Dice que le cobran 307 años de impuestos y llevó la pelea hasta la Corte Suprema

Una de las principales productoras de yerba mate del país abrió un conflicto de alto voltaje con el fisco misionero. La firma correntina Las Marías sostiene que el esquema de retenciones y percepciones vigente en esa provincia la obliga a pagar por adelantado una carga impositiva desproporcionada, que incluso supera en cientos de veces lo que realmente debería tributar.

El planteo no quedó en una queja sectorial. La empresa decidió judicializar la disputa y el caso ya escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el expediente se discute no solo el monto de los anticipos, sino también el alcance de los mecanismos de recaudación provinciales sobre empresas que operan en distintas jurisdicciones.

Según la presentación, la compañía enfrenta retenciones mensuales de unos 333 millones de pesos en concepto de anticipos de Ingresos Brutos. Esa cifra contrasta con los cerca de 2 millones que corresponderían como obligación real, lo que implica una diferencia que la firma considera imposible de sostener en términos financieros.

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El cuadro se agrava cuando se suman otros conceptos impositivos. Entre percepciones adicionales y gravámenes vinculados a la actividad industrial, la empresa asegura que termina adelantando alrededor de 7.171 millones de pesos al año. Ese número se ubica muy por encima de los 23 millones que, según su cálculo, representan su carga tributaria efectiva.

En la demanda, Las Marías sostiene que el Estado provincial ya le cobró un 30.000% más de lo que debería. Traducido a una escala más gráfica, la firma afirma que pagó por anticipado el equivalente a 307 años de impuestos, una cifra que incluso supera ampliamente la duración prevista en su propio estatuto societario.

El conflicto también sumó un componente político y territorial. El Gobierno de Corrientes se presentó en la causa como tercero interesado y cuestionó el régimen misionero, al considerar que afecta inversiones y proyectos productivos en su provincia. Según ese planteo, la presión impositiva habría frenado planes de expansión y generación de empleo.

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En paralelo, la empresa pidió la intervención del Estado nacional al entender que el esquema de recaudación impacta en el circuito de liquidación de divisas. El argumento apunta a que las retenciones afectan la disponibilidad financiera de la firma y condicionan su operatoria en mercados externos.

El recorrido judicial tuvo idas y vueltas. En una primera instancia, un juzgado federal de Paso de los Libres dictó una medida cautelar que dejó sin efecto el régimen impositivo cuestionado. Sin embargo, esa decisión fue revertida cuando el Superior Tribunal de Justicia de Misiones se declaró competente y restableció la carga tributaria.

La Procuración General de la Nación intervino recientemente y consideró que el caso debe ser resuelto por la Corte Suprema, ya que involucra directamente a dos provincias. Con ese dictamen, el expediente quedó en manos del máximo tribunal, que deberá definir los límites de los sistemas de recaudación provinciales.

Mientras tanto, el conflicto se desarrolla en un contexto de crecimiento para la industria yerbatera. Las exportaciones alcanzaron niveles récord y el consumo interno se mantiene firme, impulsando un sector que gana espacio en mercados internacionales. Esa expansión convive ahora con una disputa que podría sentar precedente sobre cómo se financian las provincias sin afectar la actividad productiva.