Cayó en La Plata una falsa abogada acusada de sacar $31 millones con engaños

Policiales10/04/2026

La detención expuso una maniobra que mezcló un título universitario apócrifo, promesas de ingreso al Poder Judicial y falsas intimaciones con sello oficial.

$ 31 millones aparecen en el centro de una causa que en La Plata no gira sólo alrededor de una estafa común, sino de una construcción más amplia: una identidad profesional falsa usada para abrir puertas, reclamar dinero y montar una apariencia de legalidad. La mujer detenida tiene 25 años y quedó acusada de “estafa, falsificación de sellos, ejercicio ilegal de la abogacía y usurpación de título”. El expediente la ubica además en un terreno especialmente sensible, porque la maniobra incluyó referencias directas al Poder Judicial bonaerense y a la Universidad Nacional de La Plata.

La acusada fue identificada como Noelia Rajoy y, de acuerdo con la imputación, se presentaba como empleada judicial y como abogada. Esa doble fachada no funcionaba como un detalle menor ni como una exageración de presentación personal, sino como la base del engaño. A partir de esa imagen, según la causa, podía ofrecer supuestos accesos laborales, dar apariencia de autoridad frente a terceros y sostener pedidos de dinero con una cobertura que buscaba parecer legítima.

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La investigación arrancó a mediados del año pasado después de la denuncia de una damnificada identificada como B.B.. Lo que se denunció no fue un episodio aislado, sino una operatoria armada alrededor de una convocatoria engañosa con promesas de cargos en el Poder Judicial de la Provincia. En esa misma línea, la causa sostiene que también se había montado un falso llamado a examen para el ingreso al Poder Judicial Bonaerense, siempre con Rajoy presentada como empleada judicial y abogada.

Ese tramo de la maniobra se conecta con otro elemento que la investigación considera central: el uso de un título supuestamente emitido por la UNLP. La documentación le daba a la acusada un respaldo aparente para moverse dentro de situaciones donde el nombre de una universidad pública y el del sistema judicial podían aportar credibilidad inmediata. Cuando el Ministerio Público Fiscal avanzó con tareas investigativas, una de las comprobaciones relevantes fue que la imputada no figuraba en el registro oficial de graduados de la universidad, disponible en internet.

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La causa no quedó encerrada en el plano simbólico de una identidad falsa, porque también describe un perjuicio económico concreto y de alto monto. Los investigadores establecieron que la mujer había creado un correo electrónico apócrifo con un logo correspondiente a ARCA y, desde esa cuenta, envió intimaciones por supuestas deudas. Ese mecanismo, según el expediente, fue dirigido a A. M. H., de 56 años, quien era el padre de su novio y había cobrado un premio al jubilarse.

La secuencia que describe la imputación muestra una maniobra sostenida en el tiempo y apoyada en la simulación profesional. Presentándose como abogada, Rajoy le habría ido requiriendo distintas sumas de dinero para cancelar intimaciones que no eran reales. El monto total que la causa le adjudica a ese circuito asciende a 31 millones de pesos, cifra que convierte al expediente en algo mucho más pesado que un caso menor de usurpación de título.

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Antes de la detención, el caso ya había acumulado medidas concretas sobre el terreno. En septiembre de 2025, durante un procedimiento en la vivienda de la acusada en Olmos, fueron secuestrados distintos materiales de interés para la causa. Ese allanamiento no sólo sirvió para reunir elementos probatorios, sino también para afirmar dos líneas de la pesquisa que hasta ese momento corrían en paralelo: la documentación usada para sostener la falsa condición profesional y la inexistencia de un título válido en el registro oficial de la UNLP.

La estructura de la maniobra, tal como surge del texto judicializado, combina ámbitos que por separado ya tendrían gravedad suficiente. Por un lado aparecen las falsas promesas de ingreso al Poder Judicial y el examen apócrifo; por otro, las intimaciones de deuda enviadas con una estética que remitía a un organismo nacional. Juntas, esas piezas muestran una operatoria que no dependía de un solo engaño, sino de una secuencia de representaciones falsas armadas para captar confianza y dinero en escenarios distintos.

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El expediente quedó radicado en la UFI N° 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata, de Guillermo Atencio. La detención cerró una etapa de la investigación, pero no agota el peso del caso porque la acusación reúne hechos diferentes bajo una misma lógica: hacerse pasar por lo que no era para ocupar un lugar de autoridad y desde ahí producir daño patrimonial y engaño institucional. Ese es el punto que ahora deberá sostener la causa con prueba suficiente: no sólo si hubo una estafa, sino cómo se armó una identidad falsa para volverla verosímil frente a cada víctima.