Investigan un esquema con universidades para manejar fotomultas y desviar fondos públicos
Policiales16/04/2026
REDACCIÓNLa denuncia judicial describe un circuito que evitaba licitaciones y concentraba la recaudación en empresas privadas, con sospechas de coimas.
Un circuito de convenios y subcontrataciones quedó bajo la lupa de la justicia federal por su presunto uso para canalizar fondos y evitar controles. El fiscal Guillermo Marijuan impulsó una denuncia por lavado de dinero y pago de coimas vinculada al sistema de fotomultas en distintos municipios.
La presentación judicial apunta al empresario Leandro Camani y al ministro bonaerense Martín Marinucci, a quienes se vincula con una estructura que habría operado mediante acuerdos con universidades públicas. El objetivo, según el dictamen, era esquivar procesos de licitación y concentrar el manejo de la recaudación.
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El expediente tiene origen en una investigación preliminar iniciada en enero, donde se detalla un mecanismo en el que firmas como Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A. firmaban convenios con instituciones académicas. Esos acuerdos habilitaban luego la participación de terceros sin competencia abierta.
En ese esquema, la Universidad Nacional de San Martín y su fundación FUNINTEC aparecen como intermediarias. Los municipios firmaban convenios de asistencia técnica con la universidad, que delegaba la operatoria en la fundación, la cual terminaba contratando a las empresas vinculadas al empresario investigado.
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El reparto de fondos constituye uno de los puntos centrales del análisis judicial. Según el fiscal, el 70% de lo recaudado quedaba en manos de la estructura universidad-empresa y el 30% en los municipios, una proporción que permitiría desviar montos millonarios.
Como referencia, se menciona el caso de La Matanza, donde se habrían transferido más de 3.758 millones de pesos a FUNINTEC entre enero y septiembre de 2024. Este tipo de operaciones refuerza la hipótesis de un circuito financiero con escasos controles.
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El dictamen también describe mecanismos de facturación que incluirían empresas fantasma y monotributistas. Según la denuncia, ese entramado se utilizaría para canalizar pagos ilegales a funcionarios a través de operaciones simuladas.
En el escrito se señala de manera explícita el objetivo del esquema: “lavar dinero para poder pagarles coimas a los funcionarios públicos”, en función del control de la recaudación de multas en diferentes jurisdicciones.
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La investigación menciona además una posible participación de funcionarios de organismos nacionales y provinciales, entre ellos áreas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Transporte. En ese contexto, se identifica a Camani como presunto organizador de la maniobra junto a otras personas.
El fiscal también solicitó medidas de prueba para avanzar en la causa. Entre ellas figuran pedidos de informes patrimoniales a la ARCA, requerimientos a la UIF y la posibilidad de realizar allanamientos en la universidad y su fundación para obtener documentación.
El expediente podría integrarse con otras causas en trámite que investigan irregularidades en al menos once municipios. Este posible cruce de expedientes amplía el alcance del caso y deja planteado un escenario judicial en expansión.
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