A los hijos de Lázado Báez: ARCA fue por cuentas en Bahamas antes de que se cayera una deuda millonaria

Actualidad17/04/2026

La denuncia contra Martín y Leandro Báez se activó sobre el ejercicio 2019, con más de $500 millones reclamados y fondos no declarados en el exterior.

El movimiento más delicado de esta historia no quedó en las cuentas offshore, sino en el reloj. ARCA empujó denuncias penales contra Martín y Leandro Báez por una presunta evasión vinculada al año fiscal 2019, con un reclamo superior a los 500 millones de pesos, porque ese tramo de la deuda estaba en riesgo de prescribir. La investigación quedó radicada en el juzgado federal de Río Gallegos y expone una maniobra que, según la documentación citada en la fuente, incluyó dinero no declarado en Bahamas.

La denuncia se dividió en dos expedientes, uno para cada hermano, y parte de montos separados que luego forman una cifra mayor. A Leandro Báez le atribuyen una deuda de al menos 252 millones de pesos por Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, mientras que a Martín Báez le endilgan unos 256 millones por los mismos tributos. La suma funciona, además, como una primera foto de un problema que la propia fuente presenta como más amplio que ese solo período fiscal.

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El punto que aceleró la presentación judicial fue la detección de dos cuentas bancarias no declaradas ante el fisco, identificadas con las numeraciones 590201 y 590207 en CBH Bahamas Limited, una entidad con sede en Nassau vinculada al banco suizo CBH Compagnie Bancaire Helvétique. Allí había depositados en 2019 poco menos de 2,3 millones de francos suizos, cifra que en la fuente aparece traducida como el equivalente a 2,6 millones de dólares. Ese dato es el que empalma la denuncia tributaria con una arquitectura financiera externa que, según el expediente, nunca fue informada como correspondía.

Las cuentas, siempre de acuerdo con el material aportado, habían sido abiertas en 2015 y eran manejadas tanto por Martín como por Leandro Báez. También tenían como pantalla a la offshore Eastern Shoreline Limited, mencionada en la fuente como vehículo por donde Lázaro Báez movió más de 10 millones de dólares desde la Argentina hacia Suiza y el Caribe. La historia financiera de esos fondos, por lo tanto, no aparece aislada de antecedentes anteriores y ya conocidos en la investigación por lavado.

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Ese cruce con otras causas también explica por qué esas cuentas ya figuraban en expedientes previos. La existencia de los depósitos en Bahamas había sido aportada por la UIF en la causa de la Ruta del Dinero K, donde funcionaron como prueba para condenar a integrantes del clan Báez por lavado de dinero. Sobre esos fondos, además, existió un pedido de decomiso como parte de los 60 millones de dólares que el Estado reclama por ese circuito delictivo.

Lo que cambió ahora fue la lectura fiscal de ese mismo material y, sobre todo, la necesidad de actuar antes de que el expediente perdiera fuerza penal por el paso del tiempo. La fuente sostiene que ARCA detectó que en 2019, durante la gestión de Leandro Cuccioli en la entonces AFIP, se había omitido el reclamo tributario. A partir de esa omisión y con la prescripción acechando, el organismo reconstruyó documentación mediante el sistema internacional MCAA impulsado por la OCDE y formalizó la denuncia el 16 de marzo en los tribunales de Santa Cruz.

La investigación no avanzó, según la fuente, sobre un terreno administrativo despejado. El texto describe dificultades internas en el organismo recaudador, menciona antecedentes de inacción y ubica a la ex AFIP dentro de una estructura atravesada por disputas y cuadros alineados con el kirchnerismo. En ese marco aparecen referencias a Virginia García, ex cuñada de Máximo Kirchner, y a movimientos de funcionarios en áreas sensibles de ARCA y de la DGI, especialmente en dependencias de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia.

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A eso se sumó, siempre según la presentación de los abogados del organismo, una conducta obstructiva atribuida a uno de los investigados. En el expediente abierto contra Leandro Báez, ARCA sostuvo: “El contribuyente adoptó una actitud de resistencia frente al accionar del ente recaudador, quien ejerciendo legítimamente sus facultades de verificación intentó a través de la inspección conocer con mayor grado de certeza su situación tributaria”. Luego agregó otra frase relevante para el expediente: “En primer término, decidió no responder el requerimiento cursado. Luego de la reiteración del mismo, manifestó expresamente desconocer las cuentas informadas por (la Dirección de) Fiscalidad Internacional”.

La acusación fiscal va un paso más allá de la simple omisión declarativa. En otro tramo citado en la fuente, ARCA afirma que “Estos depósitos han permitido que el responsable genere rentas y obtenga un incremento patrimonial injustificado del que no se tuvo conocimiento durante un prolongado período de tiempo”. Esa formulación ayuda a entender por qué el expediente por 2019 podría abrir la puerta a reclamos por ejercicios posteriores, hasta el momento en que esos fondos no declarados hayan sido efectivamente decomisados.