La guerra ya no empieza con misiles: ahora también se disputa en redes y sistemas clave

La crisis por Ormuz volvió a mostrar que los conflictos actuales combinan presión militar, ciberataques, desinformación y amenazas sobre infraestructuras críticas.

Un paso marítimo estratégico como el estrecho de Ormuz ya no concentra preocupación solamente por la posibilidad de un choque militar o por su peso en el mapa energético global. También expone otra capa del conflicto contemporáneo: la dependencia tecnológica de rutas, servicios e infraestructuras que pueden convertirse en blanco sin necesidad de un ataque convencional. La tensión reactivada por el ultimátum de Estados Unidos a Irán volvió a dejar a la vista que la disputa entre Estados también se juega sobre sistemas, datos, comunicaciones y percepción pública.

Esa transformación alteró la forma en que se entiende la guerra en el siglo XXI. Los especialistas en temas informáticos que analizaron este escenario describen una lógica en la que la ciberguerra, la desinformación y la presión sobre sectores estratégicos ya forman parte de una misma caja de herramientas. En esa dinámica, los Estados buscan obtener ventajas geopolíticas sin recurrir siempre a una confrontación militar abierta, pero con efectos concretos sobre la economía, la seguridad digital y la estabilidad política.

La situación alrededor de Ormuz funciona como una síntesis de ese cambio porque combina geografía crítica con vulnerabilidad tecnológica. Por allí circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo, de modo que cualquier alteración sobre ese punto repercute mucho más allá de la región. Pero el problema no queda limitado al paso de buques o al flujo de energía: también aparece la posibilidad de afectar sistemas logísticos, circuitos de distribución y plataformas que sostienen operaciones esenciales.

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Ahí entra en juego uno de los conceptos que más peso ganó en los últimos años: la “zona gris”. Se trata de escenarios donde un Estado influye, presiona o desestabiliza a otro sin declarar formalmente la guerra y sin asumir el costo visible de una ofensiva bélica tradicional. Dentro de esa zona se ubican ataques a infraestructuras críticas, espionaje digital, interferencias en sistemas de navegación y comunicaciones, manipulación de mercados sensibles y campañas de influencia política sobre otros países.

Ese repertorio tiene una ventaja operativa evidente para quienes lo usan: permite provocar daño económico y social con menor exposición directa. Un ataque digital a un sistema sensible, una interferencia en redes clave o una operación coordinada de desinformación puede alterar decisiones públicas, encarecer costos, frenar actividades o sembrar incertidumbre sin que exista una imagen de guerra clásica. El conflicto, entonces, no desaparece: cambia de formato y se vuelve más difícil de identificar, atribuir y contener.

La circulación de información falsa o manipulada ocupa un lugar central dentro de esa lógica. Las campañas de desinformación no aparecen como un fenómeno lateral, sino como una herramienta capaz de amplificar tensiones políticas, empujar reacciones económicas o distorsionar debates públicos. La velocidad con la que se propagan contenidos en plataformas digitales multiplica ese efecto y convierte a la disputa por la percepción en un frente tan sensible como el control territorial o el poder militar.

Esa realidad también obliga a mirar de otro modo a las infraestructuras críticas. Energía, petróleo, transporte, telecomunicaciones y servicios financieros integran un ecosistema fuertemente interconectado, donde una falla o una intrusión puede desatar consecuencias en cadena. En ese marco, un punto estratégico como Ormuz deja de ser solo una referencia geopolítica para convertirse además en un nodo vulnerable dentro de una red mucho más amplia, donde lo físico y lo digital ya no pueden separarse con claridad.

El impacto de este tipo de conflictos no recae únicamente sobre gobiernos o fuerzas armadas. Las empresas y organizaciones privadas también quedan expuestas a interrupciones operativas, filtraciones de información sensible, ataques sobre la cadena de suministro, daños reputacionales y manipulación de datos estratégicos. Esa ampliación del riesgo cambia la escala del problema, porque ya no se trata solamente de defensa estatal, sino de la capacidad de toda una trama institucional y productiva para sostenerse bajo presión.

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Desde esa mirada, la seguridad dejó de ser un asunto puramente técnico. Los expertos sostienen que los conflictos híbridos exigen una lectura que combine variables geopolíticas, tecnológicas y económicas, ya que ninguna de ellas alcanza por sí sola para interpretar lo que ocurre. El avance de la digitalización amplió la superficie expuesta y redujo la distancia entre un episodio internacional y sus efectos concretos sobre mercados, servicios o decisiones públicas.

En ese sentido, Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, advirtió: “La creciente digitalización de infraestructuras críticas amplía la superficie de exposición frente a amenazas que no reconocen fronteras físicas. Hoy la estabilidad de los países también depende de su capacidad de anticipar riesgos tecnológicos y gestionar escenarios de incertidumbre”. La definición resume el corazón del problema, porque ubica la resiliencia digital como una condición de estabilidad y no como un complemento técnico.

Zurdo también planteó que “en un contexto donde la frontera entre guerra, economía y tecnología es cada vez más difusa, la capacidad de anticipar riesgos y fortalecer la resiliencia digital se vuelve un factor cada vez más relevante para gobiernos, empresas y sociedades”. Esa observación no cierra la discusión con una fórmula abstracta, sino que deja planteado un límite operativo concreto: los conflictos modernos ya no necesitan cruzar primero una frontera física para producir daño. Hoy, la disputa puede empezar mucho antes, en silencio, sobre redes, sistemas e información.