Quieren cambiar la ley de tierras y crece la tensión por ventas tras incendios
Actualidad30/03/2026
Sergio BustosEl Gobierno impulsa una reforma que flexibiliza la compra de tierras por extranjeros. En la Patagonia, el debate se cruza con recursos estratégicos y zonas afectadas por el fuego.
La discusión sobre quién puede comprar tierra en Argentina volvió al centro de la escena y encontró en la Patagonia un punto especialmente sensible. El Gobierno nacional confirmó que trabaja en una reforma del régimen vigente que podría modificar de manera profunda las condiciones para la adquisición de tierras rurales, incluyendo aquellas zonas recientemente afectadas por incendios.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien anticipó que el Ejecutivo busca avanzar sobre la actual normativa que regula la titularidad de tierras por parte de extranjeros. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, y apunta a revisar el esquema vigente desde 2011.
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La ley en cuestión es la 26.737, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que establece límites estrictos a la extranjerización de la tierra. Actualmente, fija que no más del 15% de las tierras rurales del país puede estar en manos extranjeras, con topes adicionales a nivel provincial y municipal.
Además, la normativa impone restricciones por nacionalidad, estableciendo que ningún país puede concentrar más del 30% de ese total. También existen límites en la cantidad de hectáreas que pueden adquirirse en zonas productivas consideradas estratégicas.
No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar en este sentido. La derogación de esta ley ya había sido incluida en el DNU 70/2023, aunque su aplicación quedó frenada por una cautelar judicial que actualmente se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema.
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La reforma que ahora se impulsa forma parte de un paquete más amplio que incluye cambios en la Ley de Glaciares y en la Ley de Manejo del Fuego. En conjunto, las modificaciones buscan flexibilizar regulaciones con el objetivo de facilitar el ingreso de inversiones, especialmente en sectores vinculados al agro, la energía y la actividad forestal.
Desde el oficialismo sostienen que las restricciones actuales limitan la competitividad y desalientan la llegada de capitales internacionales. Bajo ese argumento, plantean la necesidad de revisar el marco normativo para generar condiciones más atractivas para la inversión.
Sin embargo, el debate no se limita a lo económico. En regiones como la Patagonia, la posible flexibilización genera preocupación por el control de recursos considerados estratégicos. Entre ellos, el acceso al agua ocupa un lugar central, en un contexto global marcado por su creciente escasez.
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A esto se suma un factor reciente: los incendios forestales que afectaron distintas zonas del sur argentino en los primeros meses del año. Esos territorios, ahora disponibles para nuevos desarrollos, aparecen en el centro de la discusión sobre el destino de la tierra y los posibles compradores.
Según datos del CONICET, alrededor del 5% del territorio nacional ya se encuentra en manos extranjeras. En la Patagonia, ese porcentaje adquiere mayor relevancia por la extensión de las superficies y el tipo de recursos involucrados.
En paralelo, avances tecnológicos en áreas como el riego, la biotecnología y el manejo de suelos ampliaron el potencial productivo de regiones antes consideradas marginales. Ese cambio también incrementó el interés de inversores, en un escenario donde la tierra funciona como activo de resguardo frente a la volatilidad económica global.
El cruce entre inversión, regulación y soberanía vuelve a plantear un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo. La eventual modificación de la ley no solo redefine quién puede acceder a la tierra, sino también qué tipo de uso se proyecta sobre territorios que combinan valor productivo y recursos naturales estratégicos.
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