
La Corte quiere cambiar cómo se eligen jueces y pone en duda el sistema en Río Negro
Actualidad01/04/2026
Sergio BustosUn proyecto impulsado por la Corte Suprema reavivó el debate sobre cómo se eligen los jueces en Argentina. La iniciativa apunta a modificar de raíz el sistema de concursos y pone el foco en limitar la discrecionalidad política, un punto que también impacta en las provincias.

La propuesta ya fue formalizada y busca avanzar en el Congreso. No se trata de un cambio menor: el objetivo es que el nuevo esquema se aplique tanto en la Justicia nacional como en los sistemas provinciales, lo que abre interrogantes sobre su implementación en distritos como Río Negro.
En el centro del proyecto aparece una crítica directa al funcionamiento actual de los Consejos de la Magistratura. Desde la Corte advierten que existe una tendencia a priorizar vínculos políticos por sobre criterios técnicos al momento de designar jueces, especialmente en ámbitos provinciales.


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Durante la presentación, el juez Carlos Rosenkrantz planteó la necesidad de revisar el sistema. “Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”, sostuvo, al explicar el origen del proyecto.
El nuevo modelo propone reforzar el peso del mérito académico y la evaluación objetiva. Entre los cambios más relevantes, se incluye un sistema de exámenes automatizados con preguntas seleccionadas al azar, el uso de tecnología para garantizar anonimato y un esquema digital para la inscripción de los candidatos.
También se introduce una modificación clave en las entrevistas personales. Actualmente, ese tramo puede alterar el orden de mérito de manera significativa. La Corte busca limitar su impacto para evitar decisiones discrecionales sin criterios claros.
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Ese punto es especialmente sensible en Río Negro. En la provincia, la entrevista personal tiene un peso del 40% en la evaluación final, un porcentaje muy superior al que propone reducir el nuevo esquema. Ese cambio podría alterar de manera profunda el funcionamiento del Consejo de la Magistratura local.
Desde el ámbito judicial rionegrino reconocen que el Superior Tribunal no puede adherir por sí solo a la reforma. Para aplicar modificaciones sería necesario un cambio legislativo, lo que traslada la discusión a la Legislatura provincial.
Además, existen posturas diversas dentro del sistema. Algunas voces advierten que reducir el peso de las entrevistas podría restar relevancia a la opinión de los consejeros, mientras que otras consideran que el proyecto introduce herramientas interesantes para ordenar los concursos.
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La discusión no parte de cero. En Río Negro ya existen distintos proyectos para reformar el Consejo de la Magistratura, impulsados por sectores políticos, judiciales y profesionales. Sin embargo, ninguno logró avanzar hasta ahora.
El principal obstáculo sigue siendo político. Las iniciativas que buscan limitar la influencia de los gobiernos en la designación de jueces suelen encontrar resistencia. La posibilidad de perder injerencia en ese proceso aparece como un factor decisivo.
Si el Congreso aprueba la reforma, el impacto podría ser amplio. No solo modificaría los concursos en la Justicia federal, sino que obligaría a las provincias a revisar sus propios sistemas. En ese escenario, Río Negro quedaría frente a un debate que hasta ahora no logró saldar.







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