La Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer la situación por 15 días y obligó a la empresa a pagar salarios completos mientras se negocia el futuro del establecimiento.
Los empleados del casino de Esquel quedaron momentáneamente sin tareas, pero con la garantía de cobrar sus salarios completos tras una intervención directa del Estado provincial. La medida se adoptó luego de que los trabajadores no pudieran ingresar a su lugar de trabajo, lo que encendió alertas sobre la continuidad de la actividad. La decisión busca frenar el conflicto en un punto crítico y evitar consecuencias inmediatas sobre las fuentes laborales.
La Secretaría de Trabajo de Chubut dispuso una conciliación obligatoria por un plazo de 15 días, con el objetivo de congelar la situación actual y forzar una instancia de negociación. La medida implica que ninguna de las partes puede avanzar en decisiones unilaterales mientras dure ese período. En ese marco, se intenta ordenar un escenario marcado por la incertidumbre.
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“Decidimos generar una medida administrativa de conciliación obligatoria, lo cual durante los próximos 15 días va a retrotraer la situación”, explicó el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate. El funcionario remarcó que la prioridad pasa por restablecer condiciones mínimas de diálogo entre la empresa y los trabajadores. La intervención se produce en un contexto donde no hubo precisiones claras sobre el cierre del establecimiento.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la obligación de garantizar los ingresos de los empleados durante el período de conciliación. Aunque no estén prestando tareas, los trabajadores deben cobrar la totalidad de sus haberes. “Durante lo que dura la conciliación obligatoria los trabajadores deben percibir la remuneración al 100% cuando estén sin trabajar”, sostuvo Zárate.
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La medida también responde a una verificación directa realizada por el organismo laboral, que constató el impedimento de ingreso al lugar de trabajo. Esa situación activó el mecanismo administrativo ante la falta de definiciones formales por parte de la empresa. El escenario generó inquietud entre los empleados, que no contaban con información precisa sobre su situación.
“Fuimos a constatar la situación de impedimento de ingreso”, indicó el funcionario al describir la intervención. La falta de comunicación oficial por parte de la empresa fue uno de los elementos que agravó el conflicto. Desde el organismo provincial señalaron que ese vacío generó mayor incertidumbre entre los trabajadores.
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En paralelo, se estableció una instancia clave de negociación que podría definir el rumbo del conflicto. La audiencia fue fijada para el 31 de marzo a las 11, con la presencia obligatoria de representantes de ambas partes. Allí se buscará avanzar en definiciones sobre la continuidad de la actividad o posibles alternativas.
El proceso de conciliación no implica, por el momento, la confirmación de despidos ni el cierre definitivo del establecimiento. Desde la Secretaría de Trabajo remarcaron que no existe una comunicación formal en ese sentido. La situación permanece abierta y su resolución dependerá del resultado de las negociaciones.
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“No es una comunicación de despido formal, lo que corresponde es un procedimiento legal”, afirmó Zárate, al cuestionar la forma en que se informó la situación a los empleados. La intervención estatal apunta a encauzar el conflicto dentro de los marcos legales vigentes. El organismo garantizó además el acompañamiento durante todo el proceso.
El plazo de 15 días funciona como una ventana limitada para alcanzar acuerdos o definir escenarios futuros. Durante ese período, el conflicto queda contenido, pero no resuelto, lo que mantiene en suspenso el destino del casino y de sus trabajadores. El resultado de la audiencia será determinante para el desenlace.
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