Prorrogan el retiro voluntario aunque la salida no queda asegurada

La prórroga hasta el 24 de abril amplió el margen para adherir al plan, aunque la desvinculación sigue sujeta al filtro final del organismo.

Los empleados de ANSES que evaluaban aceptar el retiro voluntario ganaron dos semanas y algo más de tiempo, pero no una certeza. La Resolución 81/2026 prorrogó por 15 días hábiles administrativos el plazo para adherirse al régimen y corrió el cierre hasta el 24 de abril de 2026 a las 23:59. Ese cambio alivió la presión del calendario, aunque dejó intacto el punto más sensible del esquema: anotarse no equivale a obtener la salida.

La explicación oficial para extender el plazo no habló de una redefinición del programa ni de una ampliación de beneficios, sino de un problema práctico. El texto publicado en el Boletín Oficial sostuvo que la decisión respondió a “estrictas razones de índole operativa” y al “marco favorable de aceptación y acogimiento” del plan. En otras palabras, el Gobierno no modificó la lógica del retiro, pero sí admitió que necesitaba más tiempo para administrarlo dentro de un contexto de adhesión que consideró favorable.

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La prórroga corre sobre un régimen que ya venía definido desde marzo y que no funciona como una puerta abierta para cualquier agente que quiera irse. El plan, aprobado por la Resolución 68/2026, está dirigido al personal de planta permanente alcanzado por la legislación laboral aplicable en el organismo y con al menos dos años de antigüedad. Aun así, la norma dejó aclarado desde el inicio que la adhesión “constituye un acto estrictamente voluntario del agente”, pero su otorgamiento queda “sujeto a la exclusiva evaluación y aprobación de la ANSES, sin generar derecho subjetivo alguno a su concesión”.

Ahí aparece la verdadera tensión del esquema: el retiro es voluntario para el trabajador, pero discrecional para la administración. La reglamentación indica que cada área jerárquica puede rechazar solicitudes por “razones operativas y de servicio”, y esa sola causal alcanza como fundamento suficiente para desestimar un pedido. El plan, por lo tanto, no se limita a medir voluntad individual; también depende de si el organismo decide que puede desprenderse de ese puesto sin afectar su funcionamiento.

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El incentivo económico sigue siendo el mismo que se fijó cuando se aprobó el programa. Quien firme el acuerdo recibirá una gratificación extraordinaria única de egreso equivalente al 90% de la remuneración bruta mensual por cada año de antigüedad efectiva en ANSES, o por fracción mayor a tres meses, con un tope máximo de 24 haberes brutos. El pago se hará en una sola cuota hasta $80 millones y, si el monto supera esa cifra, se abonará en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

La ampliación del plazo tampoco cambió los requisitos que dejan gente afuera. Siguen excluidos quienes estén procesados por delitos contra la administración pública o condenados con inhabilitación para ejercer cargos públicos, quienes arrastren procedimientos disciplinarios que puedan terminar en despido, quienes ya iniciaron trámite jubilatorio o presentaron su renuncia y quienes superen los 62 años. También quedan al margen quienes mantengan reclamos administrativos o judiciales de índole laboral o salarial, salvo que desistan expresamente de ellos, con excepción de las acciones vinculadas a riesgos del trabajo.

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El régimen además endurece la situación de quienes tienen representación sindical o conservan protección gremial. La norma exige que el personal con mandato vigente renuncie al cargo sindical y a la tutela correspondiente, y que esa renuncia quede acreditada de manera fehaciente ante la Dirección de Relaciones Sindicales. Ese requisito muestra que la eventual salida no se agota en firmar una aceptación: también obliga a desarmar previamente cualquier cobertura sindical que pudiera bloquear la desvinculación.

El retiro no se perfecciona con una simple nota interna ni con una aceptación digital. El acuerdo debe formalizarse en los términos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, mediante escritura pública o ante autoridad judicial o administrativa del trabajo, y luego debe ser presentado para su ratificación y homologación ante el SECLO. La reglamentación incluso prevé que, si el agente o su abogado no comparecen en esa instancia, el acuerdo puede tenerse por desistido.

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El Gobierno también dejó asentado que la continuidad del programa no depende de un auxilio extraordinario del Tesoro. La resolución que prorrogó el plazo sostuvo que la medida se encuentra dentro de la conformidad presupuestaria ya otorgada, y la normativa que creó el plan recordó que la conducción de ANSES tiene facultades administrativas y financieras propias, independientes del Tesoro Nacional. Esa combinación refuerza la idea de que el organismo puede sostener el costo de los egresos previstos sin necesidad de abrir una negociación presupuestaria adicional por esta extensión.

Con la nueva fecha, el reloj deja de apretar igual que hasta el 5 de abril, pero la decisión de cada trabajador sigue cruzada por varias condiciones que no cambiaron. El beneficio económico, la exclusión de ciertos perfiles, la homologación obligatoria y la facultad de rechazo por razones de servicio continúan exactamente donde estaban antes de la prórroga. Lo que el Gobierno movió no fue el corazón del plan, sino el margen de tiempo para que ANSES defina cuántas salidas está dispuesta a aceptar y cuántas prefiere bloquear antes del 24 de abril.

Fuente: NA, Boletín Oficial.