Bahía Blanca quiere castigar con hasta $60 millones los bloqueos frente a empresas
Actualidad06/04/2026
REDACCIÓNUn concejal de La Libertad Avanza presentó una ordenanza que apunta contra cortes en accesos a firmas productivas, comerciales y logísticas, con sanciones millonarias.
En Bahía Blanca, un bloqueo frente a una empresa podría dejar de ser solo una escena de conflicto gremial o de protesta y pasar a convertirse en una falta municipal con sanciones millonarias. Esa es la lógica que empuja un proyecto presentado por el concejal libertario Marcos Streitenberger, que busca penalizar la obstrucción de accesos a establecimientos productivos, comerciales, logísticos y de servicios. La iniciativa mete de lleno al municipio en una discusión que siempre carga temperatura política porque toca, al mismo tiempo, el derecho a protestar y la libertad de trabajo.
El punto más fuerte del proyecto está en el monto de las multas, que el propio edil llevó al centro del debate público. “Es sencillo, el que bloquea será multado hasta $30.000.000 y si el bloqueo califica como supuesto agravado, $60.000.000”, escribió Streitenberger en su cuenta de X. Con esa frase, el concejal buscó instalar una señal de dureza y transformar una ordenanza municipal en una bandera política reconocible dentro del discurso libertario.
La propuesta no aparece redactada como una prohibición general de cualquier protesta frente a una empresa. El texto sostiene que el objetivo es garantizar “tanto la libertad de trabajo como el orden público, sin menoscabar el derecho a la protesta y la acción sindical pacífica”. Ahí está uno de los puntos más delicados del proyecto, porque intenta pararse en un equilibrio difícil: castigar ciertas formas de interrupción sin presentarse como una avanzada contra toda manifestación laboral o gremial.
OTRAS NOTICIAS:
La conducta que el proyecto busca sancionar quedó definida de manera bastante precisa en su Artículo 4°. Según ese apartado, incurre en una infracción quien, mediante la colocación de elementos físicos de obstrucción, impida total o parcialmente el acceso o el egreso de personas, vehículos o mercaderías a través de los accesos habilitados de un establecimiento en la vía pública. Esa redacción apunta directamente a los bloqueos materiales sobre ingresos y salidas, más que a una concentración o protesta que no interfiera en la circulación.
El texto también intenta fijar un criterio objetivo para evitar que la sanción dependa solo de interpretaciones políticas o policiales. Por eso establece que la infracción requerirá constancia objetiva en el acta de los elementos materiales utilizados para impedir el paso. En esa primera escala, la sanción prevista irá de diez a cincuenta Unidades de Multa, una referencia que el concejal tradujo públicamente en cifras que pueden trepar hasta los 30 millones de pesos.
La parte más dura del proyecto llega en el Artículo 5°, donde la conducta pasa a ser considerada grave bajo determinadas circunstancias objetivas. En ese caso, la sanción subiría a una escala de entre cincuenta y noventa Unidades de Multa, lo que según la interpretación pública de Streitenberger abre la puerta a castigos de hasta 60 millones de pesos. Aunque el texto compartido no detalla en este fragmento cuáles son todas esas circunstancias agravantes, sí deja claro que la ordenanza pretende construir una respuesta escalonada y más severa frente a ciertos escenarios.
OTRAS NOTICIAS:
Lo que se discute en el fondo no es solo una multa, sino el modo en que un municipio decide intervenir frente a conflictos que suelen darse en la puerta de plantas, depósitos o centros logísticos. La iniciativa libertaria busca mover ese terreno desde el conflicto sindical hacia el orden público y la circulación, dos conceptos que hoy funcionan como anclaje político para justificar medidas de este tipo. En esa operación, el bloqueo deja de leerse como una herramienta de presión laboral y empieza a ser presentado como una obstrucción sancionable desde el ámbito comunal.
La elección de Bahía Blanca tampoco es un dato menor para entender el peso del proyecto. Se trata de una ciudad con fuerte actividad productiva, comercial y logística, donde la discusión sobre accesos, mercaderías y funcionamiento de empresas tiene una dimensión económica concreta. Por eso, una ordenanza de este tipo no impactaría solo en una pulseada política, sino también en la forma en que pueden tramitarse futuros conflictos en sectores sensibles de la actividad local.
Desde el discurso libertario, la medida parece diseñada para enviar una señal clara al electorado propio. No se presenta como una norma técnica ni como una corrección administrativa menor, sino como un gesto de autoridad frente a una modalidad de protesta que el oficialismo y sus aliados suelen cuestionar con fuerza. El mensaje está pensado para que se entienda rápido: si alguien bloquea, se expone a una sanción económica muy alta.
Ahora la discusión pasará al terreno político e institucional del Concejo Deliberante, donde habrá que ver si la propuesta consigue respaldo o si queda como una bandera testimonial. Lo que ya logró, incluso antes de ser tratada, es instalar una pelea de fondo sobre hasta dónde puede avanzar un municipio en la regulación de los bloqueos y qué frontera real existe entre una protesta pacífica y una acción que, según esta mirada, debe ser castigada con cifras millonarias.
Te puede interesar
