Chapadmalal tiene diez días para desalojar viviendas antes de la concesión
Turismo18/04/2026
REDACCIÓNLa intimación a 50 residentes del complejo acelera el giro oficial sobre el emblema del turismo social y despeja el terreno para una concesión privada.
Cincuenta personas que viven en la Unidad Turística de Chapadmalal recibieron una intimación para abandonar las viviendas en diez días corridos, una decisión que convierte en urgencia habitacional lo que hasta hace poco era una discusión sobre el destino del predio. El movimiento del Gobierno no se limita a una cuestión administrativa sobre ocupación de pabellones: funciona como un paso operativo previo para liberar un complejo histórico que la Casa Rosada ya decidió reconvertir. El cambio pega sobre trabajadores y familiares que, según la reconstrucción publicada este sábado, habitan el lugar desde hace años.
La medida cae sobre un predio cargado de historia política, social y simbólica. Chapadmalal nació como pieza central del turismo social estatal y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013, una condición que protege su valor patrimonial y condiciona cualquier intervención futura sobre el inmueble. Esa doble condición explica por qué la noticia no puede leerse sólo como un desalojo: lo que está en discusión también es qué uso tendrá uno de los espacios más reconocibles de la democratización del descanso en la Argentina.
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El giro oficial ya tenía antecedentes visibles desde el año pasado. La Nación consignó que Daniel Scioli transfirió a la AABE las unidades turísticas de Chapadmalal para que definiera su destino final y declaró la “innecesaridad” del complejo, en el marco de una revisión más amplia del esquema de turismo social. Ese movimiento sacó al predio de la órbita clásica de gestión turística y lo puso dentro del circuito de administración patrimonial del Estado, donde la prioridad dejó de ser la prestación del servicio y pasó a ser la redefinición del activo.
El anuncio político más claro llegó a fines de marzo y ordenó el resto de la secuencia. Manuel Adorni confirmó que el Gobierno avanzará con una concesión por 30 años para “atraer inversión privada que restaure y eleve su calidad” y para que el complejo “pase finalmente a estar al servicio de la gente” reduciendo al mismo tiempo el costo de mantenimiento estatal. Esa definición convierte la intimación de esta semana en algo más que una disputa por viviendas: aparece como el movimiento necesario para dejar el predio limpio de usos residenciales asociados al viejo esquema y empujar su reconversión.
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La escala humana del conflicto, sin embargo, obliga a mirar bastante más abajo que la retórica oficial. Según la reconstrucción de La Nación, son 30 empleados y 20 personas sin vínculo laboral directo los que quedaron alcanzados por las intimaciones, mientras que Infobae recogió la voz de una delegada sindical que habló de más de 30 familias afectadas. Ahí se abre la zona más áspera del caso: para el Gobierno y para la AABE el problema sería una ocupación irregular de viviendas; para los trabajadores, esas casas forman parte de una relación laboral y de una permanencia de décadas en el predio.
La disputa también deja ver dos lenguajes completamente distintos sobre el mismo hecho. Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE citada por Infobae, sostuvo: “Recibimos un acta para que en 10 días dejemos las viviendas y nos tratan de intrusos” y remarcó que esos espacios fueron entregados por el Estado en el marco del trabajo. Del otro lado, las fuentes citadas por La Nación hablan de familiares de empleados cuya permanencia habría motivado la decisión oficial, una formulación que recorta el problema a la irregularidad dominial y le quita espesor social al impacto concreto de la medida.
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La historia material del complejo vuelve todavía más sensible ese contrapunto. El decreto que lo protege recuerda que Chapadmalal fue impulsado desde 1945 sobre tierras fiscales y otras expropiadas, que abrió formalmente en 1950 y que fue concebido para garantizar vacaciones accesibles a trabajadores y familias con pocos recursos. El predio quedó conformado por nueve hoteles, diecinueve bungalows y una red de servicios comunes que incluía capilla, cine-teatro, administración y espacios recreativos, todo pensado para una escala masiva que durante décadas marcó una idea concreta de inclusión social.
Ese pasado no elimina el deterioro ni las discusiones sobre su mantenimiento, pero sí cambia la lectura del presente. El mismo material oficial sobre el monumento histórico recuerda que en cada quincena llegaban entre 4.000 y 5.000 personas para vacacionar gratuitamente, un dato que ayuda a medir la dimensión del modelo que ahora se desarma. Por eso el debate ya no gira sólo alrededor de si el Estado administra bien o mal un hotel, sino sobre si un patrimonio construido para el turismo social puede reconvertirse en un activo concesionado sin alterar su sentido histórico más profundo.
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La intimación de diez días, en ese contexto, tiene un efecto político bastante más grande que el del trámite en sí. Corre a quienes todavía viven allí, acelera el cierre de la etapa residual del uso estatal del predio y deja a Chapadmalal más cerca del formato que el Gobierno ya eligió para su futuro. Lo que queda abierto ahora no es sólo la respuesta judicial o gremial de los trabajadores, sino también hasta dónde puede avanzarse sobre un emblema del turismo social sin que el cambio de uso termine alterando, junto con las viviendas, la memoria pública del lugar.
Fuente: LA NACION.
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