Por qué aparecen jubiladas en maniobras bajo sospecha y qué investiga la Justicia

La presencia de jubiladas en operaciones millonarias comenzó a repetirse en distintas investigaciones judiciales y encendió una señal de alerta. En los últimos meses, dos causas de alto impacto mostraron un patrón que ahora está bajo análisis: mujeres mayores que figuran en el centro de transacciones inmobiliarias sospechadas.

El dato no es menor. En expedientes vinculados tanto a la compra de propiedades de funcionarios como a bienes asociados a dirigentes del fútbol, las jubiladas aparecen como vendedoras, prestamistas o titulares formales de inmuebles de alto valor.

Uno de los casos que expuso esta dinámica es el que investiga la adquisición de un departamento en Caballito por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí, dos jubiladas —Claudia Sbabo y Beatriz Viegas— participaron como vendedoras del inmueble y acordaron un esquema de pago inusual.

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Según la declaración de la escribana interviniente, la operación incluyó un anticipo de 30.000 dólares y la financiación de 200.000 dólares en cuotas sin interés. Las mujeres quedaron en el centro de la escena luego de que trascendiera que podían haber actuado como prestamistas, algo que ellas negaron.

El fenómeno también aparece en otra causa que investiga una propiedad de lujo en Pilar vinculada a dirigentes de la AFA. En ese expediente, una jubilada figura como parte de la sociedad que posee la mansión, pese a no contar con un perfil económico acorde al valor del bien.

Estos casos abrieron una pregunta central: ¿por qué se utilizan jubiladas en este tipo de operaciones?

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Especialistas señalan que uno de los factores es el bajo perfil. Las personas mayores que no tienen actividad económica relevante suelen pasar más desapercibidas en controles iniciales, a diferencia de empresarios o figuras con alto movimiento financiero.

A esto se suma la menor trazabilidad. Al contar con pocas operaciones bancarias, resulta más difícil reconstruir circuitos de dinero complejos en una primera etapa de investigación.

Sin embargo, el punto más sensible es la vulnerabilidad. En algunos casos, las personas mayores pueden ser convencidas para participar sin dimensionar las consecuencias legales, ya sea por necesidad económica, confianza en terceros o falta de información.

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También influye su menor capacidad de defensa. A diferencia de otros actores, no suelen contar con asesoramiento legal o contable sofisticado, lo que las deja más expuestas si una operación queda bajo sospecha.

En ese esquema, quien organiza la maniobra busca a alguien que figure como titular visible. Si el caso se investiga, esa persona suele quedar en la primera línea de responsabilidad.

Pese a ello, desde el punto de vista legal no existe un trato diferencial. Las jubiladas pueden enfrentar cargos graves como lavado de dinero o evasión si se comprueba su participación en operaciones irregulares.

Por eso, en muchas investigaciones terminan siendo las primeras en ser citadas o señaladas. Su rol, lejos de ser secundario, puede resultar clave para reconstruir cómo se estructuraron las operaciones.

Mientras avanzan las causas, el foco ya no está solo en los montos o los bienes involucrados. También se desplaza hacia las figuras que aparecen en los papeles y el entramado que permite que estas maniobras se concreten.