Chubut quita tasas turísticas por un año en la cordillera golpeada por el fuego
Chubut09/04/2026
REDACCIÓNLa Provincia aliviará costos de inscripción y reinscripción a alojamientos de once localidades afectadas por los incendios, para sostener al sector.
Durante los próximos 12 meses, los alojamientos turísticos de una amplia franja de la cordillera chubutense dejarán de pagar una serie de tasas provinciales vinculadas a su inscripción y regularización. La decisión alcanza a establecimientos de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, Esquel, Trevelin, Corcovado, Carrenleufú, Gualjaina y Paso del Sapo, y apunta a bajar un costo concreto en uno de los momentos más delicados que atravesó el sector en los últimos meses. No se trata de un beneficio simbólico: es un alivio administrativo y económico pensado para una actividad que llegó a la temporada alta condicionada por el fuego.
La eximición incluye preinscripción, inscripción, reinscripción, categorización, recategorización y placa normalizadora, es decir, buena parte de los trámites que ordenan el vínculo entre el prestador y el Registro Provincial de Alojamientos Turísticos. Ese recorte de costos no modifica por sí solo la situación del turismo cordillerano, pero sí le saca presión a una estructura que viene de absorber cancelaciones, pérdida de ingresos y problemas de liquidez. Ahí está el núcleo de la medida: no reconstruye demanda, pero intenta evitar que la formalidad se convierta además en una carga extra.
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El trasfondo de esta resolución está atado de manera directa a los incendios forestales que golpearon la región durante enero y que derivaron en la Emergencia Ígnea vigente en el área cordillerana de Chubut hasta el 30 de abril de 2026. Ese marco excepcional quedó establecido por decreto provincial y fue el punto de partida para una batería de decisiones orientadas a sostener la actividad económica en las localidades afectadas. El turismo quedó entre los sectores más expuestos porque el fuego no sólo dañó infraestructura y paisaje inmediato, sino también la percepción de seguridad para viajar en plena temporada.
La medida provincial entra, entonces, en un terreno donde la urgencia turística no se explica sólo por la caída de visitantes, sino por el impacto acumulado sobre prestadores que viven del movimiento estacional. El propio relevamiento oficial al que alude el texto fuente habla de caída de reservas, cancelaciones masivas y falta de liquidez, una cadena que deja a muchos establecimientos con menos margen para sostener gastos fijos y procesos de regularización. Cuando el problema es de caja inmediata, hasta una tasa administrativa puede pesar más de lo que aparenta en un escritorio.
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Hay además otro objetivo menos visible, pero igual de importante para la Provincia: que más alojamientos ingresen o permanezcan dentro del Registro Provincial de Alojamientos Turísticos. Ese registro no funciona como una formalidad decorativa, porque es la vía para acceder a beneficios, capacitaciones, líneas de crédito y acciones de promoción oficial. Desde 2024, además, la normativa provincial modernizó el sistema y extendió a cinco años el plazo de inscripción para nuevos prestadores, en una señal de mayor previsibilidad regulatoria para el sector.
La decisión, por eso, no puede leerse sólo como un gesto de asistencia luego de los incendios. También es una forma de empujar la formalización de la oferta en un corredor turístico donde conviven emprendimientos consolidados, pequeños prestadores y nuevas modalidades de hospedaje. Quitar el costo de entrada o de renovación durante un año abre una ventana para que establecimientos que hoy dudan entre seguir, regularizarse o esperar, tengan un incentivo concreto para quedar dentro del sistema.
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En esa línea se inscribe la definición del ministro de Turismo, Diego Lapenna, cuando explicó que “impulsamos esta acción en el marco del plan de acción diseñado para acompañar a las localidades afectadas por los incendios, con el objetivo de aliviarles la carga económica y sostener la actividad turística, clave para el desarrollo económico y productivo de estas regiones, así como también para formalizar la oferta de alojamientos”. La frase junta dos dimensiones que suelen aparecer separadas: la urgencia de sostener un sector golpeado y la necesidad de ordenar la oferta formal. Justamente ahí se apoya el sentido político de la medida.
El alcance territorial también deja una pista sobre cómo interpreta la Provincia la red turística cordillerana. No se limitó a las localidades más identificadas con la Comarca Andina, sino que incorporó a Gualjaina y Paso del Sapo por su ubicación sobre la Ruta 12, conectada con la Ruta 40, en una lectura más amplia de los circuitos de circulación y pernocte. Eso sugiere que el impacto del fuego no se evalúa únicamente sobre el lugar donde ardió el bosque, sino sobre todo el entramado que depende del tránsito turístico regional.
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En términos operativos, el beneficio compra tiempo, pero no resuelve todo lo que quedó resentido en la temporada. Un alojamiento puede pagar menos trámites y aun así seguir sintiendo el golpe de una demanda que tardará en recomponerse si persisten la cautela del viajero, los daños materiales o la debilidad financiera de los prestadores. La exención despeja una parte del problema; el desafío pendiente sigue estando en recuperar reservas, sostener actividad real y evitar que la emergencia deje secuelas más largas que el propio fuego.
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