
Presos sin celulares: abren consulta pública antes de definir la prohibición en Chubut
Política26/03/2026
REDACCIÓNLa Legislatura habilitó un formulario online para opinar sobre el proyecto que busca restringir dispositivos en cárceles y convocó reuniones abiertas con funcionarios.

La posibilidad de que personas privadas de la libertad pierdan acceso a celulares comenzó a tomar forma concreta en Chubut con una instancia previa que busca incorporar miradas externas antes de la definición legislativa. La Legislatura abrió un canal digital para que la ciudadanía envíe opiniones sobre la iniciativa que propone prohibir el uso de dispositivos móviles en establecimientos penitenciarios. El mecanismo funciona como antesala de un debate que involucra seguridad, derechos y control dentro de las cárceles.
El formulario ya se encuentra disponible en la web institucional y permite enviar comentarios, observaciones y propuestas vinculadas al Proyecto de Ley N.º 17/2026, impulsado por el Poder Ejecutivo. Esta herramienta apunta a sumar voces de vecinos, especialistas y organizaciones en un momento en el que el tema adquiere impacto directo en el funcionamiento del sistema penitenciario. La consulta no define el contenido final, pero sí introduce elementos para el análisis político y técnico.


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Al mismo tiempo, el tratamiento del proyecto incluirá dos encuentros presenciales abiertos que buscan ampliar el intercambio. Las reuniones se realizarán el lunes 30 de marzo y el miércoles 8 de abril a las 10 de la mañana en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía”. Ambas instancias se transmitirán en vivo por YouTube y redes oficiales, lo que permite seguir el debate sin asistir físicamente.
En esos encuentros participarán autoridades del sistema judicial, organismos de seguridad y representantes del Ejecutivo provincial. La presencia de actores con responsabilidad directa en la aplicación de la norma busca aportar miradas operativas sobre el impacto que tendría la prohibición en la dinámica diaria de los establecimientos. También se espera que surjan posiciones divergentes respecto a los alcances de la medida.
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El espacio digital no solo recoge opiniones, sino que también permite acceder al contenido completo del proyecto para su análisis. Desde la Legislatura explicaron que el objetivo es facilitar el acceso a la información y promover una participación informada. En ese marco, la herramienta busca ordenar los aportes para que puedan ser considerados durante el proceso legislativo.
“Los comentarios recibidos serán puestos a consideración en el marco del análisis legislativo”, indicaron desde el ámbito parlamentario, en relación con el uso que se dará a las intervenciones ciudadanas. Esta incorporación no implica carácter vinculante, pero sí introduce elementos que pueden influir en la discusión interna. El mecanismo funciona como insumo para la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.
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La comisión que llevará adelante el tratamiento está presidida por María Andrea Aguilera, y los encuentros contarán con la participación del vicegobernador Gustavo Menna. La instancia se inscribe dentro de una modalidad que la Legislatura viene utilizando para distintos proyectos, con el objetivo de abrir el debate más allá del recinto. Esa metodología busca sumar legitimidad a decisiones que impactan en políticas públicas sensibles.
El antecedente inmediato muestra que este tipo de reuniones ya se utilizó en reformas vinculadas al Código Procesal Penal, legislación electoral y normativas sobre tecnología aplicada a la investigación criminal. En todos esos casos, la participación ciudadana se integró como un paso previo al tratamiento formal. La práctica se consolidó como herramienta de consulta dentro del proceso legislativo provincial.
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El proyecto sobre celulares en cárceles se suma ahora a esa lista, pero introduce un componente adicional por el tipo de medida que propone. La restricción del uso de dispositivos toca aspectos vinculados a seguridad, comunicación y derechos dentro de contextos de encierro. Ese cruce de variables explica por qué el debate se abre antes de avanzar hacia una definición.
La decisión final todavía no tiene fecha confirmada y dependerá del análisis que realicen los legisladores luego de las instancias participativas. La incorporación de opiniones externas puede modificar aspectos del proyecto o reforzar su redacción actual. El resultado quedará condicionado por el equilibrio entre las demandas de control y las implicancias que la medida podría generar en el sistema penitenciario.
















