Marihuana, cocaína, un celular, un cargador y tarjetas prepagas aparecieron en la Alcaidía

Marihuana, cocaína, un celular, un cargador y tarjetas prepagas aparecieron cerca del acceso al área de talleres y activaron una pesquisa federal.

Una bolsa encontrada dentro del perímetro sensible de la alcaidía de Puerto San Julián alteró la rutina del lugar por una razón concreta: no contenía un solo elemento irregular, sino un conjunto que mezclaba droga, comunicación y acceso telefónico. El hallazgo apareció en las inmediaciones del portón de ingreso al sector de talleres, un punto que por su ubicación obligó a mirar el episodio no solo como un secuestro de sustancias, sino también como una señal de vulnerabilidad operativa dentro del predio. La secuencia quedó desde el comienzo bajo observación porque lo encontrado combinaba objetos que, juntos, agravan cualquier intento de ingreso clandestino a un establecimiento de este tipo.

El episodio se conoció cuando personal penitenciario detectó una bolsa de polietileno sospechosa en un área cercana al acceso principal y dio aviso para que se activara el procedimiento. A partir de esa advertencia intervino la División Narcocriminalidad de Puerto San Julián, dependiente del Departamento de Investigación del Delito Organizado de la zona centro, que avanzó sobre la inspección del contenido. La localización del paquete fue uno de los datos más delicados del caso, porque no apareció en un sector cualquiera, sino en una zona próxima a uno de los accesos vinculados con la circulación interna.

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Cuando los efectivos revisaron la bolsa, la escena dejó de ser una sospecha imprecisa y pasó a tener un inventario concreto. En el interior encontraron un teléfono celular, un cargador, cinco tarjetas prepagas y doce envoltorios con sustancias de dudosa procedencia, elementos que fueron secuestrados para su posterior análisis. Esa combinación reforzó la gravedad del episodio, ya que no se trataba únicamente de estupefacientes, sino también de recursos que podían sostener comunicación y uso de líneas móviles.

La intervención federal entró en juego después de ese primer secuestro. Por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada Federal de Caleta Olivia, se realizaron pericias sobre las sustancias encontradas para determinar con precisión de qué se trataba y cómo debía encuadrarse el caso. El expediente empezó a moverse así en una doble dirección: por un lado, la identificación material de lo hallado; por otro, la búsqueda de responsabilidades por el intento de ingreso.

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Los resultados de esos análisis terminaron de darle forma penal al hecho. Ocho de los doce envoltorios contenían una sustancia vegetal verde amarronada compatible con marihuana, mientras que los cuatro restantes tenían una sustancia pulverulenta blanca que dio positivo para cocaína. Con esa confirmación, el paquete dejó de ser un hallazgo sospechoso y pasó a constituir prueba concreta de la presencia de dos tipos de droga en un mismo intento de introducción.

El dato de las sustancias no quedó aislado del resto del contenido, y ahí aparece uno de los puntos más sensibles del episodio. La presencia simultánea de marihuana, cocaína, un celular, un cargador y tarjetas prepagas empujó la lectura del caso hacia una maniobra más amplia que la simple circulación de droga, porque el paquete reunía también herramientas asociadas a la conectividad y al uso telefónico. Esa particularidad no cierra por sí sola el sentido completo del intento, pero sí amplía el alcance del problema que ahora investiga la Justicia federal.

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La causa quedó encuadrada como “presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas N.º 23.737”, una calificación que marca el marco legal desde el cual avanzan las actuaciones. Esa definición no implica todavía una reconstrucción cerrada del recorrido previo de los elementos, pero sí ordena el expediente bajo competencia federal y fija la naturaleza del hecho investigado. En esa instancia, el hallazgo ya no depende de una valoración administrativa interna, sino de una pesquisa penal con intervención especializada.

También quedó asentado que el lugar del hallazgo fue un sector cercano al acceso del área de talleres, un dato que modifica el peso del episodio dentro de la estructura penitenciaria. No es lo mismo secuestrar objetos prohibidos en un punto impreciso del entorno que encontrarlos próximos a un sector de ingreso o circulación, porque esa ubicación obliga a revisar no solo quién pudo haber dejado la bolsa, sino también bajo qué ventana de oportunidad se produjo la maniobra. Por eso la investigación no se agota en el contenido del paquete y mira con atención el punto exacto donde apareció.

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Por ahora, el expediente sigue abierto y con una parte central todavía sin respuesta pública: el origen de los elementos secuestrados y las posibles responsabilidades. Las autoridades informaron que continúan las actuaciones de rigor para establecer cómo llegó esa bolsa hasta ese lugar y quiénes participaron del intento. Lo que ya quedó claro, aun antes de que aparezcan nombres o imputaciones concretas, es que el hallazgo obligó a revisar de golpe una frontera sensible de la seguridad interna en la alcaidía de Puerto San Julián.