La pena más alta del caso cayó sobre Jasveen Sangha, ubicada por la Justicia en el centro del circuito ilegal que terminó en la muerte del actor.
La condena más dura de todo el expediente por la muerte de Matthew Perry cayó este miércoles sobre la mujer a la que la acusación ubicó en el centro de la provisión ilegal de ketamina. Una jueza federal de Estados Unidos le impuso 15 años de prisión a Jasveen Sangha por su papel en la venta de la droga vinculada con el fallecimiento del actor en 2023. La resolución la convirtió en la persona con la sanción más severa entre los acusados alcanzados por esta causa.
El fallo lo firmó la jueza Sherilyn Peace Garnett, que sentenció a Sangha a 180 meses de prisión federal. La mujer tiene 42 años y los fiscales la presentaron como una traficante de alto nivel, conocida entre sus clientes como la “Reina de la ketamina”. Ese apodo, que ya había marcado la investigación, volvió a quedar asociado a la decisión judicial más fuerte de todo el caso.
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Prefectura encontró a un hombre buscado por la Justicia y frenó una fuga con droga en dos operativosLa condenada ya se había declarado culpable de cinco cargos federales, una admisión que dejó el tramo decisivo del expediente centrado en la magnitud de la pena. Entre esos delitos figuraron la distribución de ketamina, el mantenimiento de un inmueble ligado al tráfico de drogas y la distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones graves. Con ese reconocimiento previo, la audiencia de este miércoles no discutió si había existido participación, sino cuánto peso penal debía cargar Sangha por ese rol.
Perry, de 54 años, apareció muerto el 28 de octubre de 2023 en su casa de Los Ángeles, dentro de un jacuzzi ubicado en el patio trasero. La autopsia determinó que la ketamina fue la causa principal del fallecimiento y señaló al ahogamiento como un factor secundario o contribuyente. Esa conclusión médica fue la base que empujó una investigación penal sobre quiénes habían puesto la droga a su alcance fuera del circuito legal.
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Para la fiscalía, Sangha no quedó en un borde difuso del caso, sino en una zona de responsabilidad concreta y directa. Los investigadores sostuvieron que vendió la ketamina que terminó ligada a la muerte del actor y que, después del fallecimiento, tomó medidas para despegarse del hecho. Entre esas maniobras, la acusación incluyó la orden de borrar mensajes del teléfono, un movimiento que agravó la lectura judicial sobre su conducta posterior.
La dimensión pública del expediente nunca se explicó sólo por la causa penal. La interpretación de Chandler Bing en “Friends” convirtió a Perry en una de las caras más reconocibles de la televisión de los años 90 y de comienzos de los 2000, de modo que cada avance del caso tuvo una repercusión muy superior a la de un expediente ordinario por drogas. Esa centralidad cultural también endureció la atención sobre el circuito clandestino que rodeó sus últimos días.
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El caso además volvió a exponer un cruce incómodo alrededor de la ketamina. Por un lado, se trata de una sustancia con usos médicos controlados; por otro, la investigación mostró cómo ese mismo nombre aparece dentro de redes ilegales que explotan adicciones y venden fuera de cualquier resguardo clínico. La muerte del actor terminó empujando esa discusión mucho más allá de Hollywood y de la crónica de celebridades.
Que Sangha haya recibido la pena más alta entre los acusados no es un detalle lateral, porque marca cómo ordenó la Justicia la escala de responsabilidades dentro del expediente. El fallo la ubicó en uno de los puntos centrales de la cadena penalmente reprochada, por encima de otros implicados que también quedaron bajo condena o a la espera de sentencia. La resolución, así, no sólo castiga una venta fatal: también fija jerarquías dentro de una investigación que siguió abierta sobre varias personas.
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Con esta sentencia, la causa por la muerte de Matthew Perry dejó una marca judicial concreta y muy difícil de relativizar. La fama del actor volvió global el expediente, pero el núcleo del fallo quedó apoyado en algo mucho más áspero y específico: la venta ilegal de una droga seguida por maniobras para borrar rastros. Lo que queda desde ahora es un antecedente penal severo en un caso donde la exposición pública no alcanzó para diluir la responsabilidad atribuida por la Justicia.
Fuente: NA, Departamento de Justicia, Reuters.
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