Un giro judicial inesperado complicó su regreso cuando parecía inminente y dejó el caso envuelto en tensiones políticas, mediáticas y decisiones que cambiaron en horas.
La situación de Agostina Páez, la abogada argentina retenida en Brasil desde hace más de 70 días, dio un giro que cambió por completo el escenario cuando su regreso parecía inminente. Lo que hasta el martes por la noche se interpretaba como una resolución cercana terminó en una decisión judicial que extendió su permanencia en Río de Janeiro y dejó el caso en un terreno más complejo.
El cambio no fue menor ni gradual. La expectativa de volver al país en cuestión de horas se transformó en un nuevo proceso judicial sin plazos claros. La joven, de 29 años, sigue bajo monitoreo electrónico y con prohibición de salir de la ciudad, mientras su defensa busca alternativas para revertir la situación.
En ese contexto, el entorno de Páez apunta a factores externos al expediente como determinantes en el desenlace. La percepción es que el caso quedó atravesado por discusiones políticas que terminaron alterando el clima que había en la Justicia brasileña. “Quedé en el medio de un conflicto político”, expresó la joven ante sus allegados, marcando su distancia con esa disputa.
Desde su círculo cercano fueron más allá y señalaron que esa exposición pública impactó directamente en el proceso. “Hay mucho manoseo de todos lados. Hay que ser serios y dejar que las cuestiones judiciales se resuelvan en la sede judicial”, sostuvieron, al cuestionar la intervención de distintos actores que opinaron sobre el caso en las últimas horas.
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Entre esos actores aparecen funcionarios y dirigentes que cruzaron declaraciones en redes y medios. El canciller Pablo Quirno defendió la actuación oficial al asegurar que el acompañamiento consular estuvo presente desde el inicio. Al mismo tiempo, la diputada Marcela Pagano y el expresidente Alberto Fernández criticaron la gestión del Gobierno, generando un intercambio que sumó tensión al escenario.
Mientras tanto, desde la defensa técnica en Brasil buscaron despegarse de cualquier negociación política. La abogada Carla Junqueira fue categórica al marcar límites sobre su rol en el proceso. “Hubo gestiones institucionales diversas, parlamentarias y de la Cancillería argentina, todas bienvenidas, pero no participé ni puedo dar fe de negociaciones políticas”, aclaró en un comunicado.
El punto de inflexión judicial se produjo luego de una exposición pública realizada en el consulado argentino en Río. Tras esa instancia, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte decidió no levantar las medidas cautelares como se esperaba. En cambio, resolvió que la acusada deberá permanecer en Brasil hasta que se completen las etapas formales del proceso.
Entre los argumentos del magistrado aparece la necesidad de evitar una señal equivocada ante la repercusión del caso. Según se desprende de la resolución, permitir el regreso anticipado podría generar una “sensación de impunidad”, un criterio que pesó en la decisión final y que modificó el escenario de manera abrupta.
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Además, la resolución incluyó cuestionamientos técnicos a la defensa. El juez consideró “apócrifo” un documento presentado sobre cooperación internacional, al entender que no garantizaba de manera clara el cumplimiento de una eventual condena en Argentina. Ese punto debilitó uno de los ejes del planteo para habilitar la salida del país.
A esto se sumó otro elemento que generó incomodidad en el proceso. La referencia a un posible “resarcimiento” hacia las víctimas fue interpretada de manera negativa en un contexto donde la legislación brasileña aplica criterios estrictos frente a casos de discriminación. Esa lectura habría influido en la postura tanto del magistrado como de la fiscalía.
Desde la defensa también señalaron el peso de la cobertura mediática en Brasil. Junqueira cuestionó el impacto de la prensa local en la percepción del caso. “El sistema de justicia no puede servir como respuesta al clamor público. Es absurdo”, afirmó, en referencia a publicaciones que reflejaron la postura de las personas involucradas en la denuncia.
Con este nuevo escenario, la estrategia judicial se traslada ahora a una instancia superior. La defensa presentará un habeas corpus ante la 8ª Cámara del Tribunal de Justicia de Río en un intento por destrabar la situación. Esa será la próxima jugada en un caso que, lejos de resolverse, sumó nuevos obstáculos.
Por ahora, Páez continúa en Brasil, atrapada entre una causa judicial que endureció su postura y un contexto político que no deja de intervenir en el relato. El regreso, que parecía cuestión de horas, volvió a alejarse y dejó al caso en un punto donde cada movimiento vuelve a ser decisivo.
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