Cayeron 17 bunkers narco y apareció una trama con armas, drogas y 33 celulares

La PFA desarticuló una red que operaba en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, con 10 detenidos, miles de dosis listas para la venta y un despliegue que expuso su escala.

Lo que primero toma dimensión en este caso no es una detención aislada sino el tamaño de la estructura: diecisiete viviendas señaladas como puntos de fraccionamiento, acopio y venta de droga en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Sobre esa red avanzó la Policía Federal Argentina, que terminó con 10 personas detenidas y una larga lista de elementos secuestrados. El procedimiento quedó inscripto dentro del “Plan Bandera”, el esquema impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para actuar sobre el narcotráfico en Santa Fe.

La investigación puso el foco sobre inmuebles que, según la información oficial, funcionaban como “bunkers” dedicados al movimiento de cocaína y marihuana. Ese dato cambia la lectura del operativo, porque ya no se trata solo de una causa por venta de estupefacientes sino del desmantelamiento de una trama con varios puntos activos y una lógica territorial definida. La pesquisa detectó que esos lugares estaban conectados por una misma organización y que cada vivienda cumplía una función dentro de un esquema más amplio.

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La causa fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Dr. César Pierantoni. Según el parte oficial, el trabajo comenzó en febrero, a partir de rastrillajes amplios realizados en Rosario y zonas cercanas por la División Unidad Operativa Federal Rosario. Ese tramo previo resulta central para entender por qué el golpe final alcanzó a tantas direcciones al mismo tiempo y no a un solo domicilio.

La organización investigada fue descripta oficialmente como una “banda narcocriminal mixta” compuesta por cinco hombres y cinco mujeres. Ese punto agrega una dimensión concreta sobre la conformación interna del grupo y sobre la distribución de roles dentro del entramado. La cantidad de detenidos, además, coincide con la nómina total de personas investigadas, lo que muestra que el operativo buscó cerrar el círculo completo de la estructura señalada por la pesquisa.

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La orden para avanzar con los allanamientos salió del Colegio de Jueces de 1º Instrucción del Distrito Judicial Nº 2 de Rosario, a cargo de la Dra. María Melania Carrara. A partir de esa resolución, los federales ingresaron a las fincas y detuvieron a todos los investigados. Entre ellos apareció un dato adicional de peso judicial: uno de los apresados tenía un pedido de captura vigente solicitado por el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo del Dr. Hernán Flores.

El volumen de lo secuestrado también ayudó a mostrar la envergadura del procedimiento. Durante los allanamientos, la PFA incautó 2.200 dosis de marihuana y 2.000 dosis de cocaína ya preparadas para su comercialización. A eso se sumaron elementos de corte y fraccionamiento, un componente que refuerza la hipótesis de una operatoria sostenida y no de un simple almacenamiento ocasional.

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La lista de objetos retirados de los domicilios no terminó en la droga. Los agentes secuestraron un revólver calibre 22, un rifle de aire comprimido, 8 balanzas, una suma importante de dinero atribuida a la venta de estupefacientes y 33 teléfonos celulares. Cada uno de esos elementos aporta una pieza distinta al expediente: armas, logística, dinero y comunicaciones, todo dentro de una misma causa.

La presencia de tantos celulares, por ejemplo, abre una dimensión adicional sobre la capacidad de contacto y coordinación que podía tener la banda. Las balanzas y los elementos de fraccionamiento, en tanto, se conectan con el funcionamiento cotidiano de los puntos detectados por la investigación. En conjunto, el secuestro no dibuja solo una escena de venta barrial, sino una estructura con recursos para sostener volumen, circulación y administración de la actividad ilegal.

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Por la magnitud del procedimiento, la dependencia a cargo recibió apoyo de varias áreas y divisiones operativas. Colaboraron el Departamento de Investigaciones Especiales Rosario, las DUOIE Córdoba y Rosario, y también las DUOF de Santa Fe, Rafaela, Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, Córdoba y San Francisco. Ese despliegue refuerza la idea de una intervención montada para actuar de manera simultánea y evitar filtraciones o movimientos de escape entre los distintos objetivos.

La causa dejó así un mapa más claro del funcionamiento que estaba bajo investigación en el sur santafesino. No solo quedaron detenidas las diez personas señaladas por la pesquisa, sino que además se desactivaron los inmuebles que, según la acusación, funcionaban como nodos del circuito de venta. Con las viviendas allanadas, la droga secuestrada, las armas incorporadas al expediente y los teléfonos en manos de los investigadores, el caso entra ahora en una etapa donde el peso de la evidencia será determinante para sostener la acusación judicial.