Caso Ángel: una abogada advirtió que la falla excede a una sola persona: “Es todo un sistema que no funciona”

La especialista en derecho de familia Estela Gagliardi pidió frenar acusaciones apresuradas y afirmó que el problema de fondo está en respuestas tardías y fallas estructurales.

La discusión pública alrededor del caso Ángel sumó este viernes una voz que intentó correr el foco de la búsqueda inmediata de culpables individuales y ponerlo sobre otro plano: el funcionamiento del sistema que interviene cuando un chico queda atrapado en conflictos familiares graves. La abogada de familia Estela Gagliardi planteó que, con la información disponible hasta ahora, no corresponde construir condenas apresuradas ni reducir todo a una sola persona. Su intervención apareció en medio de una crisis social y judicial donde cada declaración empuja el caso hacia un terreno cada vez más sensible.

El punto de partida de su análisis no fue abstracto ni defensivo, sino profesional. Gagliardi explicó que trabaja todos los días con expedientes complejos y que cada situación obliga a un abordaje diferente, una precisión relevante en un momento en el que el caso de Ángel quedó expuesto a lecturas rápidas y a señalamientos cruzados. Desde ahí marcó un límite claro sobre cuánto puede afirmarse cuando el expediente todavía no mostró toda su información.

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“Cada uno requiere un análisis distinto. Este caso en particular no lo tenía y es poco lo que se sabe por el expediente”, sostuvo, al remarcar que no hay margen serio para leer todas las situaciones familiares con una misma lógica. Esa frase ordena bastante bien el sentido de su postura: no negó la gravedad del caso, pero sí cuestionó la velocidad con la que muchas veces se transforman sospechas, fragmentos o reacciones sociales en verdades cerradas. En ese punto, su mensaje apuntó más a la prudencia metodológica que a la defensa de alguna de las partes en conflicto.

La definición más fuerte llegó cuando se refirió al reparto de responsabilidades. “No podemos tirar culpas a nadie. Es todo un sistema. No hay una persona determinada a la que se pueda señalar como el problema”, dijo, en una frase que cambia el encuadre habitual con el que suelen leerse estos casos en las primeras horas. Lo que propuso fue mirar una cadena institucional más amplia, donde intervienen organismos, tiempos de reacción, criterios judiciales y dispositivos de protección que no siempre responden con la rapidez necesaria.

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Ese desplazamiento del foco no implica borrar conductas individuales ni anular una eventual responsabilidad penal, pero sí evitar que toda la crisis se simplifique en una figura única. Gagliardi sugirió que el problema aparece antes y alrededor de los nombres propios, en un mecanismo que llega tarde, interviene mal o no articula respuestas suficientes frente a señales de alarma. Por eso su planteo se vuelve incómodo: obliga a pensar el caso no solo como una tragedia particular, sino también como una falla de estructura.

La abogada también pidió cautela con otra práctica frecuente en momentos de fuerte exposición pública. “Hay que ser muy cuidadosos con endemoniar a una persona o a un defensor”, advirtió, en referencia al riesgo de convertir el debate judicial en una descarga social sin matices. Esa observación agrega una capa importante al caso, porque señala que la presión colectiva puede terminar obturando el análisis fino que estos expedientes necesitan para no cometer nuevas injusticias.

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Su mirada no se quedó en la crítica general, sino que apuntó a un déficit operativo concreto. “Es todo un sistema que no funciona. Tiene que haber una intervención inmediata en el lugar donde se producen estas situaciones”, afirmó, al marcar que la falla no está solo en la evaluación posterior de los hechos, sino en la capacidad real de llegar a tiempo. Ahí aparece el corazón de su diagnóstico: el daño no se explica únicamente por una mala decisión final, sino por una ausencia o demora en la intervención cuando todavía había margen para actuar.

Leída completa, la posición de Gagliardi introduce una discusión que desborda el expediente puntual de Ángel. Habla de cómo se leen las alertas, de quién actúa primero, de cuánta información comparten los organismos y de qué manera el sistema de protección de niños responde cuando la urgencia ya está encima. Su planteo no clausura la investigación ni reemplaza a la Justicia, pero sí suma una mirada que corre el centro desde la reacción emotiva hacia la responsabilidad institucional.

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En un caso atravesado por dolor, sospechas y reclamos, esa intervención deja una consecuencia pendiente bastante concreta. La causa judicial seguirá su curso con sus propias pruebas, pero el debate público ya recibió una advertencia que no conviene pasar por alto: si todo se resume en encontrar un nombre para descargar culpas, puede quedar intacto el mecanismo que permitió que la situación llegara hasta ese punto. Y ahí, precisamente, es donde Gagliardi dijo que hoy está la falla más profunda.

Fuente: Del Mar.