Un fallo sacude la causa ambiental en San Antonio: Nación ya no seguirá con el saneamiento

Actualidad25/03/2026Sergio BustosSergio Bustos

La causa por la contaminación con residuos de plomo en San Antonio Oeste entró en una nueva etapa tras una decisión judicial que cambia el escenario de responsabilidades. El Juzgado Federal de Viedma resolvió que el Estado nacional ya no deberá continuar ni finalizar las tareas de remediación en las zonas que aún presentan impacto ambiental. La medida impacta directamente en un proceso que lleva años sin una solución definitiva.

frenan remediacion
Frenan remediacion en SAO.

El expediente se había iniciado en 2018 a partir de una acción colectiva impulsada por vecinos de la zona. Más de mil firmas respaldaron el reclamo para exigir una limpieza integral del área afectada por la actividad de una antigua fundición. Desde entonces, el caso atravesó distintos tribunales y llegó incluso a la Corte Suprema.

En 2024, el máximo tribunal ordenó revisar el tratamiento del expediente al considerar que no existía cosa juzgada. Esa decisión reactivó el proceso y derivó en el reciente fallo que redefine el rol del Estado nacional. La resolución no cierra el conflicto, pero sí modifica quiénes quedan obligados a intervenir.


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La situación ambiental en la localidad sigue siendo un tema sensible. Sectores con presencia de metales pesados continúan generando preocupación entre los habitantes, que desde hace años reclaman una solución definitiva. La ausencia de un responsable claro para completar el saneamiento abre ahora un nuevo escenario de incertidumbre.

En ese contexto, se convocó a un encuentro informativo abierto a la comunidad. Será el sábado 21 de marzo al mediodía en la Casa de la Cultura de Las Grutas, en el marco del Festival de Aves Playeras. Allí, el defensor oficial que interviene en la causa explicará los alcances de la sentencia.

“Es la primera vez que el defensor público de la justicia federal que se desempeña en Viedma va a estar en la localidad. Nos pareció fundamental que sea él quien explique el proceso y el alcance del fallo, para que toda la comunidad pueda comprender qué ha pasado y cómo se continúa”, señaló Mirta Carbajal, integrante de la Fundación Inalafquen.


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La referente también repasó el origen del conflicto judicial. “Quedó inconclusa la remediación total del pasivo ambiental generado por los residuos de la fundición de plomo. Ante esa situación, presentamos el amparo, que no fue concedido de inmediato, y a partir de allí se sucedieron apelaciones y distintas instancias judiciales”, explicó.

El fallo llega después de años de avances y retrocesos en las tareas de saneamiento. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando la empresa contratada para ejecutar la remediación abandonó las obras sin completar los trabajos previstos. Ese hecho fue el detonante del reclamo judicial que aún sigue abierto.

Mientras tanto, existe otra causa en la justicia provincial que también involucra la problemática ambiental en la zona. Se trata del traslado de material presuntamente contaminado desde una cantera clausurada que fue utilizado en obras públicas locales.


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“Se trataba de material que debía permanecer intocado por su contaminación con metales pesados. Además, estaba ubicado frente a establecimientos educativos, lo que implicaba un riesgo sanitario importante”, advirtió Carbajal. La intervención judicial permitió frenar esas tareas y ordenar la restitución del material.

La medida obligó a retirar lo que ya había sido esparcido y devolverlo a su lugar original, además de cubrir las áreas afectadas con suelo limpio bajo control técnico. A pesar de esa intervención, todavía quedan dudas sobre eventuales responsabilidades dentro del ámbito estatal.

“Se habrían vulnerado fallos judiciales y expuesto a la población a riesgos sanitarios. Sabemos que hubo presentaciones en la justicia, pero no hemos tenido novedades recientes sobre el avance de esas actuaciones”, agregó la integrante de Inalafquen.

La resolución federal no clausura el conflicto ambiental en San Antonio Oeste. Por el contrario, abre una nueva etapa en la que se redefinen obligaciones y se reactivan preguntas sobre cómo se resolverá un problema que lleva décadas sin solución definitiva.

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