Hotesur y Los Sauces sumó otra pulseada por un juicio que sigue sin fecha

El fiscal Diego Velasco fue a Casación para forzar la fijación del debate contra Cristina y Máximo Kirchner y denunció una maniobra irregular del TOF 5.

La causa Hotesur-Los Sauces volvió a moverse este sábado, pero no por el inicio del juicio oral sino por una nueva pelea alrededor de su demora. El fiscal general Diego Velasco recurrió a la Cámara Federal de Casación Penal para reclamar que se fije de manera urgente la fecha del debate oral contra Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, en un expediente que ya atravesó reaperturas, sobreseimientos revocados y años de instrucción suplementaria sin lograr todavía el paso decisivo hacia el juicio. El expediente, en lugar de entrar a la etapa oral, quedó otra vez empantanado en una discusión procesal sobre tiempos, pericias y validez de las decisiones del tribunal.

El nuevo planteo del fiscal apunta directamente contra el Tribunal Oral Federal 5, que rechazó poner fecha de inicio hasta que concluya un peritaje contable aún en elaboración. Ese estudio busca determinar si hubo correlación entre el dinero recibido por Lázaro Báez y Cristóbal López a partir de contratos y negocios durante el kirchnerismo, y las transferencias que terminaron en empresas de la familia Kirchner a través de alquileres de Los Sauces o contrataciones hoteleras de Hotesur. El nudo del conflicto ya no pasa por si habrá juicio, porque ese punto quedó firme, sino por cuánto tiempo más puede seguir postergándose su comienzo real.

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Velasco decidió llevar la disputa a Casación con un tono mucho más agresivo que el de una simple apelación técnica. En su escrito, según reconstruyó La Nación, habló de una trama de “rituales dilatorios” y de “maniobras burocráticas” que impiden el avance de una causa de enorme repercusión institucional. En ese marco, el fiscal sostuvo que la resolución del tribunal fue “irregular” y constitutiva de un “fraude a la ley”, una acusación que elevó el voltaje del expediente y colocó la discusión en un plano mucho más severo que el de una diferencia interpretativa entre partes.

El punto más áspero de la presentación se concentra en cómo se tomó la decisión dentro del TOF 5. Velasco cuestionó que el rechazo se hubiera firmado un día antes del regreso de la jueza Adriana Palliotti de una licencia, con intervención del presidente del tribunal, José Michilini, y del juez Fernando Machado Pelloni. De acuerdo con el planteo fiscal, esa aceleración puntual resultó sospechosa precisamente porque chocó con la lentitud general que la propia jurisdicción viene exhibiendo desde hace años en esta misma causa.

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La queja del fiscal no se limita a pedir que el juicio arranque mañana mismo. En el texto que presentó aclaró que “la premura de esta Fiscalía General no está puesta en que se inicie el debate, sino tan sólo que se fije su fecha de celebración”, contemplando un margen razonable para que terminen las medidas pendientes o estén cerca de concluir. Esa precisión importa porque busca desarmar el argumento del tribunal según el cual fijar fecha ahora podría comprometer garantías o habilitar nulidades futuras.

La defensa del TOF 5, en cambio, se apoya en el criterio opuesto. Los jueces entienden que el Código Procesal los obliga a arrancar el juicio una vez terminada la prueba suplementaria y que hacerlo antes podría poner “eventualmente en riesgo la validez de las actuaciones” y abrir una cadena de planteos defensivos. Esa lógica, sin embargo, es justamente la que Velasco cuestiona cuando afirma que la reverencia formal a la letra del procedimiento terminó funcionando como un obstáculo para llegar al debate público.

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La pelea actual se monta sobre una causa que ya acumula una historia judicial demasiado extensa para el volumen político que tiene. La Corte Suprema dejó firme en diciembre de 2024 la revocación de los sobreseimientos y ordenó que se realice el juicio oral, de modo que desde entonces el expediente debía encaminarse a esa instancia. Sin embargo, el proceso siguió atravesado por cambios en la integración del tribunal, discusiones sobre querellas, pericias pendientes y nuevas controversias que mantuvieron el debate oral fuera del calendario.

Velasco usó precisamente esa acumulación para endurecer su argumento. En su escrito sostuvo que la instrucción suplementaria ya lleva entre seis y siete años y que superó “todos los límites de la razonabilidad y la paciencia institucional”, además de advertir que “esperar a que la última pericia contable esté perfecta, luego de siete años de dilaciones, no es garantía procesal, es denegación de justicia”. Esa frase concentra el verdadero fondo del reclamo: la fiscalía dejó de discutir sólo un trámite y pasó a denunciar que la demora misma ya se convirtió en un daño institucional.

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El fiscal también intentó mostrar que la decisión del tribunal no fue inevitable ni uniforme dentro de la propia práctica judicial. Según recordó, esos mismos magistrados fijaron fecha de debate en otras causas complejas sin esperar el cierre completo de pruebas preliminares, entre ellas expedientes ligados al FIFA Gate, al contrabando de cocaína, a la trata de personas y a Oil Combustibles. Con esa comparación, la fiscalía busca instalar que el problema en Hotesur-Los Sauces no reside en una regla abstracta del procedimiento, sino en una vara distinta aplicada a un caso de altísima sensibilidad política.

La decisión ahora quedó en manos de la Sala I de Casación, que en los últimos días ya intervino en otra derivación del mismo expediente al rechazar un pedido de Cristina Kirchner para apartar a la UIF como querellante. Esa doble intervención muestra que la causa volvió a subir varios escalones dentro del sistema penal federal, pero todavía sin resolver la pregunta central que la persigue desde hace años: cuándo se sentarán efectivamente los acusados frente a un tribunal para el debate oral y público. Mientras esa fecha siga ausente, cada nuevo movimiento en Hotesur-Los Sauces seguirá pareciendo menos un avance de fondo que otra batalla en torno de una demora que ya se volvió protagonista.

Fuente: LA NACION, Infobae.