Quieren borrar decenas de leyes y ya preparan un proyecto que puede cambiar cómo funciona el Estado
Política25/03/2026
REDACCIÓNEl Gobierno busca eliminar normas que considera inútiles o desactualizadas. La iniciativa vuelve al Congreso en medio de otras reformas.
Una discusión poco visible pero de alto impacto vuelve a tomar forma en la agenda oficial. El Gobierno prepara el regreso de un proyecto que apunta directamente a la base del sistema legal, con la intención de eliminar decenas de normas que considera innecesarias.
La propuesta, conocida como Ley de Hojarasca, plantea una limpieza profunda del entramado normativo. El objetivo es quitar del medio leyes que ya no tienen aplicación, que quedaron superadas por cambios tecnológicos o que generan trabas en la vida cotidiana.
El plan no es nuevo, pero vuelve a escena tras un intento fallido en 2024. En ese momento, el proyecto no logró avanzar en el Congreso, y ahora el oficialismo busca reinstalarlo dentro de un paquete más amplio de reformas.
Desde el Ejecutivo sostienen que el problema no es menor. Señalan que el país acumuló durante décadas una gran cantidad de normas que generan costos, trámites y conflictos judiciales, tanto para ciudadanos como para empresas.
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En ese diagnóstico aparece una idea central sobre el funcionamiento del sistema legal. Según el planteo oficial, la sobrecarga normativa termina invirtiendo el principio constitucional que indica que todo lo que no está prohibido está permitido.
El proyecto contempla distintos tipos de derogaciones. Entre ellas, se incluyen leyes sin aplicación práctica, normas que quedaron obsoletas por el avance tecnológico y disposiciones que responden a contextos históricos ya superados.
También aparecen regulaciones vinculadas a libertades individuales. El texto apunta a eliminar normas que establecen restricciones sobre reuniones privadas, circulación o expresiones culturales, muchas de ellas originadas en períodos autoritarios.
Otro de los focos está puesto en estructuras administrativas sin función real. La iniciativa propone eliminar leyes que sostienen organismos inexistentes o mecanismos burocráticos que ya no cumplen ningún rol concreto.
Además, el proyecto prevé revisar disposiciones sanitarias que no se ajustan a estándares actuales. En ese sentido, busca actualizar el marco legal en áreas donde las normas quedaron desfasadas frente a nuevas prácticas y derechos.
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El Gobierno plantea que este proceso también tiene un impacto económico. Considera que muchas regulaciones imponen costos innecesarios, al exigir autorizaciones o controles que no aportan valor en la actividad productiva.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que apunta a reducir la intervención estatal. En ese esquema, el derecho aparece como una herramienta para garantizar libertades y no como un sistema de restricciones.
El proyecto se integra a una agenda legislativa más extensa. Junto con la Ley de Hojarasca, el oficialismo analiza avanzar con reformas en materia penal, propiedad privada y otras normas vinculadas a tierras, expropiaciones y manejo del fuego.
En paralelo, el escenario político muestra tensiones y negociaciones abiertas. Algunas iniciativas avanzan con mayor impulso, mientras que otras, como la reforma política, quedan en evaluación a la espera de acuerdos.
La discusión por la eliminación de leyes no solo abre un debate técnico, sino también político. El alcance final de la propuesta dependerá del tratamiento en el Congreso y de los consensos que logre construir el oficialismo.
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