La Justicia fue contra TikTok por cuentas falsas que usaban a un trader mendocino

Policiales15/04/2026

Una causa por suplantación de identidad busca frenar perfiles que ofrecían capacitaciones a nombre de Juan Andrés Ruiz y avanzar sobre el rastro digital.

La imagen de un influencer financiero mendocino terminó convertida en la puerta de entrada de una maniobra que, según la investigación, buscó vender capacitaciones usando una identidad ajena. El caso tiene como víctima a Juan Andrés Ruiz, conocido en redes por su perfil como trader, y ya derivó en una medida cautelar orientada a que TikTok intervenga sobre las cuentas señaladas. La discusión judicial ya no pasa sólo por la existencia de perfiles falsos, sino por la velocidad con que una plataforma puede cortar la circulación de una estafa montada sobre un nombre real.

La causa se abrió en octubre de 2025, después de una denuncia presentada por el propio Ruiz ante la fiscalía. Desde entonces, el expediente avanzó hasta un punto sensible: este 14 de abril, la Unidad de Apoyo a la Investigación Fiscal del Ministerio Público Fiscal mendocino tramitó el oficio vinculado con una medida cautelar reportada ante TikTok. Ese movimiento le dio a la investigación un nuevo alcance, porque dejó de apuntar sólo a identificar autores y pasó a exigir acciones concretas sobre la red donde operaban los perfiles denunciados.

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La diligencia fue impulsada por el fiscal Juan Gabriel Tichelitras y autorizada por el Juzgado Penal Colegiado N° 2, a cargo de Mariana Gardey. Ese respaldo judicial le dio forma institucional al pedido y colocó a la plataforma ante una exigencia precisa dentro de una investigación penal en curso. La medida, según la información difundida, busca que la circulación del engaño se interrumpa antes de que siga ampliando sus efectos.

El planteo judicial no quedó formulado de manera genérica. Lo que se pidió fue que TikTok “arbitre las acciones necesarias para dar de baja al perfil del denunciante y se proceda el cese de los efectos del delito”. Esa frase expone con claridad el núcleo del caso: la identidad usada para el fraude no pertenece a cuentas anónimas sin referencia, sino a una persona real que, según la causa, vio replicado su nombre para ofrecer productos y capturar confianza ajena.

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La medida cautelar tiene, además, un segundo objetivo que empuja la investigación más allá del simple bloqueo de usuarios. Por un lado, pide que se suspendan las cuentas fraudulentas mencionadas por el denunciante; por otro, reclama la identificación de IP de origen y datos del tráfico generado como prueba. El expediente, de ese modo, no sólo intenta bajar el contenido falso, sino también reconstruir quiénes estuvieron detrás de la maniobra y desde dónde operaron.

La pesquisa encuadra la conducta investigada bajo una figura penal específica. Según se informó, la suplantación de identidad con fines defraudatorios está catalogada como “estafa con nombre supuesto”, de modo que no se la trata como un simple conflicto reputacional en redes ni como una discusión privada entre usuarios. La causa, en cambio, quedó ubicada desde el inicio en el terreno de los delitos económicos e informáticos.

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El caso también deja ver un problema más amplio que la Justicia mendocina intentó abordar en tiempo real. Cuando una identidad digital con alto nivel de visibilidad se replica para ofrecer capacitaciones o promesas económicas, el daño no queda limitado al prestigio del perfil afectado. También se abre un riesgo directo para terceros que pueden creer que están operando con una cuenta auténtica y terminar en una maniobra engañosa.

Hasta ahora, sin embargo, hay un dato que mantiene una zona del expediente todavía vacía. La Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos no recibió denuncias de terceros por presuntas estafas vinculadas a las falsas capacitaciones que circularon bajo ese nombre. Eso no elimina la gravedad de la maniobra investigada, pero sí marca que, por el momento, el caso judicial avanza sobre la suplantación y sobre la necesidad de frenar sus efectos antes de que aparezca un volumen mayor de damnificados.

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Lo que queda abierto ahora no es la existencia de perfiles apócrifos, sino la respuesta efectiva de TikTok y la posibilidad de llegar al origen técnico de las cuentas denunciadas. La cautelar ya colocó a la plataforma dentro de la escena judicial y convirtió una denuncia por identidad robada en un expediente con pedidos concretos de bloqueo y trazabilidad. El próximo paso de la causa dependerá de si esa intervención digital alcanza para cortar la maniobra y convertir los rastros de la red en evidencia penal.

Fuente: NA.