Sin firma con el SOMU, la temporada langostinera ya empieza a perder días

Chubut10/04/2026

CAPECA advirtió que el acuerdo con el gremio sigue trabado, que el combustible pegó otro salto y que los trabajadores eventuales siguen afuera.

Los barcos todavía no están listos para salir y el calendario ya empezó a jugar en contra. Desde CAPECA, su presidente Eduardo Boiero planteó en una entrevista con #LA17, que la temporada de langostino entra en una zona delicada porque el acuerdo con el SOMU sigue sin cerrarse y, al mismo tiempo, aún no se abrió ninguna zona de pesca. La combinación de esas dos demoras, una laboral y otra operativa, es la que hoy empuja la preocupación del sector.

La cámara empresaria insiste en que esta vez intentó anticiparse. Boiero explicó que en enero le acercaron al gremio una propuesta para revisar convenios y fijar una fórmula que permitiera sostener la actividad con mayor previsibilidad, y que en febrero llevaron esa misma oferta a la Secretaría de Trabajo de la Nación. Desde entonces, según describió, el punto sigue igual de trabado: "Estamos a la espera de que el gremio nos dé una respuesta concreta sobre esa propuesta".

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Boiero señaló que la intención de las cámaras era cerrar primero con el SOMU para que después el resto de los gremios pudiera renovar sus propios acuerdos con otra tranquilidad, algo que este año no ocurrió. En esa lectura, el conflicto dejó de ser un capítulo más de la discusión salarial y pasó a convertirse en la pieza que hoy condiciona la disponibilidad real de la flota.

La explicación que dio sobre la resistencia del sindicato apuntó a una dificultad política y económica al mismo tiempo. Dijo que no es sencillo para una conducción gremial aceptar un esquema que, en determinados contextos, puede implicar una baja de ingresos, aunque aclaró que con los valores actuales del mercado el negocio está en una franja intermedia y no en su peor momento. En ese punto, resumió la lógica empresaria con una definición que muestra el objetivo de fondo: "Nuestra idea es firmar algo que sea ya definitivo y que permita que las empresas puedan tener rentabilidad en los momentos que el langostino su precio caiga mucho".

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A esa negociación empantanada se le sumó otro factor que volvió todavía más ajustada la ecuación. Boiero aseguró que el combustible subió un 40% en lo que va del año, al pasar de 1.300 pesos a alrededor de 2.000 pesos el litro, y remarcó que en un tangonero ese salto llevó la incidencia del gasoil a alrededor del 20% del costo, cuando antes se ubicaba entre 9 y 10%. A la vez, advirtió que también empujan hacia arriba otros insumos, como el polietileno y los envases, en un contexto donde Europa todavía no muestra con claridad qué nivel de demanda va a sostener.

La preocupación empresaria tampoco quedó limitada al langostino. Consultado por la posibilidad de reflotar la pesca de merluza, Boiero sostuvo que el problema no está en una caída del producto en el mercado internacional sino en los costos locales que vuelven inviable la actividad. Su diagnóstico fue directo: "En dólares somos caros", y eso, según explicó, impacta tanto en lo que cobra el barco como en lo que cuesta sostener a la planta y al personal en tierra.

Desde esa misma lógica, el titular de CAPECA vinculó la crisis de rentabilidad con la necesidad de modificar convenios laborales que, a su juicio, responden a otra etapa del negocio. Mencionó que en Mar del Plata varias plantas dejaron de producir por no poder adecuar esos acuerdos con el SOIP, y advirtió que un problema parecido puede repetirse en el sur si no aparece un marco que permita discutir productividad sin que la actividad quede bloqueada. Para Boiero, una ley de modernización laboral podría servir solo si habilita esa adaptación y si los gremios aceptan recorrer ese camino.

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El dirigente agregó que las cargas sociales y aportes se ubican en el orden del 40 y pico por ciento sobre el salario de bolsillo, y que a eso se suma el peso del ART en una actividad con alto riesgo como la pesquera. En ese tramo endureció el tono y denunció además situaciones de fraude y una litigiosidad creciente que, según su mirada, llevaron al sistema "al borde del colapso".

Dentro de ese cuadro, los más golpeados vuelven a ser los trabajadores que ni siquiera lograron volver a bordo. Boiero señaló que los eventuales quedaron entre los principales perjudicados del año pasado y remarcó que "La gente lleva más de 20 meses sin poder embarcar", una cifra que expone con crudeza cuánto se arrastra del conflicto anterior. Si la ventana abierta hasta los primeros días de mayo no termina en un acuerdo con el SOMU y en una apertura de zona, la discusión dejará de ser solamente sectorial: empezará a medirse en días perdidos, barcos parados y empleo que sigue sin recuperar ritmo.