La ley de glaciares entra en horas decisivas y hay votos para un cambio que divide posiciones
Política01/04/2026
REDACCIÓNEl oficialismo acelera el trámite en Diputados con apoyo de provincias mineras y busca redefinir qué zonas quedan protegidas.
La discusión por la ley de Glaciares volvió al centro de la escena política con un nivel de presión poco habitual. En pocos días, el oficialismo intentará concretar una modificación que redefine qué territorios quedan protegidos y cuáles pueden habilitarse para actividades económicas.
El movimiento no es aislado ni improvisado. Detrás del impulso aparecen con fuerza los gobernadores de provincias mineras, que buscan destrabar inversiones y ampliar el margen de explotación en zonas hasta ahora restringidas.
El cambio propuesto apunta directamente a uno de los puntos más sensibles de la normativa vigente. La reforma pretende habilitar tareas de exploración y explotación en áreas periglaciares que hoy permanecen vedadas, lo que modifica el alcance de la protección ambiental.
En ese contexto, el oficialismo aceleró los tiempos legislativos. La intención es debatir el proyecto en comisiones y avanzar rápidamente hacia una sesión que permita sancionarlo, con la expectativa de reunir los votos necesarios.
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Desde La Libertad Avanza aseguran contar con el respaldo suficiente para abrir el debate y aprobar la ley. El número clave es 129, y el oficialismo apuesta a alcanzarlo con alianzas parlamentarias y el acompañamiento de bloques provinciales.
El apoyo no llega solo desde el Congreso. Gobernadores como Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo ya impulsaron la iniciativa en el Senado, donde obtuvo media sanción con 40 votos a favor.
La reforma también introduce un cambio de fondo en la distribución del poder. El proyecto transfiere a las provincias la decisión sobre qué zonas deben ser protegidas, reduciendo el margen de intervención del Estado nacional.
Esa redefinición genera un nuevo equilibrio entre intereses económicos y ambientales. Para los mandatarios provinciales, se trata de dar previsibilidad a inversiones mineras que hoy enfrentan incertidumbre por la redacción actual de la ley.
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Sin embargo, el proceso previo dejó señales de tensión. Las audiencias públicas reunieron a cientos de expositores, tanto de forma presencial como virtual, y derivaron en cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y sectores opositores.
Las críticas apuntaron principalmente a las limitaciones en la participación. De un universo de miles de inscriptos, solo una parte pudo exponer, lo que generó reclamos sobre la representatividad del debate.
Mientras tanto, el oficialismo sostiene su hoja de ruta. Confía en avanzar con el dictamen y llevar el proyecto al recinto en cuestión de horas, en una definición que podría modificar de manera significativa el mapa productivo y ambiental del país.
La votación que se avecina no solo resolverá un trámite legislativo. También pondrá en juego un modelo de desarrollo y el rol que tendrá cada jurisdicción en la gestión de sus recursos naturales.
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