Regularización de títulos de viviendas en Madryn para salir de 40 años sin papeles

El IPV puso en marcha en Puerto Madryn la regularización de un barrio histórico donde aún resta escriturar un 30% y ordenar consorcios.

La mañana en Rucahue, en Puerto Madryn, tuvo clima de acto de reparación demorada. Después de más de cuatro décadas desde la entrega original del barrio, el Instituto Provincial de la Vivienda empezó a firmar las primeras escrituras del sector que todavía seguía pendiente de regularización. La escena tuvo algo más profundo que un trámite: familias que habitan hace años el mismo lugar empezaron por fin a convertir esa permanencia en propiedad plenamente documentada.

Guillermo Espada James explicó que el proceso apunta al tramo remanente del barrio, donde todavía falta escriturar aproximadamente un 30% de las viviendas. Ese dato, por sí solo, muestra la dimensión del atraso, porque se trata de un conjunto habitacional entregado en 1982 y todavía atravesado por situaciones que nunca terminaron de ordenarse. La deuda documental no quedó sólo en un papel ausente, sino que durante años condicionó decisiones familiares, operaciones patrimoniales y la propia vida comunitaria del lugar.

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La regularización, además, llegó cuando los problemas acumulados ya no son simples demoras administrativas, sino historias familiares complejas. El titular del IPV contó que ya aparecieron casos sucesorios, herederos que deben ponerse de acuerdo y hasta personas que viajaron desde otras provincias para poder completar la firma. La anécdota más contundente fue la de una vecina que llegó desde Mendoza, una postal que sirve para medir hasta qué punto el título pendiente seguía siendo una cuenta abierta después de décadas.

Espada James insistió en que la escritura modifica el lugar desde el cual cada familia se piensa dentro de su vivienda. Para resumir esa transformación usó una frase sencilla, pero cargada de sentido: “ya estoy en mi vivienda, ¿no?”. El cambio no se agota en la seguridad jurídica, porque también redefine qué puede hacer cada propietario con ese bien, ya sea venderlo, resolver un problema patrimonial o incluso proyectar una mudanza sin quedar atrapado en una informalidad eterna.

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En paralelo, el organismo empezó a trabajar en la formalización de consorcios y en la organización interna del barrio, con la idea de que los espacios comunes dejen de depender de la inercia o del desgaste cotidiano. Esa parte del operativo es central en la lógica oficial, porque la escrituración y la vida comunitaria aparecen como dos planos de un mismo problema: tener propiedad, pero también construir reglas mínimas para administrarla mejor.

En ese punto, Espada James planteó que el objetivo no es que un organismo llegue desde afuera a resolverlo todo, sino acompañar a los vecinos para que el ordenamiento nazca desde el propio barrio. “La misma gente empiece a organizarse y trabajar en comunidad. Eso es lo más importante”, sostuvo, al describir un esquema con presidentes, referentes por escalera y espacios de administración interna. La apuesta, según explicó, es que el cambio legal derive también en un cambio cultural, donde cada familia se sienta parte de un conjunto que debe sostener limpieza, mantenimiento y convivencia.

La entrevista dejó otra definición fuerte cuando el funcionario habló del estado en que encontraron el barrio en términos de organización interna. Dijo que, hasta ahora, el conjunto habitacional funcionaba con zonas grises, responsabilidades difusas y una convivencia demasiado librada a la costumbre. Por eso usó una descripción directa: “era un poco tierra de nadie”, una frase que no sólo apunta al pasado del barrio, sino que ayuda a entender por qué el IPV decidió ligar la entrega de escrituras con la reconstrucción de reglas comunitarias básicas.

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Espada James afirmó que lo que hoy empezó en Puerto Madryn se tomará como base para otros conjuntos habitacionales en situaciones parecidas dentro de la provincia. “Es un modelo que lo vamos a repetir en todos los otros conjuntos de la provincia”, dijo, y mencionó como próximos escenarios barrios de Rawson, Comodoro y Esquel, donde también persisten problemas de regularización arrastrados durante años.

El funcionario también dejó en claro que el 30% restante no se resolverá de un día para otro. El tiempo del proceso dependerá de conflictos sucesorios, desacuerdos entre herederos, declaratorias pendientes y hasta casos de personas que directamente ya no están localizables. Aun así, fijó un horizonte de trabajo concreto cuando señaló: “dentro del año ya lo vamos haber concluido”, marcando una meta que ahora quedará bajo seguimiento porque el punto más difícil de estas regularizaciones suele aparecer justamente donde la historia familiar se volvió más enredada.