Madryn: qué hacer con los autos que prestan servicios por fuera de la habilitación formal por WhatsApp o Facebook

La sesión vuelve a cruzar dos problemas que ya salieron del papel: viajes por aplicación en una ciudad que los prohíbe y excepciones urbanas que llegan cuando la obra ya está hecha.

Los autos pedidos por aplicación circulan, la prohibición municipal sigue escrita y el Concejo Deliberante de Puerto Madryn vuelve a quedar frente a una discusión que la calle ya empujó mucho antes. 

De esta manera se generan los expedientes que primero se consolidan afuera y recién después aterrizan en el recinto. El concejal Hernán Pereira planteó esa contradicción con una frase que funciona casi como diagnóstico de época: “La realidad es otra”.

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Según explicó en “El Quinto Poder” por #LA17, en 2016 el gobierno municipal prohibió las aplicaciones de transporte en Puerto Madryn y, mientras esa norma siga vigente, no habrá vehículos habilitados para trabajar legalmente con Uber, Didi o Cabify. Al mismo tiempo, sostuvo que hoy hay alrededor de 230 autos habilitados entre taxis y remises y unos 200 vehículos que prestan servicios por fuera de la habilitación formal, muchas veces organizados por WhatsApp o Facebook.

En esa descripción aparece una segunda capa del problema, porque el sistema informal, según Pereira, no se mueve solo por comodidad tecnológica sino también por una demanda concreta que el servicio tradicional no llega a cubrir en todos los sectores. El concejal dijo que estos viajes circulan con mucha fuerza en barrios de calles de tierra o en fracciones adonde muchos taxis prefieren no entrar, y por eso definió que hay “una demanda enorme de transporte” que hoy no encuentra una respuesta suficiente dentro del esquema legal vigente. La ciudad, entonces, discute una norma que prohíbe algo que, según su propio relato, ya está funcionando todos los días.

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Pereira intentó correr la discusión del formato de pelea cerrada entre taxistas y apps, y ahí dejó una de las ideas más útiles para leer el conflicto. Dijo que “no es un blanco y un negro”, reconoció el reclamo de quienes pagaron licencias y habilitaciones municipales, pero al mismo tiempo sostuvo que el servicio por aplicación ya forma parte de la experiencia cotidiana de turistas y residentes que llegan con esas herramientas instaladas en el teléfono. En esa línea, pidió “buscar un punto intermedio” y puso como ejemplo a ciudades como Córdoba, Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata, donde, según su explicación, ya existe una convivencia entre taxis y plataformas.

El costado económico también apareció con números que empujan la discusión fuera de la teoría. Pereira calculó que una eventual habilitación podría mover entre 100 y 150 puestos de trabajo, empujar una baja en los valores de los viajes y dar otra opción a los usuarios en una plaza donde, según dijo, hoy un traslado desde el aeropuerto al centro puede rondar los 50.000 pesos. Esa cuenta, de todos modos, no llega sola: el concejal admitió que la competencia recortaría ingresos en taxis y remises y por eso insistió en que la discusión real no pasa por negar el cambio, sino por ordenar una convivencia que, a su juicio, la política local todavía demora.

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La cuestión, en su mirada, ya no gira sobre si el cambio va a llegar o no, sino sobre cuánto tiempo más la ciudad va a sostener una prohibición que convive con autos que igual prestan el servicio y se exponen a un secuestro municipal.