Otra hipoteca de US$ 100.000 complicó la causa sobre los bienes de Adorni

Política08/04/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La fiscalía pasó de revisar papeles a citar testigos por dos operaciones inmobiliarias que repiten un mismo mecanismo de préstamos privados y garantías hipotecarias.

Manuel Adorni
Manuel Adorni

La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete de Ministros, entró en una etapa más delicada porque dejó de girar solamente alrededor de declaraciones juradas, escrituras y registros de propiedad. El expediente ahora busca respuestas de quienes aparecen en los documentos como acreedoras del funcionario en dos operaciones distintas. Esa transición empujó a la fiscalía a convocar a cuatro mujeres y a la escribana que intervino en ambos movimientos inmobiliarios.

El punto que reactivó el caso fue la aparición de otra hipoteca privada por US$ 100.000 vinculada a un departamento sobre avenida Asamblea al 1100, en Parque Chacabuco. Según la documentación citada por distintos medios, ese préstamo fue declarado por Adorni ante la Oficina Anticorrupción y quedó asociado a dos particulares que figuran como acreedoras. Lo que hasta hace poco aparecía como una deuda en su presentación patrimonial empezó a tomar forma concreta dentro de la causa.


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Ese inmueble ya arrastraba una historia previa y por eso el expediente no mira una sola operación aislada. Se consignó que el departamento había sido comprado en 2014 por US$ 105.000 y que sobre esa misma propiedad existió una hipoteca anterior por US$ 75.000 a favor de la vendedora original. A esa estructura se le sumó luego otra hipoteca no bancaria por US$ 100.000, firmada en noviembre de 2024, con Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio como acreedoras.

La fecha de esa segunda hipoteca es uno de los datos que más interés despertó en el expediente. Las pruebas señalaron que la operatoria coincide con otra compra familiar: el mismo día quedó registrada la adquisición de una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Esa coincidencia temporal sumó peso a la decisión del fiscal Gerardo Pollicita de profundizar la trazabilidad de los fondos y de pedir documentación respaldatoria.


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La pesquisa no se agota en Parque Chacabuco porque ya había otro tramo bajo observación en Caballito, sobre el departamento de calle Miró donde hoy vive el funcionario. Allí, según LA NACION, las anteriores propietarias Beatriz Viegas y Claudia Sbabo le facilitaron a Adorni US$ 100.000 cada una, en una operación que cubría más del 85% del monto declarado en la escritura. Antes de eso, el exfutbolista Hugo Morales, primer dueño de esa unidad, declaró que la había vendido en mayo de 2025 por US$ 200.000 a esas mismas mujeres.

La repetición del mecanismo es lo que ahora le da una dimensión distinta a la causa. En un caso aparecen dos jubiladas que venden y al mismo tiempo financian casi toda la compra; en el otro, dos particulares figuran como prestamistas de un monto alto sobre una vivienda ya perteneciente al matrimonio. Para la fiscalía, ese patrón justifica pasar del análisis documental a las declaraciones testimoniales y revisar no solo montos y fechas, sino también el encuadre legal de cada operación.


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El cronograma de citaciones muestra con claridad hacia dónde se mueve el expediente. Infobae informó que para el jueves 9 de abril de 2026 fueron convocadas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, mientras que para el lunes 13 de abril de 2026 deberán presentarse Graciela y Victoria Cancio. Entre ambos turnos, la fiscalía también fijó la declaración de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la operación de Miró, en la hipoteca de Asamblea y en la compra de la casa de Indio Cua.

El papel de la escribana quedó en el centro porque conecta expedientes, fechas y protagonistas. elDiarioAR sostuvo que Nechevenko participó en las tres operaciones mencionadas y que Pollicita le pidió toda la documentación vinculada a los movimientos inmobiliarios del matrimonio Adorni-Angeletti. La declaración de hoy no apunta solamente a certificar firmas: busca reconstruir cómo se instrumentaron pagos, préstamos, garantías y registraciones que hoy forman parte de la misma pesquisa.


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La causa, en ese marco, dejó de ser una discusión abstracta sobre bienes declarados para convertirse en un expediente que empieza a exigir explicaciones personales y directas. El problema ya no pasa solo por cuánto valía cada propiedad o qué monto figura en cada papel, sino por quién puso el dinero, en qué condiciones lo hizo y por qué ese esquema se repitió. Ese es el punto que empieza a abrirse ahora, con testigos sentados frente a la fiscalía y con una cadena documental que todavía tiene tramos por explicar. 

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