La Fiscalía va por los responsables directos de la muerte de Ángel

Miquelarena confirmó que la audiencia de este mediodía abrirá la investigación penal contra dos sospechosos y que otras posibles fallas institucionales van por otro carril.

La causa por la muerte de Ángel entra este martes al mediodía en una instancia decisiva y, según explicó el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, el foco penal inmediato no está puesto en todo lo que rodeó al caso, sino en una pregunta mucho más concreta y urgente: quiénes fueron los responsables directos de la muerte del nene. Esa definición ordena el trabajo de la fiscalía en un expediente que conmueve a Comodoro Rivadavia, repercute en todo el país y empieza a mostrar sus primeras cartas judiciales.

En diálogo con El Quinto Poder en el aire de #LA17, Miquelarena sostuvo que, desde el momento en que se notificó el fallecimiento, el Ministerio Público Fiscal activó medidas de prueba de manera acelerada. Detalló que se tomaron numerosos testimonios, se hicieron inspecciones y que ya al día siguiente habían sido secuestrados, “para cautelar”, los celulares de los dos principales sospechosos. La secuencia, según relató, quedó reforzada el domingo por la tarde, cuando el informe preliminar de la autopsia terminó de consolidar el pedido de detención inmediata.

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Ese pedido se formuló el mismo domingo y, de acuerdo con lo que señaló el procurador, las detenciones se concretaron esa misma noche. Ahora, lo que sigue es una audiencia cercana al mediodía en la que se revisará la legalidad de esas detenciones y, al mismo tiempo, se avanzará con la apertura formal de la investigación. En otras palabras, no será sólo una discusión sobre si las detenciones fueron correctas, sino también el momento en que la fiscalía expondrá cuál es el hecho investigado, la calificación provisoria y los elementos de evidencia reunidos hasta ahora.

Miquelarena explicó que esa audiencia condensa dos planos distintos del proceso. Por un lado, el control de detención obliga a evaluar si hubo legalidad en el procedimiento y si existen medidas de coerción que justifiquen, por ejemplo, una prisión preventiva, para lo cual la fiscalía deberá demostrar peligro de fuga o de entorpecimiento. Por otro, la apertura de investigación implicará hacerles saber a las dos personas detenidas de qué se las acusa, bajo qué encuadre legal se las investiga y con qué base probatoria empezó a construirse la acusación.

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Dentro de ese marco, el jefe de los fiscales provinciales trazó una frontera muy clara sobre qué está investigando hoy la justicia penal y qué no. Afirmó que el Ministerio Público Fiscal pidió desde el primer día todas las actuaciones vinculadas al contexto del caso, incluidas las relacionadas con decisiones previas sobre el menor, pero aclaró que eso no significa que la fiscalía esté investigando penalmente a magistrados o funcionarios de otros fueros. Su explicación fue tajante: “hoy por hoy el Ministerio Público Fiscal está abocado a determinar qué fue lo que pasó con la criatura, quiénes son los responsables directos de haberle ocasionado la muerte”.

Esa delimitación no supone desconocer que pueda haber otros niveles de responsabilidad. Miquelarena remarcó que en la vida institucional y profesional existen responsabilidades familiares, laborales, administrativas, civiles y penales, y subrayó que la penal es la más grave y, justamente por eso, opera como la “última ratio” dentro del conjunto. A partir de ese criterio, sostuvo que si hubo fallas en otros ámbitos, como un juzgado de familia, una defensoría o cualquier otro organismo, eso deberá discutirse por los carriles correspondientes y no dentro de la pesquisa penal que hoy busca esclarecer la muerte de Ángel.

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Ahí aparece uno de los puntos más sensibles del caso, porque en el debate público ya empezaron a circular acusaciones contra un juez de familia y contra funcionarias vinculadas al expediente previo del menor. Miquelarena respondió que, en el ámbito penal, “no tenemos ninguna denuncia de esa naturaleza” y reiteró que la fiscalía no está hoy abocada a establecer ese tipo de responsabilidades. También recordó que, en todo caso, la eventual revisión administrativa o disciplinaria sobre funcionarios de otro fuero no le corresponde al Ministerio Público Fiscal, sino a otras estructuras institucionales.

La entrevista también dejó una señal sobre el clima externo que rodea al expediente. El procurador reconoció que el caso tuvo una repercusión nacional muy fuerte y que incluso fue asimilado mediáticamente al caso Lucio, aunque aclaró que la fiscalía intenta abstraerse de ese ruido para no contaminar la investigación. En esa misma línea, defendió el trabajo de los fiscales y de la Brigada de Investigaciones, a quienes señaló como piezas centrales de una tarea que, según dijo, se movió con rapidez desde el primer día.

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Otro punto delicado apareció con la posible irrupción de abogados mediáticos en representación de la familia. Miquelarena no cuestionó que una querella pueda incorporarse a la causa y dejó en claro que la fiscalía no pondrá objeciones a esa participación, pero sí marcó reparos sobre algunas declaraciones previas que, a su entender, anticipan pedidos que el propio proceso ya contiene. Cuando mencionó expresiones como exigir la detención inmediata o reclamar “la prisión perpetua de los imputados”, recordó que, si el caso avanza bajo la calificación provisoria del artículo 80 del Código Penal y existe un veredicto de culpabilidad en un juicio por jurados, la pena posible ya está prevista por la propia lógica del expediente.

Al mismo tiempo, explicó que una vez constituida, la querella tiene autonomía para empujar otras hipótesis penales, incluso si no coinciden con la mirada del Ministerio Público Fiscal. Eso significa que podría intentar incorporar a otras personas al proceso o sostener una acusación propia, aun en escenarios donde la fiscalía adopte otra posición. Pero, aun con esa amplitud, Miquelarena dejó planteado que la conducción de la investigación penal, en esta etapa, sigue concentrada en una prioridad concreta: sostener con evidencia la acusación contra quienes hoy aparecen bajo sospecha directa por la muerte de Ángel.

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La audiencia de este mediodía, entonces, no cerrará las discusiones que el caso abrió en la sociedad ni resolverá de una vez todas las responsabilidades posibles alrededor del niño. Lo que sí hará será fijar el punto de partida formal de la causa penal más grave, la que intenta determinar cómo murió Ángel y quiénes deben responder por eso frente a la justicia. Sobre el resto, ya sea la actuación de otros organismos, las derivaciones administrativas o las nuevas estrategias de la querella, todavía queda otro recorrido por delante.