Trasladaron a la madre acusada del crimen de Ángel a Trelew por falta de lugar en comisarías
Policiales16/04/2026
REDACCIÓNLa mujer quedó alojada en Trelew tras un movimiento ordenado por la Justicia ante la falta de espacio para detenidas en Comodoro. Su pareja también cambió de lugar.
El sistema penitenciario provincial reacomodó a dos detenidos por un caso que conmociona a la región, pero la decisión no respondió a una instancia judicial de fondo sino a un problema concreto de infraestructura. Mariela Altamirano, imputada por el homicidio agravado de su hijo de 4 años, fue enviada al Instituto Penitenciario Provincial en Trelew para cumplir prisión preventiva, luego de permanecer en una comisaría de Rada Tilly.
La medida se ejecutó por orden del juez Alejandro Soñis, quien ya había dispuesto seis meses de prisión preventiva para la mujer y su pareja, Michel González. Sin embargo, el traslado no obedeció a un cambio en la situación procesal sino a una limitación operativa: la ausencia de cupos para mujeres detenidas en Comodoro Rivadavia.
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Desde el propio servicio penitenciario confirmaron el movimiento y explicaron que el sistema debió reorganizarse para garantizar el alojamiento. El jefe de la penitenciaría provincial, Gabriel Araujo, ratificó que el destino final de Altamirano es el pabellón femenino del IPP, donde permanecerá mientras avanza la causa.
El traslado también reconfiguró la situación de González, quien dejó la comisaría Mosconi y pasó a la Alcaidía Policial. Allí quedó alojado en una celda individual, en una decisión que apunta a reducir riesgos dentro del ámbito de detención, en un contexto donde el tipo de delito genera tensión entre internos.
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En ambos casos, las autoridades consideran la posibilidad de represalias, un factor que suele influir en las decisiones de alojamiento en hechos de alta sensibilidad social. La gravedad de la imputación condiciona la convivencia carcelaria y obliga a tomar medidas preventivas dentro de los establecimientos.
El expediente judicial sigue activo y suma elementos desde el hecho ocurrido el 5 de abril, mientras la Defensa Pública interviene en distintas instancias del proceso. De hecho, se indicó que los recientes movimientos en los lugares de detención también respondieron a planteos de esa área.
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La reubicación de los imputados expone una situación más amplia dentro del sistema penitenciario, donde la disponibilidad de espacios incide directamente en decisiones que, en otros contextos, quedarían limitadas al plano judicial. En este caso, la logística se impuso como variable determinante.
El dato más concreto que explicó el cambio fue señalado de forma directa por las autoridades: “falta de cupo”, una expresión que resume el motivo del traslado y que refleja las limitaciones estructurales en determinadas jurisdicciones.
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Mientras la causa continúa en etapa de investigación, la situación de ambos imputados se mantiene sin modificaciones en términos legales, pero con nuevas condiciones de alojamiento. El esquema actual deja planteado un límite operativo que podría volver a incidir en futuras decisiones.
La evolución del caso no solo dependerá de las pruebas que se incorporen al expediente, sino también de la capacidad del sistema para sostener las condiciones de detención en un contexto de alta exposición pública y presión institucional.
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