Massa declaró en el juicio de Sueños Compartidos por el incumplimiento de obras

El exintendente dijo que el municipio terminó con fondos propios obras que habían quedado inconclusas. Su paso por el juicio volvió a poner el foco en cómo se cortó la cadena de pagos.

La declaración de Sergio Massa en el juicio oral por Sueños Compartidos movió el expediente hacia un terreno bien concreto: el momento en que un municipio dejó de esperar respuestas del esquema nacional y absorbió con recursos propios lo que había quedado a mitad de camino. Ante el Tribunal Oral Federal N°5, el exintendente de Tigre sostuvo que hubo incumplimientos en las obras ejecutadas con la Fundación Madres de Plaza de Mayo y vinculó esa situación con la decisión local de discontinuar ese formato de trabajo y completar parte de las tareas por otra vía.

Esa línea de exposición corrió la escena del gesto político y la llevó al terreno operativo, porque Massa no habló solo del vínculo institucional con la fundación sino de lo que ocurrió cuando el circuito dejó de funcionar. En el juicio declaró durante unos 30 minutos y afirmó que el municipio no presentó denuncias penales, aunque sí terminó obras con financiamiento propio después de la interrupción de pagos nacionales. La frase que quedó instalada en la audiencia fue breve y directa: “hubo incumplimientos”.

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El exministro explicó además que Tigre había firmado tres convenios para la construcción de viviendas sociales y aclaró que no rubricó personalmente los primeros acuerdos porque en 2009 pidió licencia como intendente para asumir como jefe de Gabinete nacional. Según su versión, esos documentos fueron firmados por el entonces intendente interino Julio Zamora, y más adelante él suscribió otro convenio para un salón de usos múltiples en el barrio San Pablo. Esa secuencia fue relevante en la audiencia porque buscó delimitar responsabilidades administrativas, pero también ubicar qué parte del vínculo con el programa pasó por su gestión directa y cuál quedó en otras manos.

Lo más delicado de su testimonio apareció cuando la fiscalía le exhibió un informe de avance de 2011 elaborado por Malena Galmarini, entonces funcionaria municipal. Según esa exposición, luego de 26 certificados emitidos el proyecto de viviendas mostraba un avance de apenas 33,74%, un dato que le dio espesor material a la palabra incumplimiento y convirtió la discusión en algo más que una diferencia política o administrativa. A partir de ese punto, Massa sostuvo que el municipio decidió continuar las obras con plata propia.

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También contó que mantuvo dos reuniones con Sergio Schoklender. La primera, dijo, fue de presentación formal para conocer el trabajo de la fundación; la segunda estuvo ligada a una complicación con una secretaria del municipio. En el expediente, esa mención no es menor, porque los hermanos Sergio y Pablo Schoklender aparecen entre los principales acusados junto con Julio De Vido y José López, todos dentro de una causa que investiga presunta administración fraudulenta de fondos públicos destinados a viviendas sociales.

El trasfondo judicial del caso explica por qué cada testimonio adquiere tanto peso. El debate oral comenzó el 4 de marzo de 2026 y, según informó el Ministerio Público Fiscal, juzga el desvío de más de 200 millones de pesos en el marco del programa. La acusación sostiene que una parte de los fondos girados para viviendas fue desviada y que las adjudicaciones a la fundación se hicieron de manera directa e irregular. En la reconstrucción que hacen la fiscalía y distintos medios, la cifra bajo análisis llega a 206 millones de pesos sobre un total de 748 millones transferidos por el Estado nacional entre 2008 y 2011.

Dentro de ese escenario, la declaración de Massa aportó una pieza distinta a otras que ya pasaron por el tribunal, porque no se concentró en la disputa ideológica del caso sino en el costo concreto que terminó asumiendo una administración local. Cuando afirmó ante los jueces que “Las obras las termina el municipio con fondos propios porque Nación discontinuó los pagos”, dejó planteado un problema que excede los nombres de la causa y toca una pregunta más amplia: qué ocurría en el territorio cuando el flujo de fondos se frenaba y quedaban compromisos abiertos frente a vecinos y barrios enteros.

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El juicio además reúne a una lista extensa de testigos y figuras políticas convocadas por distintas partes. Ya declaró Mauricio Macri, también pasó Julio Zamora, y siguen pendientes otras testimoniales, entre ellas las de Gerardo Zamora, Jorge Capitanich y Malena Galmarini, además de exdiputados que integraron la comisión investigadora en el Congreso. La propia fiscalía informó que pidió 92 testigos, la UIF sumó 17 y las defensas de los Schoklender ofrecieron más de 120, un volumen que marca la dimensión política, administrativa y judicial del expediente.

La audiencia de Massa no clausuró ninguna discusión de fondo, pero sí dejó una marca precisa sobre el modo en que la causa puede leerse desde abajo del organigrama. Ya no solo aparece el presunto desvío de fondos como núcleo penal del juicio, sino también la huella que dejaron las obras incompletas, los convenios quebrados y las decisiones de emergencia que tomaron los municipios cuando el programa perdió sustento. En ese punto, su exposición en Comodoro Py volvió a enlazar la dimensión judicial del caso con una consecuencia tangible: cuando el esquema se rompió, alguien tuvo que hacerse cargo de terminar lo que había quedado sin terminar.