Para sostener el superávit, el Gobierno profundizó la poda sobre provincias, subsidios y salarios
Actualidad16/04/2026
REDACCIÓNEn marzo de 2026, la Casa Rosada ajustó más el gasto para conservar saldo positivo en medio de la caída de la recaudación. Solo quedaron afuera las universidades.
El superávit de marzo no apareció en las cuentas públicas como una consecuencia natural de la recuperación, sino como el resultado de una decisión política de profundizar el ajuste cuando la recaudación empezó a mostrar señales más débiles. Con menos recursos entrando al Estado, el Gobierno nacional resolvió recortar más para sostener el equilibrio fiscal y dejó esa prioridad por encima de cualquier alivio sobre áreas sensibles. La señal fue directa y también pública: “El ancla fiscal no se negocia”.
La poda no quedó encapsulada en una planilla del Ministerio de Economía, porque bajó de lleno sobre rubros que impactan en la vida diaria. El recorte alcanzó a salarios, jubilaciones, prestaciones sociales, subsidios y transferencias a las provincias, en un mes en el que el oficialismo eligió no abrir otra respuesta frente a la menor actividad económica. La única excepción explícita fueron las transferencias a las universidades, donde el Gobierno tuvo que cumplir con la ley vigente.
Ese movimiento fiscal se produjo en un contexto de menor recaudación, un punto que el Palacio de Hacienda adjudicó a la reducción de impuestos. Los recursos nacionales tuvieron en marzo una baja real de 4,5%, aunque el texto también marca que esa explicación oficial deja afuera el posible impacto del menor nivel de producción y consumo. Ahí aparece una de las tensiones más fuertes del momento: un Estado que recauda menos y que, en lugar de amortiguar el enfriamiento, vuelve a ajustar.
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La decisión de Luis Caputo fue endurecer todavía más el manejo de caja para llegar al resultado buscado. Esa política de contención tuvo consecuencias concretas y rápidas, entre ellas demoras en los recursos del PAMI, postergaciones en pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad y un freno en los subsidios al transporte que derivó en menos unidades en circulación y más problemas de traslado en el AMBA. El superávit, así, dejó de ser un dato aislado para transformarse en una secuencia de recortes con efectos palpables.
La presión también cayó con fuerza sobre las provincias, que recibieron menos fondos en un momento ya frágil para sus finanzas. Las transferencias corrientes se ubicaron en $112.509 millones y se desplomaron 56% en términos reales, un golpe que obligó a la Nación a auxiliar a 12 provincias a mediados de marzo mediante adelantos de coparticipación. Esa combinación muestra una escena particular: se restringen envíos y, al mismo tiempo, se termina asistiendo para evitar un desborde mayor.
Con todo ese esquema en marcha, el Ministerio de Economía informó que el Estado nacional cerró marzo con un saldo positivo de $484.789 millones. El resultado primario fue favorable en $930.284 millones, pero luego hubo que descontar pagos de deuda pública por $445.495 millones para llegar al número final. En paralelo, el Gobierno destacó que el superávit acumulado hasta marzo equivale al 0,2% del PBI, mientras que el primario alcanza el 0,5%, una referencia especialmente sensible por su relación con el acuerdo con el FMI.
Ese vínculo con el Fondo no es menor dentro de la lógica del ajuste. El texto señala que esta dinámica fue elogiada en el Staff Report que se conoció el miércoles y que esa valoración fue parte de la base para la aprobación de la segunda revisión y la próxima llegada de US$1.000 millones. En ese marco, el superávit no funciona solo como una bandera doméstica del mileísmo, sino también como una credencial de cumplimiento ante el organismo.
Los números de ingresos y gastos muestran con claridad el tipo de equilibrio que eligió construir el Gobierno. En términos absolutos, los ingresos totales del sector público nacional fueron de $11.841.367 millones, con una suba interanual nominal del 25%, pero con una caída real del 5,3%. Los gastos primarios llegaron a $10.911.083 millones y también cayeron 5,3%, una sincronía que deja ver que el recorte fue calibrado para acompañar la retracción de recursos sin resignar el saldo positivo.
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En el detalle de las partidas aparece con más nitidez el costo social de esa decisión. Las prestaciones socialesascendieron a $8.054.193 millones y allí se aplicó un recorte del 3,2%; los subsidios cayeron 50% hasta los $258.209 millones; los gastos de funcionamiento, donde los salarios pesan fuerte, bajaron 8,8% hasta $1.735.626 millones. A eso se sumó una caída del 20% en el resto de los gastos corrientes y del 30% en los gastos de capital, una poda generalizada que alcanzó casi todo el presupuesto.
La única partida que escapó a esa lógica fue la universitaria. En marzo, las universidades recibieron $369.370 millones, frente a apenas $32.176 millones enviados un año antes, una diferencia que el texto atribuye de manera directa al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En un mes de tijera amplia, ese dato quedó como la excepción que confirma la regla.
Pero el equilibrio de marzo no parece cerrar una etapa, sino abrir otra todavía más exigente. El propio texto indica que los ministros deberán presentar antes del 30 de abril un nuevo recorte de entre 20% y 25% en sus presupuestos, en línea con lo ya planteado en el Presupuesto 2026 para escenarios de caída de ingresos. El mensaje final del Gobierno no es que el ajuste llegó a su techo, sino que el superávit seguirá siendo defendido incluso si para sostenerlo hay que recortar otra vez donde el Estado todavía gasta.
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