Avellaneda: así recuperaron nombres de cuerpos enterrados como NN por la dictadura

El trabajo del EAAF en el sector 134 del Cementerio de Avellaneda exhumó 336 cuerpos, probó entierros clandestinos e identificó a 119 víctimas.

El mayor hallazgo forense ligado a víctimas de desaparición forzada de la última dictadura argentina quedó concentrado en un predio de apenas 300 metros cuadrados dentro del Cementerio de Avellaneda. Allí, en el sector 134, el Equipo Argentino de Antropología Forense encontró una escala de ocultamiento mucho más grande que la que figuraba en los papeles: frente a 245 posibles víctimas registradas como hipótesis de búsqueda, las exhumaciones revelaron 336 cuerpos. Esa diferencia no fue un detalle estadístico, sino la prueba de que hubo entierros clandestinos y omisiones sistemáticas en los registros oficiales.

El lugar no era un rincón cualquiera del cementerio. Según la reconstrucción del EAAF, el sector 134 funcionó entre 1976 y 1978 como último eslabón del circuito represivo en la zona sur del área metropolitana, con fosas comunes conocidas como “vaqueras” y un muro que lo aislaba del resto del predio. En la causa judicial citada por el trabajo periodístico, empleados del cementerio declararon que allí enterraban de noche los cadáveres que dejaban fuerzas de seguridad, bomberos, policía u hospitales, lejos de la vista pública.

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La irrupción del EAAF en ese terreno comenzó en octubre de 1986, cuando la Cámara Federal pidió una exhumación para buscar a Rafael Perrotta, director de El Cronista Comercial, desaparecido en 1977. El equipo llegó al sector 134 todavía en una etapa inicial, dedicado sobre todo a la arqueología forense, y se encontró con un espacio cubierto de vegetación, ataúdes, hierros y huesos dispersos. Un sepulturero marcó un punto y dijo “Acá”; media hora después, los peritos ya tenían a la vista once cráneos y la certeza de que no estaban frente a una fosa individual, sino ante algo mucho más grande.

Ese primer impacto no alcanzaba para reconstruir identidades. El cambio llegó cuando el equipo intervino como perito de parte en la causa por María Teresa Cerviño, secuestrada en abril de 1976 y localizada en ese cementerio, lo que le permitió acceder a expedientes, libros de inhumación y actas de defunción. A partir de ahí, la excavación dejó de ser una búsqueda ciega: el EAAF pudo cruzar fechas, edades, sexo, causas de muerte y testimonios de sepultureros para entender qué había pasado en ese predio y quiénes podían estar enterrados allí.

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De esa lectura surgieron patrones que rompían la apariencia de normalidad administrativa. El equipo detectó gran cantidad de personas jóvenes con causas traumáticas y referencias reiteradas a heridas de bala, además de irregularidades como la ausencia de fecha de muerte en numerosos registros. Bernardi recordó que muchas veces, cuando un papel decía “hemorragia interna”, ya sabían que detrás faltaba consignar un disparo, y que los esqueletos asociados a la represión aparecían desnudos, sin pertenencias, a diferencia de personas mayores indigentes enterradas con ropa y sin lesiones.

La excavación fue lenta, técnica y físicamente extenuante. El EAAF limpió todo el terreno, armó una cuadrícula de 41 unidades de trabajo y avanzó durante cuatro años entre tierra removida, falta de luz y agua, riesgos de seguridad y robos que incluso llegaron a afectar evidencia central. Bernardi contó que en uno de esos episodios desaparecieron cuatro cráneos ya exhumados, una pérdida que no sólo complicó el trabajo pericial, sino que abrió un problema humano brutal: cómo explicarle a una familia que el resto recuperado de su hijo, esposo o padre ya no estaba.

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La identificación de las víctimas no dependió de un único método. En los primeros años, entre 1987 y 1991, el equipo pudo reconocer cuerpos a partir del análisis antropológico y de la comparación con datos premortem, como cirugías, patologías o prótesis; más tarde se incorporó el ADN, primero con cotejos uno a uno realizados en Estados Unidos. Entre los casos que marcaron ese recorrido estuvieron el de una mujer operada por René Favaloro, el de Luis Jaramillo a través de una prótesis dental, y el de Carlos Alberto Manfil, de 9 años, uno de los primeros identificados genéticamente junto con sus padres en el mismo sector.

La dimensión actual del trabajo muestra tanto el avance logrado como lo que todavía falta. Según el portal público que el EAAF lanzó este año sobre el sector 134, hasta ahora fueron identificadas 119 personas, mientras más de 126 continúan sin nombre, a la espera de nuevos cruces genéticos y de información familiar que permita cerrar coincidencias. Para eso, el equipo recuerda que ya cuenta con 11.750 muestras de referencia, aunque el paso del tiempo vuelve cada vez más difícil encontrar parientes directos.

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La historia de Avellaneda no quedó reducida a una exhumación emblemática. Lo que el EAAF reconstruyó allí fue también una mecánica de ocultamiento: entierros nocturnos, reutilización de fosas, cuerpos apilados en direcciones opuestas para que entraran más personas y una cadena de registros fragmentarios que intentó borrar tanto la identidad como la escena del crimen. Por eso, cada identificación no sólo restituye restos a una familia, sino que devuelve prueba judicial sobre cómo funcionó el terrorismo de Estado en la zona sur bonaerense.

A cuarenta años del inicio de ese trabajo, el sector 134 sigue hablando en presente. No porque falte confirmar que allí hubo entierros clandestinos, sino porque todavía quedan cuerpos sin nombre y familias que no saben que una muestra de sangre puede cerrar una búsqueda abierta desde hace décadas. Ese es hoy el límite más duro de la investigación: el hallazgo forense ya existe, pero la restitución completa todavía depende de encontrar a quienes faltan del otro lado.

Fuente: Infobae, EAAF.