Llevan a la Justicia la nueva ley pesquera y apuntan contra todo el sistema
Actualidad16/04/2026
Sergio BustosEl conflicto por la nueva ley pesquera de Chubut sumó un capítulo decisivo y salió del plano político para instalarse en la Justicia. Los principales permisionarios de Puerto Rawson presentaron una acción para que se declare inconstitucional la norma sancionada recientemente por la Legislatura provincial.
La presentación fue realizada ante el Superior Tribunal de Justicia y plantea un cuestionamiento integral al nuevo esquema regulatorio. No se limita a artículos puntuales, sino que apunta directamente al diseño completo del sistema que redefine el funcionamiento de la actividad pesquera en la provincia.
El reclamo fue impulsado por la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut, a través de su presidente Gustavo González, y patrocinado por el estudio jurídico Martínez Zapata. En el escrito se solicita la impugnación de varios artículos específicos y también del capítulo que introduce el régimen denominado “Ficha Limpia Pesquera”.
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Uno de los ejes centrales del planteo está vinculado a los cambios en el sistema de licencias. Hasta ahora, los permisos tenían plazos definidos de cinco, diez o quince años, lo que brindaba previsibilidad para inversiones de largo plazo. Según la demanda, la nueva ley rompe con ese esquema y genera incertidumbre en el sector.
El cuestionamiento apunta especialmente a las nuevas causales de suspensión o caducidad de permisos. La normativa incorpora factores que exceden la actividad pesquera, como la situación fiscal de las empresas, antecedentes administrativos o incluso aspectos vinculados a sus directivos.
Para los demandantes, ese cambio implica un uso indebido del poder regulatorio. Consideran que se mezclan objetivos fiscales con herramientas propias del control de la actividad pesquera, lo que, a su entender, desvirtúa el sentido original de la normativa.
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Otro punto crítico es la intervención de la Agencia de Recaudación de Chubut dentro del sistema. La ley establece que una deuda fiscal firme puede derivar en la suspensión o pérdida de permisos, lo que transforma una cuestión tributaria en un factor determinante para la continuidad de la actividad.
El planteo judicial advierte que ese mecanismo podría funcionar como una forma indirecta de presión sobre las empresas. En lugar de utilizar los canales habituales para el cobro de impuestos, el Estado podría recurrir a la amenaza de perder la licencia como herramienta de coerción.
También se cuestiona la falta de instancias de defensa antes de aplicar sanciones de máxima gravedad. Según la presentación, la posibilidad de perder un permiso sin un procedimiento adecuado vulnera garantías básicas como el debido proceso y la defensa en juicio.
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En términos económicos, la demanda plantea que la caducidad de una licencia equivale a la desaparición de la empresa. La pérdida del permiso implica detener la actividad, afectar contratos laborales y comprometer la viabilidad financiera del operador.
Otro eje fuerte del cuestionamiento es el posible carácter retroactivo de la ley. Los empresarios sostienen que las nuevas reglas se aplican sobre permisos otorgados bajo el régimen anterior, modificando condiciones ya establecidas y afectando derechos adquiridos.
El capítulo de “Ficha Limpia Pesquera” también genera resistencia. La normativa extiende las condiciones de idoneidad no solo a las empresas, sino también a socios, directores y otros integrantes, lo que, según el planteo, vulnera el principio de responsabilidad individual.
Además, se objeta que se puedan excluir operadores por condenas que no tengan relación con la actividad pesquera. Para los demandantes, ese criterio resulta desproporcionado y ajeno al objetivo de regulación del sector.
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