La apertura de ofertas técnicas dejó a tres jugadores en carrera por la participación estatal en Citelec, la controlante de la principal transportista eléctrica argentina.
La privatización de Transener entró este martes en una fase concreta y ya dejó un dato central: hay tres grupos con ambición real de quedarse con una porción decisiva de la columna vertebral del sistema eléctrico nacional. La apertura de sobres técnicos confirmó que el Estado avanza con la venta de su participación en CITELEC S.A., la sociedad que controla a la mayor transportista de energía en alta tensión del país, y que la pelea ya no es teórica ni preliminar.
Lo que está en disputa no es una compañía menor ni una concesión periférica. Transener administra infraestructura crítica del Sistema Argentino de Interconexión, con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV y una red adicional de unos 3.700 kilómetros que conecta el norte y el sur del país. Esa escala explica por qué la compulsa quedó rápidamente bajo la lupa del sector energético: el ganador no se llevará sólo una inversión financiera, sino un activo con peso operativo sobre todo el mapa eléctrico argentino.
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La operación, además, tiene una ingeniería societaria que vuelve más relevante cada movimiento. ENARSA posee el 50% de Citelec, y esa sociedad controla el 52,65% del capital de Transener, incluidas todas las acciones clase A. Dicho de otro modo, el Estado no vende una presencia simbólica: pone en el mercado una llave de control indirecto sobre una empresa estratégica, dentro del proceso de privatización por etapas habilitado por el decreto 286/2025 y reglamentado luego por resoluciones del Ministerio de Economía.
El mapa de interesados ya quedó delimitado. En carrera siguen la sociedad conformada por Edison Energía y Genneia, por un lado; Edenor, por otro; y Central Puerto como tercera alternativa. Esa terna concentra a jugadores que ya tienen presencia en distintos eslabones del negocio eléctrico y que ahora buscan sumar una pieza que completa o amplía su posicionamiento dentro del sector.
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La dupla Edison-Genneia aparece como una de las movidas más agresivas de la compulsa. Genneia, cuyo accionista más visible es Jorge Brito, viene del negocio de renovables y busca dar un salto hacia el transporte; Edison Energía, en tanto, se consolidó en poco tiempo como un vehículo de expansión rápida dentro del mercado eléctrico. Según reconstruyeron La Nación y EconoJournal, detrás de Edison están los hermanos Juan y Patricio Neuss, socios de Inverlat y empresarios de Newsan, un armado que en los últimos años ya sumó distribución, transporte y generación.
La otra gran vereda de la pelea la ocupan Edenor y Central Puerto, dos nombres pesados del tablero energético. Edenor, controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, iría desde la distribución hacia la alta tensión; Central Puerto, con accionistas encabezados por Guillermo Reca, buscaría reforzar su peso desde la generación hacia un segmento todavía más estructural. En ambos casos, la lógica es parecida: usar Transener para ganar escala, integración y centralidad regulada en un negocio donde el volumen y la estabilidad importan tanto como la rentabilidad.
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El procedimiento avanza bajo una licitación pública nacional e internacional y con un precio base de US$206 millones, una cifra que sirve como piso formal pero no agota el valor político ni estratégico del activo. La Nación precisó que las ofertas económicas se abrirán más adelante y que la adjudicación está prevista para junio, mientras que el Gobierno, en su comunicado oficial, habló de continuidad del cronograma y de una definición también en ese mes. La etapa que se abrió hoy no consagra al ganador, pero sí achicó el lote y dejó la disputa concentrada en tres nombres.
El oficialismo presenta la operación como parte de una reorganización más amplia del sector energético y como el cierre de una etapa excepcional en la que el Estado participó de forma directa en la transmisión y transformación eléctrica. En su comunicación oficial sostuvo que la venta de Citelec “restablece el esquema previsto en el Marco Regulatorio Eléctrico”, bajo el cual el transporte debe quedar prioritariamente en manos privadas con regulación estatal. Esa formulación muestra el sentido político de la licitación: no se trata sólo de recaudar, sino de correr al Estado de un lugar que la administración de Javier Milei considera impropio.
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La disputa por Transener abre así una definición que va más allá del nombre del comprador. Lo que se resolverá en los próximos meses es quién se quedará con una pieza central de la red eléctrica argentina y qué tipo de concentración sectorial emergerá de esa decisión. Las ofertas técnicas ya pusieron a los candidatos sobre la mesa; ahora empieza la parte donde el Gobierno deberá decidir si prioriza precio, espalda empresaria, capacidad operativa o una mezcla de las tres cosas.
Fuente: NA, LA NACION.
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