería avanzar en el plano profesional. “Quien debería actuar es el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Trelew”, afirmó, marcando un nuevo frente institucional en el caso. Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento público del Colegio, una ausencia que genera interrogantes dentro del ámbito judicial y profesional.
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El origen de la causa está vinculado a material audiovisual y al testimonio de una mujer que se presenta como víctima. “Surge del video y de la propia víctima, que es la señora que es la víctima del accionar”, indicó el fiscal de Estado, sin brindar mayores detalles por el carácter de la investigación.
Con el sumario administrativo en curso, una causa penal abierta y la posibilidad de sanciones profesionales, el caso Castro sigue escalando. La falta de definición del Colegio de Abogados agrega incertidumbre en un escenario donde las decisiones institucionales empiezan a ser observadas con mayor atención.
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