Tres fiscales del caso Dalmasso llegan a jury con acusaciones que siguen sin detalle público
Policiales08/04/2026
REDACCIÓNEl 21 de abril arranca en la Legislatura de Córdoba el juicio político a Di Santo, Miralles y Pizarro. La acusación general existe; el detalle, no.
El dato más incómodo del expediente quedó planteado antes de que empiece la primera audiencia. El jury contra los tres fiscales que condujeron distintas etapas de la causa Nora Dalmasso ya tiene fecha, sede y encuadre disciplinario, pero todavía no se conocen en forma pública las imputaciones puntuales contra cada uno de ellos. Esa rareza le da al proceso una densidad distinta: el 21 de abril comenzará un juicio político con acusación formal presentada y, al mismo tiempo, con un tramo central que sigue bajo llave hacia afuera del expediente.
La confirmación institucional del inicio llegó desde la propia Legislatura de Córdoba, donde funciona el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales. En una comunicación oficial del 30 de marzo, ese cuerpo informó que el debate oral por la actuación de los fiscales en la investigación de la muerte de Dalmasso comenzará el 21 de abril. La nota también ubicó allí mismo el escenario del proceso: las audiencias se desarrollarán en la Unicameral cordobesa y no en un tribunal penal ordinario.
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Los acusados son Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, tres nombres que quedaron asociados a momentos distintos de una causa atravesada durante años por cambios de rumbo, hipótesis caídas y decisiones discutidas. Di Santo intervino entre 2007 y 2015; Miralles, entre 2016 y 2017; y Pizarro, entre 2017 y 2019, según reconstruyen TN y la propia cobertura de la agencia NA. Esa secuencia temporal importa porque el jury no evaluará una decisión aislada, sino la forma en que se administró la investigación en distintos tramos de su historia.
El proceso no nació de una observación administrativa interna, sino de una denuncia que terminó pasando el filtro del jurado. La Legislatura recordó que el 4 de diciembre de 2025 el cuerpo admitió por unanimidad la presentación y sostuvo, en esa instancia preliminar, que los hechos podían “encuadrarse en las causales de mal desempeño y negligencia grave” previstas en la Constitución provincial y en la ley 7.956. Dicho de otro modo, el jury ya no discute si había elementos para abrir el expediente, sino si esos elementos alcanzan para remover o no a los fiscales cuestionados.
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A mediados de marzo, el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, presentó la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, y ese paso terminó de poner en marcha el tramo decisivo del procedimiento. Sin embargo, hasta este miércoles seguía sin difundirse públicamente cuál es la imputación individual que pesa sobre cada fiscal, un vacío que también reflejó Noticias Argentinas. La situación deja una foto llamativa: el caso ya salió del terreno preliminar, pero el mapa exacto de responsabilidades todavía no se abrió a la discusión pública con el mismo nivel de detalle.
El volumen del debate anticipa, además, que no se tratará de una audiencia breve ni meramente formal. La agencia NA informó que se esperan entre “40 y 45 testigos”, mientras TN agregó que el proceso será público y que, por la cantidad de convocados, habrá varias audiencias semanales; al mismo tiempo, la nota institucional de la Legislatura confirmó el arranque del debate, pero no difundió un cronograma completo de jornadas. Esa combinación muestra que el jury ya tiene un punto de partida firme, aunque no toda su hoja de ruta haya quedado expuesta con la misma precisión.
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La discusión sobre los fiscales corre, además, en paralelo con otro carril activo de la causa principal. En diciembre de 2025, el fiscal Pablo Jávega pidió la elevación a juicio contra Roberto Bárzola por abuso sexual seguido de muerte, un movimiento que mantuvo vivo el expediente penal mientras el jury empezó a revisar la actuación de quienes habían investigado antes. Esa superposición vuelve más nítida la división de funciones: una cosa es intentar llevar a juicio al imputado actual y otra, muy distinta, examinar si la investigación previa estuvo a la altura de lo que el caso exigía.
El trasfondo del jury también ayuda a medir por qué esta instancia pesa más que un trámite disciplinario ordinario. Según TN, la denuncia contra los tres fiscales fue presentada en marzo de 2025 por la familia Macarrón, y desde entonces el expediente avanzó hasta convertirse en un proceso público de enjuiciamiento político. La señal institucional que deja ese recorrido es fuerte: el foco ya no está sólo puesto en quién mató a Nora Dalmasso, sino también en cómo actuó la Justicia durante los años en que debía encontrar esa respuesta.
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Cuando el jury se abra el 21 de abril, no estará juzgando el crimen en sí mismo, ni revisando una hipótesis policial de ocasión, ni resolviendo la situación penal de Bárzola. Lo que pondrá bajo examen será la conducta funcional de tres fiscales que todavía siguen asociados a los años más controvertidos del expediente. Por eso, el punto de llegada del proceso no será una verdad judicial sobre la muerte de Dalmasso, sino una definición más acotada y a la vez institucionalmente pesada: si Di Santo, Miralles y Pizarro conservan sus cargos o quedan desplazados por cómo investigaron uno de los casos más persistentes y fallidos de la Justicia cordobesa.
Fuente: NA, TN, Ámbito.
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