El Gobierno reescribe Salud Mental con foco en riesgo, internaciones y hospitales

La Casa Rosada enviará al Congreso un proyecto para cambiar la ley de 2010, con nuevos criterios para intervenir y más peso para hospitales especializados.

El Gobierno decidió abrir una de las discusiones más sensibles del sistema sanitario y ya anunció que mandará al Congreso una nueva Ley de Salud Mental. El dato central no pasa sólo por una actualización técnica, sino por el tipo de giro que busca imprimirle al régimen vigente: más margen para actuar frente a situaciones de riesgo, otro criterio para definir internaciones y un lugar más fuerte para los hospitales especializados. La confirmación pública salió de Manuel Adorni, mientras que desde el Ministerio de Salud dejaron trascender que el texto apunta a corregir lo que consideran vacíos operativos de la norma actual.

La ley que hoy rige en la Argentina es la 26.657, sancionada en 2010, y fue concebida bajo un paradigma de derechos que puso límites estrictos a las internaciones y promovió el abordaje en hospitales generales y dispositivos comunitarios. Sobre esa base, el oficialismo sostiene ahora que el sistema quedó corto para responder frente a episodios críticos y que existen zonas grises que vuelven más lenta la intervención. En ese punto se apoya la nueva avanzada legislativa, que no plantea un simple retoque, sino una relectura de conceptos centrales de la norma.

OTRAS NOTICIAS:

Los clubes de Madryn abren sus puertas a ACES para jugar su candidatura continental

La Casa Rosada justifica la reforma con una frase que ordena todo el proyecto: busca “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”. Desde la cartera que conduce Mario Lugones agregaron además que la propuesta pretende “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre” y superar limitaciones para abordar emergencias y casos de riesgo. El corazón político del texto, entonces, está menos en la discusión doctrinaria sobre salud mental y más en la capacidad estatal para actuar antes, con menos ambigüedad y con mayor respaldo normativo.

Uno de los cambios más delicados aparece en el lenguaje con el que la ley define a las personas alcanzadas por el sistema. El oficialismo considera que la noción de “padecimiento mental” resulta “ambigua” y “demasiado amplia”, y por eso plantea reemplazarla por referencias tomadas de la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el concepto de trastornos mentales o del comportamiento. La modificación no es semántica en un sentido menor: según Salud, esa precisión permitiría ordenar diagnósticos y reducir demoras en la toma de decisiones clínicas y judiciales.

OTRAS NOTICIAS:

Golpeó a una mujer frente a un supermercado y quedó bajo investigación

Otro punto fuerte del proyecto pasa por el umbral que habilitaría una intervención más intensa del sistema. La iniciativa propone dejar atrás el criterio actual y pasar a uno basado en “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, una fórmula que amplía el terreno para actuar de manera preventiva y no sólo cuando el cuadro ya desbordó. Ahí está uno de los movimientos más concretos del nuevo texto: correr la vara para que la urgencia no quede atada a interpretaciones excesivamente restrictivas.

La discusión sobre internaciones también quedará en el centro del debate parlamentario. El Gobierno insiste en que la internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero al mismo tiempo quiere reforzar su uso como herramienta necesaria en determinados contextos, habilitando que los psiquiatras indiquen una internación involuntaria sujeta luego a ratificación por un equipo interdisciplinario. Además, busca extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación a la Justicia y permitir que una internación inicialmente voluntaria pueda convertirse en involuntaria si el paciente pide el alta y se determina que su capacidad está afectada.

OTRAS NOTICIAS:

Madryn busca que la innovación en las pymes salga del discurso y entre a la gestión

La reforma no se limita a internaciones y criterios diagnósticos. También propone fortalecer la red de atención con hospitales especializados, una señal clara de distanciamiento respecto del espíritu original de la ley vigente, que empujó el cierre progresivo de establecimientos monovalentes. En ese punto, el Gobierno se apoya en un mapa sanitario que considera insuficiente: según las fuentes citadas por Noticias Argentinas, sólo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley y existen apenas 18 hospitales generales con servicios de salud mental, mientras hoy funcionan 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas.

El rediseño también alcanzará al Órgano de Revisión, creado por la propia ley para proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. La propuesta oficial busca ampliar la participación del Ministerio de Salud dentro de ese cuerpo con áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR, una modificación que podría alterar el equilibrio interno de un organismo pensado originalmente con fuerte presencia de actores externos al Poder Ejecutivo. Ese punto probablemente concentre una parte importante de la disputa política y jurídica cuando el texto llegue al Congreso.

OTRAS NOTICIAS:

San Miguel abre abril con teatro documental y danza gratuita en el barrio

Antes de redactar el proyecto, el Gobierno dice haber recogido testimonios de familiares, pacientes, profesionales y también de actores judiciales y legislativos para identificar trabas en la aplicación cotidiana de la ley. Ese dato deja ver que la apuesta oficial buscará presentarse como una respuesta a problemas de funcionamiento más que como una impugnación abierta del paradigma de derechos de 2010. Aun así, el contenido que ya trascendió marca una línea nítida: más poder de intervención, más centralidad médica y más margen para el sistema frente a casos críticos.

Lo que viene ahora es la parte más áspera de la discusión. El Gobierno ya fijó el sentido de la reforma y expuso los nudos donde quiere mover la ley, pero todavía debe convertir ese anuncio en un texto legislativo capaz de atravesar el Congreso y de soportar una controversia que tocará derechos, criterios clínicos, estructura hospitalaria y rol judicial. El proyecto todavía no ingresó formalmente, y ese límite deja abierta la escena más importante: no la intención oficial de cambiar la norma, sino la pelea política y sanitaria que empezará cuando la nueva ley tenga letra definitiva.

Fuente: NA.