La Justicia abrió la investigación por el homicidio del joven de 19 años en Trelew y dictó prisión preventiva por riesgos de fuga y entorpecimiento.
La causa por el crimen de Dylan Rojas dio este sábado un paso central en Trelew. El juez Fabio Monti resolvió abrir formalmente la investigación penal y dictó seis meses de prisión preventiva para el hombre señalado como presunto autor del ataque ocurrido en el barrio Planta de Gas. La medida dejó al imputado alojado en una dependencia policial mientras fiscalía profundiza una pesquisa que todavía tiene puntos sensibles por resolver.
La audiencia se desarrolló durante la tarde en la sala de cámara penal ubicada en el sexto piso de los tribunales de la ciudad. Hasta allí llegaron también familiares directos del joven asesinado, que siguieron de cerca una instancia decisiva para el inicio del expediente. La resolución judicial llegó después de un trabajo de reconstrucción que, según se expuso en la audiencia, demandó alrededor de 72 horas para identificar al sospechoso y ordenar los principales elementos del caso.
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La acusación provisoria se apoya en lo ocurrido durante la madrugada del 24 de marzo, cerca de las 3.53, en inmediaciones de la avenida Colón. De acuerdo con la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal, la víctima mantuvo primero un intercambio con el imputado y, segundos después, recibió cuatro disparos a corta distancia. Esas lesiones provocaron la muerte del joven de 19 años, en un episodio que ahora la Justicia intenta reconstruir con mayor precisión en sus circunstancias de modo, tiempo y lugar.
La fiscalía agregó otro dato que pasó a tener peso en la audiencia. Sostuvo que, después de los disparos, el agresor se inclinó sobre el cuerpo de la víctima, tomó un elemento y lo arrojó a un canal cercano al lugar del hecho. Esa secuencia quedó incorporada al relato acusatorio y se conecta con otro aspecto relevante de la causa: el arma homicida todavía no apareció.
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En la exposición de los fiscales también surgieron los resultados de un allanamiento realizado el 27 de marzo en el domicilio del presunto autor. Allí, según detallaron, el personal encontró un arma calibre 22 arriba de una heladera. A partir de ese procedimiento, la calificación provisoria quedó encuadrada como homicidio agravado por uso de arma de fuego en concurso real con tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización para su portación.
La audiencia mostró además cómo fiscalía construyó la probabilidad de autoría en esta etapa inicial. El fiscal general Mauro Quinteros y el funcionario de fiscalía Javier Kronemberger señalaron que los avances surgieron del trabajo coordinado con la brigada de investigaciones, a partir de relevamientos fílmicos, recolección de testimonios presenciales y distintas tareas desarrolladas en el lugar. Esa base de evidencia fue la que permitió sostener el pedido de coerción mientras la causa recién empieza a tomar forma.
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Para justificar la preventiva, el Ministerio Público Fiscal puso el acento en dos riesgos concretos: la posibilidad de fuga y el eventual entorpecimiento de la investigación. En ese planteo pesó la gravedad del hecho, la pena en expectativa, que parte de un mínimo de diez años y seis meses de prisión, y la situación de vulnerabilidad de posibles testigos. También sumó importancia el dato de que el arma usada para matar a Rojas aún no fue hallada, un vacío que mantiene abierta una parte central del expediente.
En la audiencia también intervino Gladys Olavarría, autorizada por familiares de la víctima como querellante, aunque por el momento sólo pudo actuar para solicitar una medida de coerción porque todavía no se completó el trámite formal de constitución. Desde ese lugar adelantó que la querella pedirá una calificación de homicidio agravado con alevosía y una eventual pena de prisión perpetua. Del otro lado, la defensa negó en todo momento que su asistido haya sido el autor del hecho, remarcó la falta de antecedentes y pidió su libertad o, en subsidio, un plazo más breve de encierro preventivo.
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Monti evaluó que, en esta etapa temprana del proceso, la fiscalía acercó elementos suficientes para sostener una probable autoría y que los peligros procesales seguían vigentes. Con ese criterio resolvió la apertura de investigación y la prisión preventiva por seis meses para G.N.B., una decisión que personal policial ejecutó de inmediato con su traslado a una dependencia de seguridad. La causa entra ahora en una fase de profundización donde todavía quedan piezas por ubicar, medidas por producir y una discusión penal que recién empieza a desplegarse.
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