Miembros de la universidad hicieron que Bruno Sancci "parezca un asesino para poder cancelarlo"

El docente de Historia Bruno Sancci permanece desde hace más de seis años bajo una suspensión que, según sostiene, derivó además en su apartamiento del cargo y en una campaña pública para destruir su imagen dentro y fuera de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

 "Fui víctima de una de las campañas de difamación y persecución ideológica más brutales de las que se tenga registro en el ámbito académico" asegura Sancci y agrega que, en ese planteo, la Justicia ya anuló decisiones tomadas en su contra y que ahora avanzará con demandas por calumnias, injurias y daños "Contra quienes lo señalaron públicamente con acusaciones gravísimas". 

El docente reconstruye un conflicto que, de acuerdo con su versión, "Comenzó a escalar en 2017", cuando ganó espacio político en la facultad. Allí ubica las primeras denuncias en su contra, entre ellas acusaciones de “gordofobia” por haberle regalado una barrita de cereal a una estudiante y de “nazi” por usar una máscara de gas húngara de la Guerra Fría como material didáctico. Sancci presenta esos episodios como el punto de partida de una "Secuencia de hostigamiento que luego se amplió hacia el terreno institucional, judicial y público". 

La parte más delicada de esa reconstrucción aparece vinculada al caso de Nadina Nieto, la joven que se quitó la vida en medio de una crisis psiquiátrica. Sancci sostiene que, pese a que ella estudiaba la carrera de Turismo en otra ciudad y no cursaba ninguna tesis con él, sectores de la universidad impulsaron una narrativa para asociarlo a su muerte y convertirlo en blanco de una condena pública. Según su presentación, esa operación incluyó acciones orientadas a instalar socialmente la idea de que él tenía responsabilidad en el caso. 

En ese marco, el docente  que algunas autoridades y parte del cuerpo de profesores influyeron sobre estudiantes que conocían a Nadina para promover escraches en su contra. En su texto menciona el uso de espacios institucionales, entre ellos la Cátedra de Género, y describe intervenciones realizadas durante el curso de ingreso universitario con representaciones de mujeres golpeadas y ensangrentadas, además de carteles con consignas como “Fuera Sancci de la UNP”, “Sancci asesino” y “Justicia por Nadina”. Más que un conflicto interno, su planteo expone una confrontación que —según denuncia— fue empujada deliberadamente hacia una condena social. 

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Para lograr instalar esta difamación, "algunas autoridades y parte del cuerpo de profesores influyeron directamente en la sensibilidad de los estudiantes que estudiaban con Nadina Nieto, manipulándolos para organizar escraches públicos con el único fin de lograr la expulsión" indicó el propio Sancci, quien agregó que esa ofensiva no quedó limitada a los pasillos de la facultad. Según afirma, "Durante la investigación judicial por la muerte de Nadina hubo integrantes de la universidad que se presentaron en tribunales" para intentar relacionarlo con el hecho y "sostuvieron esa acusación en distintas instancias públicas". Ese punto es central en su versión porque busca mostrar que "La acusación fue una construcción que intentó proyectarse también sobre el expediente penal". 

Sobre ese tramo del caso, el docente remarca que la Justicia penal avanzó con medidas de prueba de alto impacto: peritajes sobre celulares, cámaras de seguridad, mensajes privados y pruebas de ADN. De acuerdo con lo que señala, "El resultado de esa investigación fue que no tuvo ninguna vinculación con la muerte de la joven, al punto de que ni siquiera fue necesaria la convocatoria a declaración". 

En paralelo, Sancci afirma que "La Universidad mantuvo una conducta contradictoria puertas adentro". Sostiene que "Permaneció bajo suspensión preventiva por más de seis años, pese a que el procedimiento de sumarios prevé un plazo de 90 días", y agrega que "El Consejo Directivo dio por aceptada una renuncia que la Justicia demostró falsa para desplazarlo de un cargo directivo". A su entender, esa prolongación y esas decisiones administrativas "No respondieron a una lógica disciplinaria regular, sino a la voluntad de sostener su exclusión aun sin resolución definitiva". 

El docente demostró que la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia falló a su favor en tres juicios distintos, anulando su despido y otras medidas por violaciones a sus derechos humanos y a su derecho de defensa. Sancci asegura además que, "Pese a esos fallos, la Universidad no le restituyó sus cátedras y optó por mantener el salario sin permitir volver a dar clases". Esa situación, según plantea, terminó consolidando un escenario en el que obtuvo respaldo judicial, pero siguió "Marginado del ejercicio efectivo de su tarea docente". De hecho, señaló que “parte del grupo que encabezó los escraches ha intentado quedarse con sus cargos”. 

El planteo va todavía más allá y atribuye a las autoridades una responsabilidad previa en el clima que rodeaba a Nadina. Sancci sostiene que "La estudiante, en su rol de representante en el Consejo Directivo, había denunciado ataques y "aprietes” por defender a compañeros que consideraba injustamente acusados". También afirma que "Dentro de ese mismo grupo de estudiantes de Turismo el nivel de hostigamiento fue tan grave que otro compañero que se sentaba con ella también terminó suicidándose, aunque por causas distintas, y que ese dato quedó opacado por la construcción de una figura demonizada alrededor suyo".

En otro pasaje especialmente sensible, el docente asegura que "En el expediente quedaron documentadas conductas de doble estándar entre quienes lo acusaban públicamente". Allí menciona, según su propia versión, que "las mismas autoridades que lo señalaban habrían encubierto en 2004 un caso de acoso sexual para proteger a un aliado político", y agrega que "Uno de los referentes de ese espacio en la sede Trelew fue señalado por retener parte de planes sociales de una estudiante a cambio de permitirle trabajar en la fotocopiadora de la facultad".

Con ese cuadro de fondo, el catedrático anunció que irá a la Justicia para "Demandar a autoridades, docentes y alumnos" a quienes responsabiliza por haberlo tildado públicamente de “violador” y “asesino”. La decisión, según expone, apunta a "Limpiar su nombre después de años de suspensión, litigios y exposición pública", pero también a dejar asentado un antecedente sobre "los límites del uso político e institucional de acusaciones que nunca encontraron sustento en sede penal".

Aclaró también que “las denunciantes han sido llevadas a juicio por la violenta campaña de difamación que iniciaron y sostuvieron en su contra”.

N. de R.: Las afirmaciones y citas de Bruno Sancci en esta nota tienen respaldo en documentación de causas judiciales.