El fiscal de Trelew habló del daño social de esos delitos, cuestionó la levedad de las condenas y pidió recuperar confianza institucional.
La conversación con Omar Rodríguez en #MODO17, dejó rápido un dato más áspero que el reconocimiento que acababa de recibir. Cuando le preguntaron por la corrupción en la Argentina, eligió correrse del elogio personal y meterse en un terreno mucho más incómodo: el de una práctica que atraviesa gobiernos, vacía recursos públicos y sigue encontrando castigos demasiado débiles. Desde ese lugar, el actual fiscal jefe de Trelew trazó una mirada que combinó experiencia, frustración y una advertencia concreta sobre cómo funciona hoy el sistema penal frente a esos delitos.
Rodríguez venía de ser distinguido por la Asociación Argentina de Fiscales, pero la nota secundaria no giró sobre la premiación sino sobre el fondo del problema que marcó buena parte de su carrera. Recordó que el reconocimiento surgió del voto de alrededor de 400 fiscales de distintas provincias y señaló que ese respaldo se apoyó, sobre todo, en las causas de corrupción que impulsó durante su paso por la unidad especializada en delitos contra la administración pública. Aun así, en vez de detenerse en la distinción, usó esa vidriera para volver sobre un fenómeno que definió como persistente y difícil de erradicar.
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Una de las frases más fuertes apareció cuando rechazó las promesas grandilocuentes de campaña que aseguran el fin de la corrupción como si se tratara de una decisión inmediata. Para el fiscal, ese discurso no resiste un análisis serio y sólo alimenta una frustración posterior todavía mayor. “No es que desaparezca la corrupción porque eso sería un imposible”, dijo, y enseguida ubicó el verdadero objetivo en otro plano: contenerla, investigarla y evitar que se expanda sin control dentro del Estado.
Ese razonamiento se enlazó con una idea central de toda la charla: la corrupción no representa solamente una maniobra individual para sacar ventaja o quedarse con plata pública. Rodríguez insistió en que sus efectos golpean de lleno sobre servicios, salarios, infraestructura y condiciones de vida de la población. Cuando describió esas consecuencias, habló de “las escuelas”, de “los maestros”, de “la policía”, de “las calles destruidas” y de edificios públicos que no se arreglan, una enumeración que baja el tema de la abstracción judicial al daño cotidiano que perciben miles de personas.
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En ese tramo también cuestionó con dureza una frase que suele aparecer como forma de resignación social frente al poder. El viejo “roban, pero hacen” no le resultó una picardía ni una simplificación tolerable, sino una forma de consuelo peligroso que termina justificando lo injustificable. Desde su mirada, el funcionario “no tendría que robar nada”, entre otras cosas porque nadie lo obliga a ocupar ese lugar y porque cobra un sueldo precisamente para administrar recursos públicos sin apropiarse de ellos.
La crítica más precisa al sistema apareció cuando explicó por qué muchas condenas por corrupción no generan en la sociedad la sensación de reparación que sí despiertan otros delitos. Rodríguez sostuvo que las penas previstas para este tipo de hechos siguen siendo bajas y que eso abre la puerta a condenas en suspenso o a salidas anticipadas, incluso en expedientes de enorme impacto público. Lo resumió con una frase directa: “La mayoría de los delitos de corrupción tienen penas de 6 años”, un tope que, según explicó, muchas veces deja a los responsables en una situación comparativamente más favorable que la de quienes cometieron delitos contra la propiedad.
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La observación no quedó en el plano técnico, porque el fiscal la conectó con una discusión política que excede a los tribunales. Dijo que existen proyectos para endurecer esas penas, pero que nunca terminan de avanzar en el Congreso, y sugirió que eso no ocurre por casualidad. En su interpretación, cuesta mucho que prosperen reformas de ese tipo cuando buena parte de quienes deben votar esas leyes pertenece al mismo universo donde más tarde pueden aparecer investigaciones, sospechas o imputaciones.
A lo largo de la entrevista también volvió una y otra vez sobre la confianza pública, una palabra menos ruidosa que corrupción, pero quizá más decisiva. Rodríguez planteó que cuando las instituciones pierden credibilidad, restaurar ese vínculo se vuelve mucho más costoso que dictar una condena o anunciar una reforma. Por eso no redujo el problema al accionar de jueces y fiscales, sino que lo llevó a un plano más amplio, donde intervienen la educación, la ética pública y la formación social desde la casa, la escuela y la universidad.
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Ese diagnóstico se apoya además en una experiencia concreta. Rodríguez recordó que pasó casi ocho años en la unidad fiscal especializada en delitos contra la administración pública y sostuvo que varias de las causas impulsadas en ese tiempo recién ahora empiezan a mostrar algunos efectos visibles, como las subastas de bienes obtenidos a partir de investigaciones judiciales. En esa lectura aparece una idea menos declamativa y más áspera: los resultados existen, pero llegan con lentitud, exigen persistencia y no siempre alcanzan para modificar de inmediato la percepción social de impunidad.
El fiscal cerró con una dosis de optimismo prudente, lejos de cualquier consigna fácil. Dijo que la Argentina puede aspirar a una sociedad con menos corrupción, pero no por una decisión milagrosa ni por la promesa de un candidato, sino por un trabajo sostenido que involucre justicia, política y ciudadanía. Su planteo dejó una línea clara para leer el problema: el verdadero desafío no pasa por fingir pureza, sino por ponerle un límite a una práctica que, cuando se normaliza, termina costándole demasiado caro a los que menos tienen.
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