La Justicia ordenó subir sueldos docentes y suma presión al conflicto universitario
Actualidad02/04/2026
Sergio BustosEn plena escalada del conflicto universitario, la Justicia federal tomó una decisión que impacta de lleno en la disputa salarial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó un fallo que obliga al Estado a actualizar los sueldos docentes y las becas estudiantiles, en línea con lo establecido por la ley de financiamiento del sector.
La resolución llega en un momento de alta tensión, con un paro docente que se extiende desde el inicio de la semana. El reclamo salarial se convirtió en uno de los ejes centrales del conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas.
El fallo confirma la decisión previa del juez Cormick y ordena cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795. Esa normativa, aprobada por el Congreso pero sin aplicación efectiva hasta ahora, fija pautas concretas para la actualización de ingresos en el sistema universitario.
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Entre los puntos más relevantes, se establece un incremento salarial del 12,3% para docentes, distribuido en tres tramos a lo largo de 2026. Además, se fija la obligación de abrir paritarias con una periodicidad máxima de tres meses para ajustar los aumentos según la evolución de la inflación.
La resolución judicial no se limita a los salarios. También exige garantizar partidas mínimas de funcionamiento para las universidades y destinar fondos específicos a los hospitales universitarios, con una asignación de 80.000 millones de pesos para el sistema de salud.
El conflicto tiene raíces que se remontan al inicio de la actual gestión nacional. La prórroga del presupuesto de 2023, en un contexto de inflación superior al 200%, generó un fuerte deterioro en el financiamiento de las universidades, que advirtieron dificultades para sostener su funcionamiento básico.
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Con el paso de los meses, la crisis se profundizó. Hubo recortes en servicios esenciales y suspensión de actividades de investigación, lo que derivó en una creciente movilización del sector académico en todo el país.
Esa tensión se expresó en dos marchas masivas durante 2024. La primera obligó al Gobierno a actualizar parcialmente los gastos operativos, pero dejó fuera la cuestión salarial. La segunda se produjo tras el veto presidencial a la ley de financiamiento, que luego fue ratificado por el Congreso.
Tras ese episodio, el Ejecutivo endureció su postura y cuestionó el funcionamiento de las universidades, mientras impulsó auditorías. Desde el sistema universitario respondieron con cuestionamientos sobre la autonomía y el control de los fondos públicos.
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A fines de 2025 se sancionó una nueva ley, pero su implementación volvió a quedar en discusión. Esa situación derivó en una serie de presentaciones judiciales por parte de rectorados, que ahora comienzan a tener respuesta favorable en los tribunales.
El fallo conocido en las últimas horas agrega un nuevo elemento a la disputa. Mientras los docentes mantienen medidas de fuerza, la decisión judicial obliga al Gobierno a avanzar con actualizaciones que hasta ahora no se habían concretado.
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