Quieren penas de hasta 10 años por incendios y tala, pero el proyecto apunta más lejos
Actualidad13/04/2026
REDACCIÓNTras los incendios en la Patagonia, buscan castigar con prisión la destrucción de bosques y sumar responsabilidades a funcionarios.
El impacto de los incendios forestales volvió a instalar una discusión que mezcla urgencia ambiental con decisiones políticas. En el Congreso comenzó a circular un proyecto que propone un cambio profundo en la forma de sancionar la destrucción de bosques nativos, con penas que incluyen prisión efectiva.
La iniciativa no surge en un vacío. En los últimos años, la pérdida de superficie forestal se convirtió en un problema sostenido en el país. Según datos incluidos en el proyecto, Argentina perdió cerca de 2,1 millones de hectáreas de bosques nativos en la última década, una cifra que grafica la magnitud del deterioro.
El escenario reciente en la Patagonia terminó de acelerar el debate. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se quemaron más de 32.000 hectáreas, incluyendo zonas protegidas y parques nacionales. Ese contexto aparece en los fundamentos como un punto de quiebre para avanzar con medidas más duras.
El proyecto propone crear un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo, con un esquema que incorpora delitos específicos. Las penas previstas van de 3 a 10 años de prisión en los casos más graves, especialmente cuando se trata de acciones intencionales.
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Uno de los aspectos que introduce un cambio significativo es el alcance de las responsabilidades. La propuesta no se limita a quienes ejecutan desmontes o incendios, sino que también incluye a funcionarios públicos que autoricen o participen en maniobras irregulares vinculadas a estos hechos.
En esos casos, además de las penas de prisión, se contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El objetivo es cerrar un circuito que, según los impulsores, permite que ciertas prácticas continúen pese a la normativa vigente.
El texto también define agravantes que pueden elevar las sanciones. Entre ellos aparecen situaciones en las que el daño se produce con fines económicos, pone en riesgo la vida humana o afecta de manera directa la salud pública. Incluso se contemplan consecuencias ambientales como la erosión del suelo o la alteración de cursos de agua.
Dentro del articulado se establece que será sancionado quien “intencionalmente tale, desmonte, destruya o degrade por cualquier medio, en forma total o parcial, un bosque nativo”, incluso si existe una autorización previa que se excede o se utiliza de forma irregular.
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Los autores del proyecto sostienen que el esquema actual resulta insuficiente para frenar estas prácticas. En ese sentido, advierten que “aplicadas las multas de rigor, los responsables las pagan y la tala ilegal continúa”, lo que deja en evidencia las limitaciones del sistema vigente.
El diagnóstico también incluye dificultades estructurales del Estado. Entre ellas, mencionan recortes presupuestarios, menor capacidad operativa y problemas de coordinación entre jurisdicciones, factores que complican la prevención y el control.
Frente a ese panorama, la propuesta busca generar un efecto disuasivo a través del derecho penal. En los fundamentos se plantea la necesidad de contar con “un sistema instrumental inhibitorio idóneo que impida que el daño suceda”, con herramientas que actúen antes de que el daño sea irreversible.
Con el debate abierto en el Congreso, la discusión gira ahora en torno a qué tipo de sanciones pueden resultar efectivas para frenar la pérdida de bosques. El proyecto pone sobre la mesa una alternativa más dura que podría cambiar el enfoque frente a los delitos ambientales en el país.
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