La provincia busca asumir causas de narcomenudeo y redefine cómo se investigarán en los barrios
Chubut30/03/2026
REDACCIÓNLa posible transferencia de investigaciones desde la Justicia federal abre un escenario concreto en Chubut donde fiscales locales podrían intervenir directamente en delitos de drogas a menor escala.
La dinámica de las investigaciones por venta minorista de drogas podría cambiar de forma sustancial en Chubut si prospera el esquema que analiza el gobierno provincial, ya que las causas que hoy tramitan en la Justicia federal pasarían a la órbita local, con intervención directa de fiscales y jueces del territorio. Este desplazamiento implicaría una modificación operativa que impactaría de manera inmediata en barrios donde el fenómeno tiene presencia cotidiana y donde las respuestas judiciales suelen demorarse.
El eje de la discusión no se limita a una cuestión jurídica, sino que introduce un cambio en la lógica de intervención, porque la provincia asumiría competencias sobre conductas vinculadas al narcomenudeo, como la comercialización fraccionada y la tenencia con fines de distribución. En términos prácticos, esto permitiría que las investigaciones se desarrollen con mayor proximidad territorial y articulación directa con la Policía del Chubut.
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La iniciativa comenzó a delinearse en una reunión entre autoridades provinciales y nacionales, donde se abordaron los aspectos técnicos de una eventual adhesión a la normativa vigente. Allí se discutió la necesidad de construir una instancia específica para analizar el alcance real del traspaso y las condiciones que debería cumplir la provincia para sostenerlo en el tiempo.
En ese contexto, el gobernador Ignacio Torres sostuvo que “no podemos seguir mirando para otro lado mientras el narcomenudeo crece en nuestros barrios”, planteando un diagnóstico que ubica el problema en el entramado urbano y no solo en las grandes estructuras del narcotráfico. Esa mirada empuja la idea de una intervención más cercana y cotidiana, con presencia directa en los puntos de conflicto.
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El cambio también obligaría a redefinir recursos y capacidades, ya que la provincia debería contar con personal especializado, equipamiento tecnológico y estructuras de investigación propias. Durante el encuentro con Nación se analizó justamente qué tipo de asistencia resultaría necesaria para evitar que el traspaso de competencias genere un cuello de botella en el sistema judicial local.
En paralelo, se evalúa la creación de una Unidad Antinarcóticos provincial, concebida como un cuerpo técnico orientado a investigar, prevenir y coordinar acciones contra el tráfico de estupefacientes. Este organismo no solo intervendría en causas concretas, sino que también participaría en el diseño de políticas, capacitación y protocolos operativos, en articulación con fiscales y fuerzas de seguridad.
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La discusión incorpora además un componente institucional relevante, ya que implicaría redefinir la relación entre la Justicia federal y la provincial. En ese sentido, el propio mandatario destacó el trabajo conjunto con organismos judiciales y remarcó la necesidad de avanzar en un esquema que permita “sumar esfuerzos en la pelea contra el tráfico de drogas”.
Otro aspecto central del debate es el financiamiento, ya que la provincia condiciona el avance a la existencia de recursos nacionales que garanticen una transición ordenada. Torres explicó que “avanzamos en el análisis del proceso de desfederalización del narcomenudeo y, fundamentalmente, en los recursos que debería aportar la Nación”, dejando en claro que el esquema depende de un respaldo económico concreto.
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El planteo no es reciente y tiene antecedentes de más de una década en la agenda provincial, lo que refleja la persistencia del problema y la dificultad para abordarlo con las herramientas actuales. La posibilidad de asumir estas competencias reabre una discusión que combina seguridad, justicia y capacidad operativa en un mismo eje.
Si el proyecto avanza hacia la Legislatura, el sistema judicial de Chubut enfrentará un desafío inmediato: absorber nuevas causas sin afectar su funcionamiento actual, en un escenario donde la demanda de intervención crece al ritmo de un fenómeno que ya se instaló en el territorio.
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