Argentina empeora su puntaje en el índice global de corrupción y baja cinco puestos

Política16/02/2026

El índice global de Transparency International ubicó al país en el puesto 104 en 2025, con 36 puntos. La medición toma percepciones de expertos y empresarios del sector público.

La corrupción aparece en los informes globales como algo más que un problema de ética pública: también se traduce en servicios que no llegan y obras que no se hacen. En esa línea, el reporte anual de Transparency International advirtió que “la corrupción provoca hospitales con financiación insuficiente, defensas contra inundaciones sin construir y arruina las esperanzas y los sueños de los jóvenes”. Ese marco internacional funciona como telón de fondo para leer lo que pasó con la Argentina en la última medición.

El país figuró con 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondiente a 2025. Ese puntaje lo ubicó en el puesto 104 entre 182 países evaluados, un escalón que marca un retroceso frente al lugar que ocupaba en 2024, cuando estaba 99°. La caída también se ve en el detalle fino: la calificación resultó un punto menor a la del año anterior.

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El ranking arma comparaciones que llaman la atención por el tipo de “vecindad” estadística que genera. En el puesto 104, la Argentina comparte ubicación con Belice y Ucrania, y queda detrás de países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana, según la tabla difundida. La lectura rápida no alcanza, porque el índice no mide causas judiciales ni condenas, sino percepción especializada sobre el sector público.

La tendencia del puntaje argentino también aporta una pista sobre el recorrido de los últimos años. Con 36, el país sostiene una línea descendente que, según el informe, se arrastra desde 2019. En términos prácticos, esa curva se traduce en una percepción de mayor corrupción respecto de mediciones previas, aun cuando el índice no describa hechos puntuales. El dato se vuelve especialmente sensible porque el informe se conoce durante el segundo año de mandato del presidente Javier Milei.

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El IPC se presenta como la clasificación de corrupción más utilizada a nivel global y se apoya en un criterio específico. Mide el nivel de “corrupción percibida” por expertos y empresarios en el sector público de cada país, no una contabilidad de delitos en curso. Esa metodología busca captar el clima institucional que rodea a la gestión estatal, con énfasis en prácticas y señales que influyen sobre decisiones y confianza.

Para construir el puntaje, el índice no se apoya en una sola medición ni en un único organismo. La calificación de cada país surge de una combinación de al menos tres fuentes de datos, tomadas de 13 encuestas y evaluaciones distintas. Esas fuentes, de acuerdo con la descripción incluida en el informe, provienen de instituciones reconocidas como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, entre otras.

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El informe también plantea que la foto argentina se inscribe en un cuadro global con deterioro. El promedio mundial cayó a un nuevo mínimo de 42 puntos, y más de dos tercios de los países quedaron por debajo de 50. Ese dato ubica a la Argentina dentro de un escenario donde la corrupción percibida no aparece como un fenómeno aislado, sino como parte de una crisis de integridad pública extendida. Aun así, la comparación no diluye el retroceso argentino: lo vuelve más visible en un tablero ya complicado.

En su definición de alcance, Transparency International remarca que la corrupción no se limita al soborno clásico ni a una escena de “valija” fácil de detectar. Para la organización, “puede manifestarse de diversas formas, desde actos delictivos como el soborno, la extorsión y la malversación de fondos, hasta prácticas altamente cuestionables, pero a veces legales, como el nepotismo, el clientelismo y el favoritismo”. Esa amplitud conceptual explica por qué la percepción incluye también conductas que, aunque no siempre terminan en tribunales, erosionan la confianza en el Estado.

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Con esos elementos sobre la mesa, el índice deja dos mensajes simultáneos para la política local. Por un lado, expone el lugar relativo de la Argentina en el ranking y el deterioro respecto de 2024. Por otro, vuelve a poner en circulación una discusión de fondo sobre cómo se construye credibilidad institucional cuando la mirada externa e interna marca retroceso, con un puntaje que queda lejos de los países considerados más transparentes.