Diputados impulsan prohibir celulares en cárceles por delitos cometidos desde el encierro

Política30/03/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

El proyecto busca bloquear comunicaciones ilegales desde unidades penitenciarias y propone canales controlados, ante un aumento de extorsiones registradas en Chubut.

debate en la legislatura
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Las denuncias por delitos cometidos desde el interior de cárceles en Chubut empujaron el tratamiento de un proyecto que apunta a restringir el uso de celulares entre personas detenidas. El planteo se debatió en la Legislatura con participación de funcionarios judiciales, policiales y legisladores, en un encuentro que dejó expuesta la preocupación por el uso de dispositivos móviles para cometer ilícitos. La discusión se centró en cómo limitar esas prácticas sin eliminar el derecho a la comunicación.

El proyecto de ley establece la prohibición del ingreso, la tenencia y el uso de celulares y dispositivos tecnológicos en establecimientos penitenciarios provinciales. La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo y comenzó su análisis en una reunión informativa conjunta de comisiones. El eje apunta a evitar que los centros de detención funcionen como plataformas para delitos.


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Durante el encuentro, la diputada María Andrea Aguilera sintetizó el enfoque de la propuesta al señalar que “comunicar sí, pero delinquir desde el encierro, no”, y explicó que la iniciativa parte de un principio central vinculado a la seguridad pública. La legisladora remarcó que la cárcel no debe convertirse en un espacio desde donde se organicen hechos delictivos. Esa definición orienta el contenido del proyecto.

En el debate también se planteó que el uso de celulares dentro de las unidades permitió el desarrollo de maniobras delictivas a distancia. Aguilera sostuvo que “las unidades de detención se han convertido en call centers de delitos”, en referencia a prácticas como extorsiones y amenazas realizadas desde el encierro. Esa caracterización marcó el tono de la discusión.

debate por celulares en cárceles
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Los datos aportados durante la reunión reforzaron ese diagnóstico, especialmente en el ámbito provincial. Según se indicó, en 2025 la Fiscalía de Rawson registró 33 casos vinculados a este tipo de delitos, con una fuerte concentración en esa jurisdicción. Además, se señaló que en el 93,9% de los casos aparece la extorsión como figura predominante.

La iniciativa también incorpora la creación de canales de comunicación alternativos dentro de los establecimientos. En ese sentido, se propone garantizar el contacto mediante sistemas controlados, sin acceso a internet ni mensajería digital. El objetivo es permitir la comunicación sin habilitar herramientas que faciliten actividades ilegales.

debate en la legislatura
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El proyecto prevé que las comunicaciones se realicen exclusivamente por voz, con registro de datos básicos y sin intervención en el contenido, salvo orden judicial. Ese esquema intenta equilibrar el derecho a comunicarse con la necesidad de control estatal. La propuesta busca establecer un estándar uniforme en toda la provincia.

Desde el Ministerio de Seguridad, el subsecretario Rodrigo Miquelarena planteó que la situación actual requiere una respuesta urgente y recordó que el uso de celulares se descontroló durante la pandemia. En ese contexto, señaló que “se ha hecho un desmadre con los teléfonos celulares, que hoy persiste”, pese a los operativos de requisa. La declaración reflejó la dificultad para erradicar el uso clandestino.


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El funcionario también aportó datos sobre la población carcelaria, al indicar que la provincia cuenta con 804 detenidos provinciales, sin incluir unidades federales. Además, mencionó un aumento sostenido en la tasa de encarcelamiento, lo que agrega presión al sistema penitenciario. Ese escenario complejiza la implementación de controles efectivos.

La discusión continuará en una nueva reunión prevista para el 8 de abril, donde se espera profundizar el análisis con los distintos actores involucrados. El avance del proyecto dependerá del consenso político y de los aportes técnicos que surjan en el proceso. La definición final tendrá impacto directo en el funcionamiento de las unidades de detención en Chubut.

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