La Ley de Glaciares en Diputados entre cupos, reclamos y una pulseada judicial
Política25/03/2026
REDACCIÓNLa discusión arranca este miércoles con una audiencia presencial limitada, otra jornada remota y una fuerte disputa por quiénes podrán hablar y cómo.
La reforma de la Ley de Glaciares llega este miércoles a la Cámara de Diputados envuelta en un conflicto que excede el contenido del proyecto y se mete de lleno en la forma en que el Congreso decidió escuchar a la sociedad. La primera audiencia pública abrirá con un número alto de expositores, pero también con límites que ya encendieron críticas de la oposición y de organizaciones ambientalistas. El punto más sensible no pasa solo por la reforma aprobada en el Senado, sino por el modo en que se organizará una participación que desbordó todas las previsiones.
El dato que ordena la escena es contundente: hubo más de 100 mil inscriptos, aunque el esquema definido por La Libertad Avanza solo permitirá exposiciones orales a una parte mínima de ese universo. Para la jornada presencial de hoy quedaron habilitados 200 oradores, mientras que mañana otros 200 participarán en una audiencia remota. El resto deberá intervenir por escrito o mediante videos cargados en una plataforma, una salida que dejó abierto un fuerte cuestionamiento político y jurídico.
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Esa discusión ya tiene, además, un frente abierto en los tribunales. Una de las cautelares presentadas por particulares para frenar las reuniones públicas ya fue rechazada, pero todavía seguía sin resolución otra presentación impulsada por organizaciones ambientalistas. Así, el arranque de las audiencias no solo aparece marcado por la tensión parlamentaria, sino también por una disputa judicial que acompaña el debate desde antes de que comience la primera exposición.
El oficialismo ratificó anoche que solo podrán hablar en la sala quienes recibieron la notificación formal por correo electrónico. Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, confirmaron que el ingreso a la Cámara de Diputados se habilitará desde las 9 de la mañana por la esquina de Mitre y Riobamba. En esa comunicación también remarcaron que “solo podrán ingresar a la sala de la audiencia las personas que han sido fehacientemente notificadas”, una definición que condensó el criterio restrictivo con el que se organizaron estas jornadas.
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La misma publicación oficial dejó en claro que el Congreso buscará sostener un esquema acotado también hacia adentro del recinto. Allí se indicó que “la actividad será transmitida por los medios oficiales de la Cámara y contará con la cobertura de la prensa acreditada”, y además se recordó que “todos los diputados tendrán acceso a la sala”. Al mismo tiempo, se pidió a los bloques que reduzcan el número de asesores, con el argumento de garantizar espacio para expositores y legisladores dentro de una jornada que se prevé extensa y con alta presión política.
La administración del tiempo será otro foco de tironeos durante el día. Cada expositor contará con cinco minutos como máximo, una regla que obligará a las autoridades de las comisiones a llevar un control estricto si pretenden que hablen cerca de 200 personas de las 24 jurisdicciones en una sola jornada. Esa limitación no aparece como un detalle técnico menor: para varios sectores opositores y para organizaciones inscriptas, el problema no reside únicamente en cuántos pueden ingresar, sino también en cuánta voz real tendrá cada una de esas intervenciones.
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Por eso, el primer tramo de la audiencia promete una discusión procedimental antes incluso de que se entre de lleno en el contenido de la reforma. Provincias Unidas, Unión por la Patria y la izquierda ya anticiparon que reclamarán una ampliación de las audiencias públicas y cuestionarán la cantidad de oradores habilitados. El oficialismo, sin embargo, mantuvo sin cambios las fechas previstas para el 25 y 26 de marzo, a pesar de esos pedidos y de la magnitud de la inscripción.
Fuera del Congreso, la jornada también tendrá impacto en la circulación y en el clima de calle. Desde la mañana se anunciaron cortes de tránsito a cargo de fuerzas federales en varios cruces clave de la zona, entre ellos Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina, Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, Avenida Rivadavia y Sarandí, Riobamba y Mitre, y Avenida Callao y Mitre. A eso se sumará por la tarde una marcha de organizaciones ambientalistas que ven insuficiente el formato elegido y que también vienen reclamando una extensión del proceso de participación.
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El expediente judicial más reciente que quedó sin efecto había recaído en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo de Enrique Regeuira, quien rechazó la medida solicitada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto con la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis. En paralelo, otro planteo ingresó en el Juzgado Contencioso número 7, donde interviene Enrique Lavié Pico, y hasta el inicio de la jornada todavía no había pronunciamiento. Esa segunda presentación, impulsada por entidades ambientales, buscó frenar una dinámica que consideran insuficiente para una discusión de esta dimensión.
Entre quienes recurrieron a la Justicia figuran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace. En su pedido solicitaron que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma aprobada por el Senado. Con ese reclamo de fondo, la primera jornada no arranca solamente como una audiencia legislativa más: empieza bajo una presión simultánea de cupos, reglamento, tribunales, calles cortadas y una pregunta política que el oficialismo deberá administrar desde el minuto uno.
Fuente: NA.
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