El hallazgo de una pistola destapó el faltante de 120 armas que deberían estar bajo custodia judicial

La aparición de un arma que debía seguir bajo custodia abrió una pesquisa por sustracciones en tribunales de Roca y Regina y expuso una falla grave.

Una pistola de 9 milímetros que ya había sido secuestrada en otro procedimiento apareció de nuevo en circulación y dejó al descubierto un agujero mucho más grande dentro del Poder Judicial de Río Negro. A partir de ese hallazgo, una auditoría terminó constatando el faltante de 120 armas de fuego que debían estar bajo resguardo oficial en General Roca y Villa Regina. Lo que hasta entonces podía leerse como una irregularidad aislada empezó a tomar la dimensión de una ruptura seria en la cadena de custodia de elementos secuestrados en causas penales.

El dato que volvió explosivo el caso no es sólo la cantidad, sino el recorrido que sugiere la investigación. El arma que encendió la alarma fue enviada a peritaje y allí se detectó que ya tenía ingreso previo en los registros judiciales, por lo que nunca debió haber reaparecido en otro operativo policial. Esa contradicción obligó a revisar depósitos, oficinas y movimientos internos hasta llegar a una cifra que terminó exponiendo una falla extendida, no un error administrativo menor.

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La mayor parte del faltante se concentró en el depósito de secuestros ubicado en el subsuelo de los tribunales roquenses, donde, según las reconstrucciones publicadas, desaparecieron 106 armas. Pero el problema no terminó ahí: también se confirmaron sustracciones en dependencias judiciales de Villa Regina y en una oficina de la propia fiscalía de Roca. La suma de esos tres puntos fue la que terminó llevando el total a 120 y la que volvió más delicada cualquier explicación basada en una sola brecha puntual.

El episodio de Regina, además, no apareció recién ahora. De acuerdo con las publicaciones que reconstruyeron el expediente, ya en diciembre de 2025 se había detectado el hurto de ocho armas en esas dependencias, mientras que después se incorporó otro hallazgo inquietante: cinco armas más faltaban de un armario en la fiscalía roquense. Esa acumulación de faltantes en distintos espacios judiciales terminó por desarmar cualquier idea de que el sistema de resguardo estuviera funcionando con normalidad.

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La reacción institucional mostró hasta qué punto el escándalo perforó la estructura interna del Poder Judicial rionegrino. Funcionarios de Cipolletti tomaron el control de los depósitos ubicados en el subsuelo y en el octavo piso de los tribunales de la calle San Luis de Roca, mientras el Superior Tribunal de Justicia abrió sumarios contra tres personas, un empleado y dos funcionarios de la Oficina Judicial. En paralelo, la Auditoría interna quedó a cargo de revisar quiénes tenían acceso y llaves sobre el sector de secuestros donde debía estar guardado el armamento.

La causa penal también cambió de manos, y ese movimiento no fue un detalle burocrático. La Fiscalía General de Río Negro designó al fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, para conducir la investigación con el argumento de asegurar objetividad y evitar suspicacias, desplazando así la intervención que hasta entonces se desarrollaba en la Segunda Circunscripción. Junto a él se sumó un equipo integrado por Rocío Guiñazú, Vanesa Giardina y Romina Núñez, con la tarea de reconstruir cómo pudo salir armamento de tres sectores distintos sin que se encendieran antes las alarmas institucionales.

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En el plano penal, la pesquisa deberá determinar si hubo un circuito de sustracción y derivación de armas hacia la calle, y en el administrativo se intentará establecer quiénes fallaron en el control o permitieron el acceso. Las publicaciones sobre el caso señalan que el acceso al depósito era restringido, una condición que reduce el universo de responsables posibles y vuelve más pesada la sospecha sobre fallas internas, negligencia o connivencia. Ese punto es central porque ya no se investiga sólo un faltante contable: se investiga cómo armas secuestradas reaparecieron en manos de delincuentes.

La gravedad institucional también quedó expuesta en la reacción del gremio judicial. El secretario general de Sitrajur, Marco Calarco, dijo que el caso “no puede explicarse como un hecho aislado” y lo vinculó con problemas en la cadena de custodia y en los controles administrativos que deberían garantizar la trazabilidad de los elementos secuestrados. Su intervención no agregó un dato nuevo al expediente, pero sí puso en palabras una sospecha que atraviesa toda la causa: el faltante no parece fruto de un descuido único, sino de un sistema que dejó demasiados huecos abiertos.

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Lo más inquietante del caso es que el escándalo no empezó por una denuncia preventiva ni por un arqueo exitoso, sino porque una de las armas volvió a aparecer afuera del lugar donde el Estado debía custodiarla. Desde ahí se abrió un expediente que ahora mezcla responsabilidades penales, sumarios internos y una pregunta todavía sin respuesta: cuántas de esas armas ya salieron definitivamente del circuito judicial para entrar en el circuito del delito. Lo que sigue no es sólo una investigación sobre un depósito vulnerado, sino sobre una custodia oficial que dejó de garantizar algo básico: que un arma secuestrada no vuelva a la calle.

Fuente: LA NACION, Diario Río Negro.